Presentan denuncia penal contra presidenta del Comité Paralímpico

Enterado de la situación, el diputado blanco Martín Lema hizo un pedido de información al MEC sobre los fondos que recibe el comité y las auditorías de los gastos realizadas desde 2012 a la fecha.

Sin embargo, ese hecho puntual destapó un problema más grande que el Ministerio pidió corregir a la asociación civil. El estatuto permite que personas jurídicas y personas físicas se asocien y cada una tenga su voto, por lo que un individuo asociado tiene la misma representatividad que una federación de decenas de miembros.

En octubre de 2012 el MEC dio 180 días para que regularizaran la situación. Los meses corrieron y nada cambió. En mayo de 2014 se ordenó una nueva inspección para saber si el CPU había resuelto el problema. Pero lejos de solucionarlo, las irregularidades aumentaron.

La inspección constató que la asamblea general no se reunía, la comisión directiva estaba desintegrada y sin quórum para sesionar, y que la comisión fiscal no cumplía sus funciones. De inmediato, el Ministerio citó a Nario y a las demás autoridades para que dieran explicaciones, pero no asistieron. Nario lo hizo el 25 de setiembre de 2015, más de un año después de ser convocada, “omitiendo presentar varios libros y otra documentación solicitada”.

Para ese entonces ya habían pasado tres años de las elecciones y el estatuto seguía sin cambios. Al mismo tiempo, la directiva que había sido electa se desintegró. En mayo de 2015 cinco de los siete miembros renunciaron y sus suplentes no aceptaron reemplazarlos, lo que dejó solamente a Nario como presidenta y a Silvia Areosa como tesorera. El estatuto no prevé cómo se cubren las vacantes, por lo que el CPU quedó sin quórum para sesionar.

A su vez, el MEC constató que los suplentes “no figuran en los padrones” de la asociación civil. Sin embargo, el comité siguió funcionando desde mayo de 2015 solo con la presidenta y la tesorera y, según el expediente, a partir de julio los documentos eran aprobados únicamente con la firma de Nario.

Ante esa situación el MEC intervino la asociación el 21 de diciembre de 2015, con desplazamiento de autoridades. Consultada por Búsqueda en enero, Nario desmintió las acusaciones y dijo que “por tres actas más o menos dejan de lado todo lo que se hizo y que por primera vez vieron un oro”, haciendo referencia a la medalla que ganó Henry Borges en judo el año pasado en Toronto y que lo clasificó a Río 2016 (Búsqueda N° 1.852).

Denuncia penal.

La abogada Margot Abril fue la interventora designada. Desde un primer momento chocó con Nario, ya que cuando le pidió la documentación y las llaves del local la ex presidenta le respondió que estaba de vacaciones y que no volvería hasta febrero.

Para ganar tiempo la interventora fue al Banco República para conocer el saldo en la caja de ahorro de la asociación. Al 30 de diciembre de 2015 el saldo era de $ 3,4 y U$S 26. Con un detalle significativo: en el mes y medio anterior se habían retirado U$S 7.512, “desconociéndose a qué actividades se destinaron”, según consta en la denuncia penal. Incluso, uno de los retiros, de U$S 700, se hizo dos días después de que se interviniera la asociación.

El 5 de febrero, terminadas las vacaciones, Nario convocó a la abogada para darle la llave y la documentación. Al llegar, el conserje le entregó solo las llaves. Faltaban los estados contables, el padrón social, las actas de asambleas y la información bancaria.

La interventora le insistió a Nario, quien le dijo que no podía darle los documentos porque recurriría la intervención y usaría la documentación como prueba. Hasta el momento, no presentó el recurso.

La situación del CPU es aún más compleja, ya que hace meses no recibe fondos. El Poder Ejecutivo da las ayudas económicas condicionadas a la presentación de los estados contables, por lo que la asociación no recibe las partidas. Y empeora cada día.

Por ello la interventora acusa a Nario como responsable de la complicada situación del comité. “Desde 2012 no cumplió con las intimaciones” del MEC, “violó flagrantemente los estatutos designando en forma anti estatutaria integrantes de la comisión directiva” y “ahora luego de la intervención obstaculiza la labor de las autoridades designadas desacatando un mandato legítimo, en actitud por demás llamativa que debe ser investigada”, dice en la denuncia, que se presentó en el Juzgado penal de 17° turno. Agrega que “los hechos relacionados poseen apariencia delictiva”.

Camino a Río.

Pese a que la intervención incluía el desplazamiento de las autoridades, Nario siguió ejerciendo. Ella tramitó ante el Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) las inscripciones de la delegación uruguaya para Río 2016.

El organismo internacional respalda a Nario pese a la intervención y le pidió al MEC que explique el porqué de su desplazamiento. La ministra María Julia Muñoz le envió una carta el 15 de marzo explicando los motivos y el 6 de abril el comité internacional volvió a plantear su “gran preocupación”. “La interventora asignada no cuenta con la experiencia necesaria del para-deporte”, dice el organismo y solicitó que Nario “sea incluida en un equipo de trabajo de la interventora, ya que cuenta con la autoridad por parte del IPC para seguir fungiendo su cargo”.

Por estos días la abogada Abril pidió a la Secretaría Nacional de Deporte que renueve por otros seis meses su intervención para poder completar la reestructuración del CPU.

En medio de esta situación, al menos tres deportistas viajarán a Río de Janeiro para representar a Uruguay. Gonzalo Dutra y Alfonsina Maldonado participarán por el otorgamiento de la wild card y Henry Borges por el oro en Toronto.