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En momentos en que el gobierno evalúa medidas para mejorar la seguridad, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Daniel Gutiérrez, afirmó que el Código de la Niñez y la Adolescencia es “de una exagerada benevolencia” para enfrentar el problema de los adolescentes que delinquen.
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Según Gutiérrez, dos de los principales problemas que tiene la legislación es que no establece mínimos para los delitos cometidos por menores y que fija la prisión preventiva como última alternativa para penar a un infractor.
“¿La Justicia es benévola?”, se preguntó Gutiérrez durante una entrevista con el periodista Gabriel Pereyra en el programa “La mira” que se emitió el jueves 17 por VTV. Y de inmediato respondió: “La Justicia aplica las leyes. A veces hay leyes que son benévolas. Yo creo —es mi opinión personal— que el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) es una norma de una gran benevolencia, de una exagerada benevolencia y así estamos con el tema de los adolescentes delincuentes”.
“El CNA dice que la medida privativa de libertad es la última ratio; de toda la batería de medidas la última es la prisión preventiva”, ejemplificó.
Cuando el periodista le preguntó si está de acuerdo con ese principio, Gutiérrez arqueó las cejas y contestó: “No, no estoy de acuerdo. Por eso decía que es una norma excesivamente benévola”.
El magistrado, que ha desarrollado gran parte de su carrera en la materia penal, agregó que por establecer mínimos en las penas de los delitos para los menores “no se viola ningún convenio internacional”.
“Razonable”.
“El Código Penal para mayores creo que es un código con una medida razonablemente severa. El delito de rapiña, que es el que tiene conmovida a la sociedad uruguaya, tiene una mínima de 4 años”, comparó.
Pereyra le preguntó a Gutiérrez si a los jueces les “pesa” enviar a prisión a los rapiñeros cuando el sistema penitenciario uruguayo está en malas condiciones. “Por supuesto que pesa. El juez tiene que pensar: ‘¿Cuatro años de reclusión en nuestros institutos? ¿en el Comcar que es un infierno?’”.
A juicio del presidente de la Suprema Corte la solución no pasa por aumentar las penas, ya que la experiencia ha demostrado que cuando eso se hizo la delincuencia no disminuyó.
“En la mente del delincuente el aumento de la pena no tiene incidencia, cuando delinque no piensa que va a perder, que lo van a meter preso. Piensa que no lo van a agarrar. Es decir que como efecto disuasorio es muy escaso”, reflexionó.
Como ejemplo mencionó que una de las leyes de seguridad ciudadana que se sancionaron a comienzos de la década del 2000 aumentó la pena por hurto a dos años de penitenciaría, y lo volvió un delito inexcarcelable. “Eso significó duplicar el número de reclusos; trajo un hacinamiento carcelario. Pasamos de 3.000 reclusos en el 2000 y algo a 9.000 reclusos”, subrayó.
El ministro de la Corte expresó que la delincuencia se explica por un fenómeno “multicausal” en el que incide fuertemente el componente cultural. “Las tasas de desempleo bajan y los delitos siguen creciendo. No hay una sola respuesta correcta, sino muchas respuestas”.
Una de esas causas del delito, de la que dijo que se habla “poco” porque “quizás todos somos culpables”, es “la desestructuración de la familia”.
“Son raras en los estratos más bajos de la sociedad montevideana las familias constituidas. En general las familias se integran con una madre, un padre golondrina e hijos de distinto padre”.
“Referencia”.
Para Gutiérrez pese a que el problema de la delincuencia se incrementó en los últimos años, Uruguay sigue siendo el país más seguro de la región.
“Si tenemos como punto de referencia el Uruguay de la década de 1950 no vamos a llegar jamás. Ahora, si tenemos como punto de referencia la realidad latinoamericana o mundial actual, Uruguay no está tan mal”, reflexionó.
Según el juez, la sociedad uruguaya debe aprender a convivir con el delito, pero sin resignarse. “Hay que encarar políticas que ataquen las múltiples causas del delito, las más difíciles son las culturales porque hay que cambiar la mentalidad. Hace poco se pusieron de manifiesto episodios de justicia por mano propia, que es un delito tipificado. Sin embargo, han sido aplaudidos por la sociedad”.
En este contexto, advirtió que Uruguay corre “el riesgo” de que la población comience a descreer de las instituciones públicas y, en particular, de la Justicia.