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Después de casi 17 años, la Cámara de Representantes volverá a hacer un llamado grande para contratar unos 47 nuevos funcionarios que cubran parte de las vacantes que tiene la administración en la actualidad y, al mismo tiempo, reducir el promedio de edad de sus trabajadores, que supera los 51 años.
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La decisión de la administración está incluida en el Presupuesto de Secretaria que es objeto de análisis por la comisión de Presupuesto integrada con la de Asuntos Internos. El proyecto deberá ser aprobado en la Cámara el próximo martes 31 en una sesión extraordinaria.
Actualmente la Cámara de Diputados tiene 307 funcionarios y 88 vacantes producto de jubilaciones, renuncias, fallecimientos y retiros incentivados. En 1999 ingresaron dos funcionarios nuevos, pero un llamado de esta magnitud no se realiza desde 1995, explicaron a Búsqueda varias fuentes de la administración del Parlamento. La crisis económica que vivió Uruguay en los años posteriores fue el argumento principal para demorar los ingresos.
El presidente de la Cámara, Jorge Orrico (Asamblea Uruguay), dijo a Búsqueda que el presupuesto es “muy discreto” y que el aumento del gasto “es mínimo”. El fin es lograr potenciar los recursos humanos de la estructura administrativa y adecuar la escala de grados de los distintos escalafones, indicó.
“Se trata de un presupuesto austero, porque crea cargos mediante la transformación de otros, y que son financiados por las vacantes existentes en el mismo escalafón”, se detalla en la exposición de motivos del proyecto.
Los nuevos cargos a llenar son hasta 47 en los diferentes escalafones, con sueldos básicos que van desde los $ 22.171 hasta uno de $ 47.032, que corresponde a un auditor “I” del escalafón “A”.
Antes de hacerse el llamado para el ingreso de nuevos funcionarios se realizará uno de carácter interno para permitir que aquellos empleados que pretendan subir de escalafón lo puedan hacer por concurso. De igual forma, luego esas nuevas vacantes se completarán con personal nuevo, con el fin de reducir el promedio de edad del personal. El funcionario administrativo más joven en la actualidad es una mujer que este año cumple 40 años de edad y el promedio general es de 51, que para Orrico es “muy alto”.
Por otro lado, fuentes parlamentarias comentaron a Búsqueda que se prevé autorizar nuevos llamados para ingresos de más funcionarios, porque el número de vacantes aún es amplio. Con los 47 nuevos empleados que se autorizarán quedará otra tanda similar para el próximo año con el fin de completar los casi 400 funcionarios presupuestados.
Las autoridades de la Cámara dijeron que están atrasados con esta tarea y por eso han agilizado los proceso para permitir mejorar sus recursos humanos. En la Cámara de Senadores el recambio e ingreso de nuevos trabajadores se ha retomado desde hace un par de años. Allí también se había suspendido el ingreso de empleados desde 1999, cuando la recesión comenzó a afirmarse como preámbulo de la crisis posterior del 2002.
La iniciativa también implica una prórroga por un año del régimen de retiro incentivado de aquellos funcionarios con más de 64 años de edad. Sin embargo, solo siete de ellos están en estas condiciones y aún no han manifestado su interés en ampararse a este beneficio.
Inconstitucional.
El debate del presupuesto se ha extendido porque la Asociación de Funcionarios de la Cámara de Representantes (Afucar) reclamó que se modifique el artículo primero del proyecto, donde se establecen los nuevos escalafones. Para la agrupación ese punto es inconstitucional.
El gremio dice que se rompe con el principio de “a igual función igual salario”. En la escala se plantean subescalafones con diferentes salarios. Esto ha llevado a largas negociaciones con los legisladores que integran la comisión y ayer miércoles 25 los diputados oficialistas recibieron una propuesta de modificación que será estudiada hoy jueves. En paralelo se produjeron discrepancias por los procedimientos empleados en concursos internos.
Los funcionarios que se sintieron perjudicados por este tema presentaron un recurso de revocación ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). A pesar de ello la administración de la Cámara tomó la decisión de hacer un nuevo llamado a concurso para estos funcionarios, con el fin de subsanar el problema.
Por otro lado, un grupo de más de 100 funcionarios legislativos mantienen un juicio con la Cámara de Representantes por “reparatoria patrimonial”, sobre la base de que fueron relegados en la carrera administrativa cuando se les impidió concursar en años anteriores. El monto total reclamado es de aproximadamente $ 100 millones (unos U$S 5 millones). El abogado que los representa, Daniel Gutiérrez, explicó a Búsqueda que el proceso se inició a principios de año y está en la “mitad del camino”. En agosto está previsto que concurran a declarar varios funcionarios para retomar las investigaciones.
