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    Preparan ajustes a la renta previsional por el régimen de AFAP

    Próximo a la avalancha de jubilaciones por las AFAP que se espera para los siguientes años, el Banco Central (BCU) comunicó al Banco de Seguros del Estado (BSE) —la única compañía que actualmente ofrece las pólizas de renta de vida— que introducirá algunos ajustes al sistema. Las tablas de mortalidad, a partir de las cuales se determina el monto de la prestación, pasarán a ser “dinámicas” y se actualizarán anualmente. También evalúa eliminar aquellas que fijan un monto mínimo a pagar al individuo que se retira en función del sexo, edad y ahorro acumulado en el pilar individual, entre otros aspectos.

    Esos y otros cambios fueron informados por el regulador en respuesta a expresiones de preocupación surgidas desde el BSE.

    El vicepresidente de la aseguradora estatal, Guillermo Porras, señaló a Búsqueda que las medidas anunciadas por el BCU “no son suficientes” pues “no son las únicas” que se necesitan para “ir generando un sistema más saneado y solvente”, aunque valoró que de a poco se logran avances.

    “En el largo plazo el sistema, probablemente, esté razonablemente bien estructurado, pero fue diseñado hace 20 años y cuando está empezando a madurar requiere ajustes. (…) En el corto plazo tenemos que lograr que los números del balance sean razonables”, opinó.

    Informó que hasta junio las finanzas del BSE estaban en “equilibrio” y se espera que esa situación se mantenga al cerrar el año puesto que el crecimiento de las pólizas previsionales derivadas del régimen de AFAP avanza “suavemente”. Sin embargo, afirmó que el resultado técnico del sistema previsional que en todo 2015 arrojó un déficit superior a U$S 35 millones, hasta junio perdió U$S 10 millones.

    “El banco es el más interesado en que se genere competencia, porque si vienen los competidores es porque el mercado funciona”, alegó.

    A mediados de julio el BSE había hecho llegar una nota al presidente del BCU, Mario Bergara, con un análisis de la situación de los seguros previsionales para advertir sobre el impacto en las finanzas de la aseguradora. Paralelamente, el director del BSE en representación del Partido Colorado, Fitzgerald Cantero, había dicho en Búsqueda que los seguros previsionales son una “espada de Damocles” para la institución (ver Nº 1.879).

    Un mes después de recibida la nota, Bergara convocó al presidente del BSE, Mario Castro, y a Porras, para transmitirles que se procuran soluciones, contaron a Búsqueda otras fuentes de la entidad. Luego, el 28 de setiembre, el BCU hizo una comunicación por escrito de las medidas que está considerando adoptar, indicaron.

    El análisis de esa respuesta del Central disparó una especie de “catarsis” entre los integrantes del Directorio del BSE, agregaron. Algunos entienden que revela falta de “conciencia” de la problemática que está planteada.

    Cantero evaluó que algunas respuestas dadas por el regulador “no son de recibo” cuando lo que tiene que hacer es “acelerar” mecanismos que dejen de “comprometer la situación” del banco. “La espada de Damocles sigue ahí, sobre nuestras cabezas”, graficó.

    Cambios.

    La nota del BCU informa que su Superintendencia de Servicios Financieros, junto con el Área de Investigaciones Económicas, trabajan en el diseño e implementación de acciones para atacar la “problemática” del régimen de jubilación por ahorro individual de cara a la maduración del sistema que se espera para los próximos años, confiaron las fuentes.

    Luego de haber acumulado aportes en una AFAP, al momento del retiro del trabajador el dinero ahorrado debe ser transferido a una compañía aseguradora para que pague la pasividad en la forma de póliza de renta previsional. Solo el BSE está ofreciendo ese tipo de seguros, desde que años atrás las compañías privadas salieron del mercado por entender que el negocio no era rentable.

    Sobre las tablas generales de mortalidad, el BCU informó que trabaja en adecuarlas para que reflejen de la mejor manera posible la expectativa de vida actual. Busca que eso sea un elemento más ajustado al momento del cálculo de la renta vitalicia, así como de las reservas técnicas que la Superintendencia fija a las aseguradoras para garantizar la “solvencia” de las mismas, informaron.

    Para Porras, el análisis técnico que hizo al respecto el BCU es “muy positivo”. Informó que la actualización, que estaría pronta antes de fin de 2016, implicaría correr, en promedio, dos años las edades fijadas en la tabla actual.

    Cantero dijo que no está de acuerdo con la solución que propone el BCU si afecta a quienes empiecen a jubilarse en poco tiempo más alegando que ello implicaría un “cambio en las reglas de juego” que seguramente redundará en una renta mensual menor para el jubilado. A su entender, las nuevas tablas deberían aplicarse para aquellos que recién inician su vida laboral.

    Otro aspecto que tiene a estudio el BCU apunta a mitigar el riesgo que supone para las aseguradoras que paguen renta previsional tener que hacerlo en unidades reajustables —como exige la ley—, cuando no se dispone en el mercado de activos en la misma moneda en los que invertir para resguardarse financieramente. Evalúa al respecto distintos mecanismos de cobertura cambiaria que propondrá a título de “recomendaciones”, agregaron.

    En relación con este asunto, Porras mencionó que parece “clave” el trabajo con la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía en torno a la posibilidad de hacer un swap de monedas o bien generar instrumentos en unidades reajustables en los cuales poder invertir.

    En cuanto a algunos planteos del BSE en relación con los cambios en los núcleos familiares, las pensiones a viudas jóvenes y las actividades bonificadas, la Superintendencia considera que la solución vendría únicamente de la mano de modificaciones legales, añadieron. En particular, sobre las actividades bonificadas (aquellas por las que el trabajador se puede jubilar con menos años reales de actividad, como los docentes, choferes de ómnibus, controladores de tráfico aéreo, ciertas industrias, personal de mantenimiento y laboratorio de la refinería de Ancap, entre otros) desde el BCU se reconoce que el último cambio establecido en la ley de desafiliaciones (19.162) obliga a las aseguradoras a asumir el costo, lo cual no es conveniente para el sistema, señalaron.

    Asimismo, el BSE había sugerido la posibilidad de modificar los topes de inversión previstos para cubrir las obligaciones previsionales (en títulos públicos e instrumentos de regulación monetaria, de empresas públicas o privadas, fideicomisos, etcétera). El BCU entiende que tales aspectos están contemplados en la ley del mercado asegurador que estudia el Parlamento.