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    Proponen más control a empresas públicas que operan en derecho privado

    El Estado aporta en 22 sociedades anónimas que dan trabajo a unas 3.000 personas y tiene otras 38 organizaciones que no se rigen por el derecho público. Esta es una nueva forma de llevar adelante la administración del Estado, afirma el diputado del Partido Nacional Nicolás Olivera. Por eso, planteó en la Cámara baja que se cree una Comisión Especial para “legislar, informar y asesorar en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado”.

    Según el Reglamento de Diputados, los legisladores pueden por mayoría de votos “crear comisiones especiales para informar sobre asuntos o problemas determinados, fijándoles en cada caso el plazo en el que deberán presentar su dictamen”.

    Olivera, que está conversando su propuesta con integrantes de los otros partidos, planteó crear esta comisión porque considera necesario mejorar el control de un “espacio de actividad del Estado que ha alcanzado gran dimensión”.

    “La realidad actual nos demuestra que la intervención del Estado en la economía y en la actividad privada se ha desarrollado mediante instrumentos de diversa naturaleza, adoptando distintas formas jurídicas, ya sea a través de diferentes personas jurídicas”, dijo.

    La falta de control a este tipo de empresas ha sido una crítica constante de dirigentes de la oposición. Olivera afirma en el fundamento del pedido, que si bien el Parlamento “no ha sido omiso” frente a los cambios en la administración pública, no se ha generado “un espacio dedicado específicamente al abordaje de los diferentes aspectos que derivan de dicha actividad”.

    “En la actualidad se presenta una considerable proliferación de instituciones instrumentales creadas bajo la forma de personas jurídicas de Derecho Público no estatal, naciendo a la vida jurídica sin responder a parámetros uniformes y para desenvolver los más diversos cometidos. Mientras que hay 12 Entes Autónomos, 7 Servicios Descentralizados y 19 Gobiernos Departamentales, se han creado al menos 38 personas públicas no estatales. A lo anterior, debemos sumar la existencia de por lo menos 22 Sociedades Anónimas que poseen aporte estatal, que funcionan bajo el régimen de derecho privado, nucleando a más de 3.000 funcionarios y asumiendo la gestión de algunos servicios públicos, como ser agua potable, saneamiento, gas, telecomunicaciones, energía eléctrica”, explica Olivera.