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La experiencia del Colegiado tiempo atrás (1952-1967) sirvió para entender que un régimen presidencial es lo más adecuado para nuestro país y nuestra idiosincrasia, incluso por encima de un sistema parlamentario, aunque buscando un equilibrio entre los dos últimos. En aquel momento, cuando se puso fin a ese supuesto cambio de “avanzada”, muchos interpretaron que sería un retroceso. Pero no, los uruguayos estaban aprendiendo las lecciones de un período complicado y demasiado extenso y por eso resolvieron dejarlo en el pasado. Duró, nada más y nada menos, que 15 años.
Hoy, también 15 años después, se terminaron (al menos por ahora) las mayorías parlamentarias, no por un cambio drástico normativo sino por la voluntad popular expresada mediante las elecciones del domingo 27. Se pensaba que las mayorías le darían eficiencia al gobierno de turno, pero la realidad mostró más aspectos negativos que positivos. El Parlamento se desnaturalizó y perdió identidad, se convirtió en un vocero del Poder Ejecutivo, y muchas veces, peor aún, del partido de gobierno.
Todo esto llevó a una soberbia casi mesiánica de algunos gobernantes oficialistas, a la imposibilidad de censurar a ministros muy cuestionables, de investigar negocios que han sido nefastos para el país, y a la consagración de leyes caprichosas e inaplicables. ¿Eso es ser más eficiente? Claramente no. Sirve apenas para esconder la inoperancia del gobierno cuando sea necesario, o para que un solo partido decida arbitrariamente a quien castigar. Sirve también para que prácticamente la mitad de la población (quedó demostrado que no se necesita el 50% de los votos para lograr esa mayoría) sea ignorada.
A los gobiernos de izquierda, los ejemplos abundan en todo el mundo, les encanta centralizar el poder en una figura endiosada y las mayorías parlamentarias ayudan peligrosamente a que eso ocurra. Los liberales, como argumentamos en esta página editorial la semana pasada, preferimos el diálogo, la negociación y un Parlamento que se sienta completamente independiente para defender los derechos del ciudadano.
Está claro que el Poder Ejecutivo siempre necesita hacer y poner en práctica un plan, pero para eso debe tener los argumentos necesarios y el carácter suficiente como para convencer a la mayor cantidad de parlamentarios posible.
La decisión de los ciudadanos el domingo 27 le da forma a un futuro gobierno con un Parlamento saludable e independiente. Como esta diseñado nuestro sistema, es el presidente el que tendrá la iniciativa, pero para poder concretar los proyectos deberá apelar a su capacidad de diálogo y negociación con los parlamentarios y lograr consensos que ofrecerán más garantías para todos.
Al conocerse los resultados electorales, algunos analistas manifestaron su preocupación por la gran votación y representación parlamentaria de Cabildo Abierto, un partido identificado con la derecha, algo poco frecuente en Uruguay. Nada dijeron, en cambio, de la gran presencia en el futuro Parlamento del Partido Comunista o del Movimiento de Participación Popular. Lo importante es que todo el mundo sepa quién es quién más allá de su lugar en el espectro ideológico. Eso es lo que vale. Para llegar ahí todos se sometieron a los mecanismos democráticos, todos dijeron querer un país mejor, y ahora todos tienen los mismos derechos y obligaciones.
Resta aún saber quién será el próximo presidente y vicepresidenta. Casi todos los analistas coinciden en que Luis Lacalle Pou está mucho mejor posicionado para el 24 de noviembre. Pero mas allá de eso, el primer gran paso fue dado. El Parlamento recupera su esencia. Así como los ciudadanos con su voto dieron por terminada la experiencia del Colegiado después de un tiempo de prueba, ahora mandan una señal clara contra el abuso de las mayorías parlamentarias, dejándolas en suspenso. Como tantas otras veces, los ciudadanos en general parecen haber entendido la lección antes que unos cuantos políticos.
