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Los senadores del Frente Amplio presentaron esta semana un proyecto de ley sobre el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales. La propuesta establece límites para el financiamiento privado y sanciones monetarias cuando se viole la ley, y prohíbe la publicidad del Estado durante el período electoral, entre otras medidas.
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Una comisión especial del Senado discute desde el año pasado modificaciones a las normas de funcionamiento de partidos y las campañas electorales. Esta semana, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley que recoge algunos de esos planteos.
En el articulado, el oficialismo establece que las personas que ocupen cargos electivos, políticos y de particular confianza, afiliadas o no, deberán contribuir hasta con 15% de su sueldo líquido (descontados los aportes legales). Para entregar ese dinero debe existir un consentimiento expreso y escrito de la persona.
También plantea que todas las transacciones de los partidos deberán ser realizadas mediante el pago electrónico.
En cuanto a las contribuciones del Estado, el proyecto mantiene que se pagarán 87 unidades indexadas (UI) —al valor actual $ 316,68—, por voto válido emitido a favor de las candidaturas a presidente de la República. También mantiene el pago de 13 UI por cada voto a intendente. Pero reduce de 13 UI a 7 UI el pago por cada voto a candidato para las elecciones internas. A su vez, agrega el pago de 6 UI por voto a los candidatos en las elecciones municipales.
Las donaciones del sector privado no podrán exceder las 300.000 UI ($ 1.092.000). Además, el proyecto propone limitar los aportes que pueden hacer los candidatos a los diferentes cargos electivos.
En la iniciativa se modifica el artículo de la ley de partidos políticos respecto a las prohibiciones de recibir donaciones de determinadas organizaciones.
Hasta ahora los partidos pueden recibir donaciones anónimas, siempre que no superen las 4.000 UI ($ 14.500). La idea del oficialismo es prohibirlas por completo.
Además, el proyecto plantea que los partidos no pueden recibir donaciones de organizaciones civiles, comerciales, profesionales, políticas, gremiales y sindicales, ni instituciones religiosas. Agrega que tampoco podrán donar las personas físicas que presenten servicios de comunicación audiovisual.
Por otro lado, se propone que “durante el período electoral” se prohíba la publicidad estatal, excepto cuando se refiera a “campañas de información a la ciudadanía sobre temas o situaciones puntuales y de interés general”.
El período electoral, según el proyecto, comprende 10 días antes de las elecciones internas (antes era de 30 días), 30 días antes de las nacionales, 15 previo a la segunda vuelta y 30 antes de las departamentales.
El planteo del oficialismo también reforma dos artículos de la denominada ley de medios referidos a la publicidad electoral gratuita. Uno de los artículos que se quiere cambiar (el 143) había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. En la propuesta se busca ser más equitativo en el reparto de la publicidad gratuita. En la ley de medios, el 80% del espacio se repartía según los votos obtenidos en la última elección. Ahora se propone que el 45% del espacio se reparta en forma igualitaria entre los lemas con representación parlamentaria, el 50% en proporción directa a los votos obtenidos en la última elección y 5% destinado a los nuevos partidos.
La iniciativa también prevé que los candidatos a distintos cargos deberán formular declaración jurada de bienes e ingresos.
Los partidos deberán elaborar estados contables que serán presentados el 1º de marzo de cada año al Tribunal de Cuentas.
Si se aprueba la iniciativa, la Corte Electoral podrá aplicar multas a los partidos que no cumplan con la normativa, algo que hoy no está contemplado. Según la gravedad, las multas pueden llegar hasta las 300.000 UI.
