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Cada cinco años, los políticos recurren a sus equipos técnicos para elaborar presupuestos millonarios en dólares destinados a llevar adelante una buena campaña electoral. Nadie se salva. Hasta los partidos políticos más pequeños se endeudan y deben recurrir a las empresas privadas para lograr un mínimo de financiación. Los cheques firmados por grandes empresarios nacionales y extranjeros son moneda corriente en tiempos electorales.
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Los seis partidos que compitieron en las elecciones de octubre del año pasado gastaron casi U$S 9.500.000, según lo que declararon ante la Corte Electoral.
Pero para algunos de los principales referentes políticos uruguayos llegó el momento de cambiar ese sistema que se arrastra por décadas en buena parte del mundo. Las principales motivaciones para hacerlo son dos: 1) evitar los “escándalos de corrupción” como consecuencia de esa forma de financiar la política, como los registrados en Brasil y en otros países, y 2) impedir que los que tengan más dinero sean los que puedan montar las mejores campañas electorales y obtener los principales cargos electivos.
Con ese objetivo se reunieron la semana pasada el ex presidente y actual senador José Mujica (Movimiento de Participación Popular) y el presidente del Directorio del Partido Nacional, senador Luis Alberto Heber. Ambos estuvieron de acuerdo en trabajar para modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos y que otorgue un rol más protagónico al Estado en la distribución de dinero.
La idea en la que se encuentran trabajando es referida a los gastos de campaña para las elecciones internas y la cantidad de dinero que distribuye el Estado a las distintas colectividades políticas en función de los votos obtenidos.
“Hay que evitar la privatización de la política. No puede ser que tener mucha plata sea sinónimo de éxito en una elección”, dijo Mujica a Búsqueda.
Agregó que el Estado debe “distribuir más dinero” entre los partidos políticos para de esa forma hacer más sólido el sistema democrático y evitar “casos de corrupción” que pueden surgir por el aporte de los privados.
En tanto, Heber dijo a Búsqueda que si bien aun no hay nada concreto, se debe trabajar en la necesidad de “limitar” el capital privado. “Tal vez, lo mejor es que el Estado pague un poco más por voto. Tenemos que proteger a los partidos políticos”, afirmó. Heber maneja la idea de que en las internas directamente no haya campaña publicitaria. “Al final, para las internas los políticos tienen que hacer bonos, rifas, cenas en vez de recorrer los barrios pidiendo el voto”, explicó.
“Omisiones”.
Los legisladores coinciden en que la reciente ley de financiamiento de los partidos políticos (aprobada en 2009) es un avance, pero que las declaraciones de gastos y aportes que se realizan después de las campañas electorales siempre tienen “omisiones” y todavía no se ha logrado “transparentar totalmente” el verdadero papel de los privados.
Según la norma, el Estado contribuirá para los gastos de la elección nacional con un aporte de 87 Unidades Indexadas (UI) por voto. Al valor actual de la UI y del dólar, son U$S 9,5. Para las internas y departamentales, se pagan 13 UI, esto es U$S 1,4.
La ley también regula la forma en que los privados pueden aportar. Se establece un límite por donación que no puede exceder los U$S 32.878 (300.000 UI). Cuando el aporte sea realizado por un candidato a cargo electivo podrá triplicar el monto límite. A la vez, ese tope no se aplica para el primer titular de cada lista. Es aquí donde los partidos registran la mayor cantidad de aportes, sin que se indique de dónde provienen. Si bien el objetivo de la ley, aprobada en mayo de 2009, es transparentar los gastos de la campaña electoral, su aplicación y control no han sido sencillos. La Corte Electoral no tiene los recursos necesarios para vigilar que se cumpla con lo establecido.
