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La decisión del gobierno de quitar la cobertura móvil a cinco cárceles de máxima seguridad tomó por sorpresa a las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Es que la medida, que fue informada la semana pasada por Búsqueda y debe ejecutarse antes del 15 de octubre, no le fue informada al organismo encargado de la organización y gestión de las instituciones penitenciarias en el país.
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El gabinete formado por su director, Gonzalo Larrosa, y los subdirectores administrativos, técnicos y operativos no fue consultado, señalaron fuentes del Poder Ejecutivo, pese a que el cese de la cobertura afectará tanto a sus funcionarios como a los internos con los que conviven diariamente.
Según las fuentes, “hay mucha inquietud” entre los funcionarios de las cárceles por la imposibilidad de usar sus celulares. Aunque dentro de cada unidad el INR utiliza un sistema de comunicación que prescinde de celulares particulares, los funcionarios sí los utilizan para actividades cotidianas, principalmente la comunicación con familiares y amigos, ya que en ciertos casos deben permanecer días enteros en las prisiones y dormir allí. También existe preocupación por la reacción que pueda existir en los internos.
Consultado por Búsqueda, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, indicó que los contactos con el exterior “es de lo poco que tienen” los prisioneros, por lo que disminuir aún más ese vínculo puede profundizar la violencia. “Es una válvula de escape”, señaló Petit, quien cree que debe analizarse un uso “controlado” de los celulares para la mayoría de la población carcelaria.
Aunque los teléfonos móviles están prohibidos en las cárceles de máxima seguridad, los presos acceden ilegalmente a ellos a través de funcionarios, visitas e incluso gente que los lanza desde afuera de la cárcel. El decreto por el que el gobierno excluyó de cobertura móvil a cinco prisiones no menciona razones específicas, pero en los últimos años el Ministerio del Interior ha tratado de limitar el empleo de celulares para disminuir la corrupción policial, las peleas entre internos y principalmente la organización de delitos desde las cárceles, este último, un “núcleo acotado” de líderes criminales donde Petit sí comparte enfocarse.
Según las fuentes, “hay mucha inquietud” entre los funcionarios de las cárceles por la imposibilidad de usar sus celulares.
Su opinión coincide con la del comisario Larrosa, director del INR, quien se mostró a favor del uso de móviles tras asumir el cargo en marzo del año pasado. “El que es un capo de una organización la va a seguir dirigiendo desde la cárcel. Ahí es donde los servicios de información del Estado tienen que trabajar y poner su acento en cómo neutralizar el accionar de quienes dirigen acciones delictivas. Pero no todos los 11.000 presos del sistema hacen esto. Es un grupo. De hecho, yo estoy en contra de la prohibición de los celulares en la cárcel”, sostuvo entrevistado por El Observador.
El decreto, firmado el lunes 6 por el presidente Tabaré Vázquez, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y el subsecretario de Industria, Guillermo Moncecchi, ordena que los niveles de señal de las radiobases no deben superar determinado valor límite en el perímetro de cada prisión, aunque sí permitir la continuidad de la prestación en zonas aledañas a esos predios.
La medida se impondrá en las cárceles Penal de Libertad, en la nueva de Punta de Rieles, en el Comcar, el centro de mujeres de Colón y el de Canelones. El gobierno dispuso un plazo de 60 días para que las empresas de telecomunicaciones acondicionen las instalaciones.
Actualmente ciertos sectores de algunas de esas prisiones, como el Penal de Libertad y el Comcar, están bloqueados para comunicarse por celular pero a través de inhibidores de señales. En ciertas cárceles de mínima seguridad, como la Unidad 6 Punta de Rieles o varias del interior, el uso de celulares exclusivo para llamadas y mensajes sí está autorizado, y se reglamenta su acceso con el registro de la marca del producto y el nombre del interno.
