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La conservación de la biodiversidad en el territorio nacional es insuficiente y causa preocupación en diversos expertos, que proponen incentivos económicos para productores y propietarios de las tierras y una nueva ley que contemple también la protección de los “ecosistemas”. Reclaman, además, que se le dé al tema una mayor prioridad política.
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Estas inquietudes fueron planteadas en una conferencia organizada semanas atrás por el Programa de Conservación de la Biodiversidad y Desarrollo Sustentable en los Humedales del Este (Probides), que depende, entre otras instituciones, del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medioambiente (MVOTMA), con el objetivo de analizar la situación de la biodiversidad en el país.
El reto fundamental para incentivar la conservación de la biodiversidad es “alinear los incentivos privados con los sociales”, planteó el doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Massachusetts y profesor de la Universidad de Montevideo, Marcelo Caffera. En su opinión, es necesario crear “instrumentos económicos” de apoyo para aliviar los costos de conservación sobre los propietarios o productores de las áreas bajo protección. “Permitiría distribuir mejor los costos —que no todo recaiga sobre el productor o los habitantes de la zona a proteger— y genera mayor compromiso del público en general hacia la conservación”, afirmó. Mencionó la aplicación de exoneraciones tributarias a la contribución inmobiliaria como incentivos posibles.
Opinó, sin embargo, que previamente sería necesario mejorar la capacidad de negociación de la Dirección Nacional de Medioambiente (Dinama) —o del nuevo Ministerio de Ambiente— en el área económica. “Esto permitiría mejorar la fundamentación de la conservación de la biodiversidad y de las áreas naturales protegidas, al otorgarles valorización económica a esas especies o sitios que queremos proteger. Además, mejoraría la justificación de fondos en la negociación con el Ministerio de Economía”, afirmó.
Por otra parte, durante la conferencia los especialistas debatieron acerca de la necesidad de aprobar nuevas leyes o instrumentos jurídicos que mejoren la regulación de la biodiversidad. El abogado y profesor grado 5 de Derecho Ambiental de la Universidad de la República Marcelo Cousillas consideró que la actual ley general de protección del ambiente “ofrece un amplio margen para que la política de protección, uso y conservación de la biodiversidad sea adecuadamente implementada”, por lo que evaluó que no es necesario una norma específica para la biodiversidad. El problema, afirmó, es que “no se está utilizando”.
Consultado por Búsqueda, Cousillas explicó que el derecho ambiental uruguayo tiene una gama muy amplia de posibilidades para regular en materia de diversidad biológica, lo que permitiría avanzar a través de la vía reglamentaria sin necesidad de recurrir a nuevas leyes.
Lo que sí consideró que sería útil es contar con una “ley de ecosistemas”. Hoy los principales ecosistemas del país no cuentan con una protección legal, sostuvo, y puso como ejemplo la ley forestal que protege al monte nativo. “Lo que protege es al árbol, pero no piensa en la regulación ecosistémica, donde se regulan todos los componentes del ecosistema monte ribereño, teniendo en cuenta otras especies vegetales o la fauna del lugar y los cursos de agua. Tampoco se piensa en la costa o en los bañados como un ecosistema integral, y no hay normas de protección en el campo natural y praderas”, indicó.
Asimismo, evaluó que darle “priorización política” a la protección de la biodiversidad mediante la creación del nuevo ministerio sería “fundamental”, ya que es el área en donde se detecta una mayor dispersión de competencias.
Por otro lado, el experto criticó el tratamiento que hace la ley de urgente consideración (LUC) de estos temas y afirmó que tiene “errores jurídicos muy importantes generados por cuestiones políticas y de poder”. En ese sentido, cuestionó los artículos 500 y 501, que modifican la forma en que se ingresan los terrenos al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). El primer borrador de la ley establecía que para incorporar un área privada al SNAP, el Ejecutivo debía contar con el consentimiento expreso de los propietarios de las tierras ubicadas dentro de las zonas de interés. Esto fue posteriormente eliminado, pero se estableció que entonces serían los gobiernos departamentales los encargados de determinar su incorporación al SNAP.
Esos artículos, sin embargo, no cuentan con el apoyo de todos los legisladores del oficialismo. El senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos dijo ayer miércoles en Radio Monte Carlo (930 AM) que la bancada de diputados de su partido propondría durante la votación de la ley que sean retirados de la norma general y que se cree un comité de expertos para que en 180 días presente un nuevo proyecto sobre las área protegidas.
Visión común.
El doctor en Ciencias e investigador del Instituto Saras Néstor Mazzeo estuvo de acuerdo con la visión de Cousillas de considerar la biodiversidad en un sentido más amplio. “Fragmentar el análisis de la biodiversidad no es conveniente. Hasta ahora hemos gestionado desde un punto de vista excesivamente reglamentarista, sin instrumentos de incentivo, y es claro que el camino no va por ahí”, sostuvo.
Es que, según Mazzeo, el problema principal es que en Uruguay no hay una visión común acerca de cómo manejar la biodiversidad. “La discusión de la LUC lo demostró claramente. Hay un tema de poder, pero la única forma de construir esa visión común es de forma interdisciplinaria y no de forma fragmentada en los distintos organismos. En ese sentido, el nuevo Ministerio de Ambiente es un avance”, indicó.
En tanto, el director de Probides, Gerardo Evia, destacó durante la charla la importancia de contar con un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), pero opinó que es necesario cambiar su enfoque actual y el de los demás instrumentos de política ambiental.
Cousillas también se refirió a este punto y aseguró que es fundamental que las decisiones ambientales no se tomen solo a escala departamental, dado que además de que las intendencias “son muy permeables a las presiones locales”, se trata de cuestiones con implicancias nacionales o regionales.
