Justificó esa decisión en las inversiones realizadas en genética y en la misma producción que requiere alimentación y atención sanitaria, entre otros gastos, para una actividad que en la mayoría de los casos es mantenida por generaciones de familias ganaderas en el campo uruguayo.
“Es enorme la problemática que causa la superpoblación canina”, pero “no podemos pensar que vamos a estar ni reeditando la vieja perrera, que tanta mala fama generó en el pasado, ni a los tiros en la vía pública o en los centros urbanos para tratar de eliminar aquellos animales que están sueltos causando perjuicios a la sociedad”. Así lo aseguró el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, al comparecer a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados el martes 7 de junio.
El objetivo de esa reunión fue tratar el proyecto de ley denominado Daños Provocados por Jaurías de Perros a la Producción Nacional, presentado por los diputados de Cabildo Abierto Rafael Menéndez y Martín Sodano en febrero de este año en el Parlamento.
La iniciativa tiene el objetivo de “evitar perjuicios hacia personas u otros animales” y “establece la obligación a propietarios y tenedores de perros que no estén castrados y chipeados de mantener a estos en condiciones que impidan su salida del predio durante el período comprendido entre la puesta y la salida del sol”.
“Los propietarios de perros que habiten en zonas rurales que castren e identifiquen mediante chip a sus animales a partir de la promulgación de la presente ley estarán exentos del pago de la patente anual de perros, de los que presenten dicha condición”, establece.
Dispone que los propietarios o tenedores de perros a los cuales se los identifique como causantes de daños a otros animales de producción estarán obligados a una indemnización equivalente a 10 veces el valor del animal muerto o herido a causa de los daños infringidos.
El valor de referencia será el establecido por la última publicación de la Asociación de Consignatarios de Ganado del mes donde se produjo el daño, según ese proyecto. Consigna que “si los animales objetos de las mordeduras fueran de pedigree, su valor lo determinará el mercado en la comercialización de animales de similar condición”.
“Los propietarios o tenedores de perros que incumplan con lo establecido en la presente ley serán pasibles de multas que irán de 5 (7.170 pesos) a 100 (1,4 millones de pesos) unidades reajustables (UR) por animal en infracción, cuyo monto será administrado por el INBA y destinado al programa de fortalecimiento de albergues”, determina.
Conciliación, puentes y grietas
Basándose en algunos comentarios, más allá de un estudio de cuantificación canina encargado por el MGAP en 2017 que reveló 1,7 millones de perros, Mattos comentó que en Uruguay hay unos 2 millones de perros registrados.
“El año pasado se pagaron 18.000 patentes”, lo que “es un instrumento que ya caducó, que no tiene efecto ni sentido”, dijo.
Y consideró: “Que estemos pagando patente el 1%, tal vez, de los tenedores de perros hace que el instrumento pierda bastante sentido, (ya que) ha caído en desuso y tenemos que tratar de recuperarlo a través de su relanzamiento o sustitución”.
Hay “una problemática enorme en los centros urbanos, en los locales destinados a deposición de residuos, donde nadie se hace responsable de los perros que están allí, en algunos casos, decenas o centenas de perros”, se lamentó. Reconoció que se trata de “una población descontrolada, (porque) no hay control sanitario ni de comportamiento”.
“Todos los días estamos teniendo problemas crecientes de convivencia en el ámbito social: accidentes de gente que se traslada en moto; ataques de perros a personas; su reproducción sin control alguno; perros que vagan por ahí”, planteó.
Para el titular del MGAP, la propuesta del proyecto de ley en cuestión “va al encuentro de abarcar más los temas en el ámbito rural”.
“Hay varias propuestas que pueden ser de suma utilidad, pero, a nuestro criterio, deberíamos pensar en algo mucho más abarcativo, que contemple todas las áreas de acción y de problemática que se generan con el tema de los perros”, sugirió Mattos.
Aseguró que el Poder Ejecutivo está dando “un paso importante, que es avanzar firmemente”. “Ahora sí las intendencias han acelerado el proceso de castración y chipeado”, valoró.
Admitió que “se dice y con razón que esto no va a resolver el tema a corto plazo” porque “es evidente que no lo va a resolver”.
Mattos confesó a los legisladores presentes en esa comisión que él “era bastante escéptico con respecto al Instituto Nacional de Bienestar Animal, previamente a estar en el Poder Ejecutivo”.
“¿Para qué nos vamos a traer un problema?, si ya tenemos muchos problemas en ganadería como para traernos la problemática del bienestar animal”, contó que en su momento pensaba al respecto.
Opinó que en este asunto “tienen que convivir esas dos visiones: una visión de la producción y otra que intenta proteger el bienestar animal con una visión más urbana”.
“No es que eso no se aplique en el área de la producción; nosotros en materia de bienestar animal venimos trabajando hace muchísimo tiempo y muy bien”, dijo. Y acotó: “Pero es una visión distinta a cuando estamos hablando de animales de compañía”.
Hay que tratar de crear “instrumentos de conciliación y de no generar un nuevo factor de irritación del campo contra la ciudad, o la ciudad contra el campo, con visiones antagónicas, porque todos en una misma sociedad debemos tender puentes”, propuso.
Si bien fue enfático al reconocer que “la urgencia y la expectativa provocan presiones sobre los resultados inmediatos”, el ministro de Ganadería argumentó que “no hay magia” para resolver el problema en tratamiento y que es preciso “apuntar a la contención de la superpoblación canina”.
“Luego, instrumentar el sistema de albergues a nivel nacional para después partir hacia lo más necesario ahora, que es la captura de esos animales que están generando daño y afectación a los sistemas de producción, inclusive, problemas de convivencia social en las ciudades”, señaló.
Adelantó que “solamente podremos salir a capturar (perros) en la medida en que tengamos albergues donde dejarlos, si no, ¿qué hacemos?”.
“Porque para el animal que causa un daño está el Código Rural, que ampara” su “eliminación” si eventualmente causa “un daño en el establecimiento agropecuario”, recordó.
Consideró que “este es un tema en el que tenemos que dar los debidos mensajes, con firmeza, con trabajo”.
El MGAP y el Poder Ejecutivo están invirtiendo “sumas muy importantes de dinero en todo lo referente a la identificación y la castración”, sostuvo. Estimó que este año se logrará la identificación de unos 100.000 canes y que “la meta es llegar a más de 30.000 castraciones”. “La solución del problema de la superpoblación canina va a llevar bastante tiempo”, enfatizó.
Mattos recalcó que “la expectativa que recae sobre el Ministerio y el INBA es gigantesca”. “Esto no tiene soluciones fáciles, no lo vamos a solucionar con una medida, ni con una acción ni con una ley; este es un problema transversal a distintos actores de la sociedad que debe involucrar a todos los poderes del Estado, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos locales”, planteó.
Otra de las autoridades del MGAP que habló sobre el asunto en esa comisión fue la directora general, Fernanda Maldonado.
Los perros “no pueden continuar todos en la vía pública, habrá que abordar a algunas poblaciones antes que a otras: las que están en las puertas de los hospitales, las que están en los centros educativos, las que están en las puertas de los supermercados, las que están en las plazas”, adelantó.
Justificó esa decisión en que “llueven las denuncias” en el INBA y cuando asumió la actual administración “había más de 8.000 denuncias sin procesar”. “Hoy nos estamos poniendo al día con eso”, acotó.
Comentó: “Esas serán las primeras poblaciones que tendremos que reubicar”. “Por eso hay camionetas y camiones que se están adquiriendo por parte del Instituto Nacional de Bienestar Animal”, indicó.
Maldonado contó que el MGAP pidió “un esfuerzo adicional” a ese organismo “para que acelere el proceso de los albergues y la captura de los perros” con el objetivo de “dar señales a la sociedad y echar a andar todo” este asunto.
El Sistema Nacional de Albergues hoy “está en manos del sector privado, y nosotros como Estado aún no le podemos dar recursos directamente desde el gobierno central, pero sí, por suerte, están recibiendo el apoyo diría que de la totalidad de los gobiernos departamentales”, explicó.
Contó que el MGAP está “en conversaciones con OSE, con UTE, con varios organismos que pueden suministrar algunos servicios que las ONG van a necesitar” en los albergues.
En tanto, la presidenta del INBA, Marcia del Campo, afirmó que en ese organismo no pretenden “encontrar la solución con 120.000 castraciones”. Esto es “muy importante aclarar, porque veo que hay confusión: creen que con 130.000 castraciones se pretende solucionar”, dijo.
En alusión a un monto presupuestado para financiar las castraciones, esa jerarca aclaró que el propósito es “ayudar al que no puede, y el que puede, por ley y por decreto reglamentario, tiene que ir por su cuenta y pagar”.
La castración y el chipeo “no son una política aislada”, sino que “hay una combinación de políticas”, sostuvo.
Y resaltó la apuesta a la “educación y a la sensibilización”, porque “este es un tema cultural” en el que está involucrada “la idiosincrasia del uruguayo por no tener la conciencia de la responsabilidad social que implica tener un perro, echarlo en cría y regalar”.
“Todo eso, que quizás no sabemos, lleva a que con una acción muy inocente se está contribuyendo a la superpoblación canina”, argumentó. Enfatizó que “el trabajo de educación y sensibilización sí es de mediano y largo plazo”.
Otro aspecto que produjo polémica entre productores rurales y organizaciones animalistas, entre otros actores de la sociedad, es el vinculado a las medidas a adoptar con los perros sueltos o que atacan a otros animales y personas.
“Vengo del agro y condeno fuertemente esos actos violentos; se puede dar fin a la vida de un animal de otra forma”, opinó del Campo.
Consideró que “como sociedad tenemos la obligación de encarar el tema de la violencia en forma integral, porque está demostrado en todas las sociedades, en toda la evolución de las sociedades, desarrolladas y que ya han transitado este camino, que la violencia es una y que la violencia interespecífica está muy relacionada con la violencia intraespecífica”.
“Hoy tenemos herramientas para condenar esos actos violentos, porque se imaginarán cómo ingresan las denuncias cuando hay un acto de esta naturaleza, de ese nivel de violencia exacerbada, que hiere la fibra más íntima y la sensibilidad del ser humano, venga del sector que venga”, señaló.
Del Campo hizo hincapié en que “no tenés que ser animalista para estar sensible ante un acto de violencia tan grande”.
“Esto no aumenta la grieta, porque esto afecta a toda la sociedad y es el momento de encarar el tema en forma integral como sociedad, mucho más allá del agro”, agregó.
En relación con ese debate, el subsecretario de Ganadería, Ignacio Buffa, resumió su postura ante los legisladores al plantear que en lugar de continuar con el “cacareo de gallos”, respecto a que “hay que matarlo, que no hay que matarlo” al perro, lo que es necesario es “resolver el problema”.
