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Aunque los productores agropecuarios intentan desmarcarse de banderas partidarias, su movilización de estos días pasó a ocupar el centro de los debates políticos. De un lado quedó la oposición, respaldando las demandas ruralistas, y del otro el oficialismo, que le atribuye la intención de hacerlo para captar votos de cara a las elecciones.
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Allí, el Poder Ejecutivo comunicó algunas decisiones —la extensión en el tiempo del beneficio de la tarifa eléctrica rebajada y un reforzamiento del fondo de garantía al endeudamiento para la lechería, la reglamentación de la ley de riego a favor de los arroceros—, a la vez que ofreció instalar un ámbito de diálogo. La reunión fue tensa y los delegados empresariales se fueron disconformes.
Consultado por Búsqueda sobre las declaraciones realizadas por algunos dirigentes del campo después del encuentro, Vázquez dijo que no hará “consideraciones públicas, en aras de buscar caminos de entendimiento entre todos los actores que intervienen en la problemática del sector agropecuario”.
Acotó queel lunes informaron que su administración “está estudiando algunas medidas para atender los planteos que se han presentado. Las gremiales que concurrieron a la reunión establecieron que no traían ninguna propuesta porque entendían que no era la oportunidad de hacerlo. Por tanto, el gobierno aún no ha presentado las medidas —que sí estamos estudiando— para hacerlas explícitas en el momento adecuado”.
La protesta del campo sacó a los políticos de la habitual siesta de verano.
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibió el miércoles 17 a la vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, al director de Planeamiento y al ministro Benech. También asistió el presidente de la coalición, Javier Miranda.
“Hablar de un problema del agro es errarle al bizcochazo. Hay unos que les fue de maravilla, otros no tanto, y otros tienen dificultades reales. Hay que pensar en situaciones específicas para plantear situaciones acorde a las reales necesidades; no hay una única solución”, dijo allí Topolansky, relataron aBúsqueda fuentes oficiales.
Luego, en un comunicado, el Secretariado respaldó la “actitud de diálogo” del gobierno. Reconoció que “algunos sectores atraviesan momentos difíciles que requieren una atención particular”, pero advirtió que en las movilizaciones “coexisten legítimas preocupaciones de productores con la acción abierta de operadores políticos que lo que intentan es ganar votos mediante el oportunismo, crear falsas oposiciones ‘campo/ciudad’, y aprovechar descaradamente estas plataformas para atacar la intervención del Estado y los derechos conquistados por amplias mayorías del país, pidiendo el recorte de la inversión en políticas sociales”.
“Hay motivos de preocupación y molestia. ¿No opinan así el presidente y el gobierno?”, preguntó en Twitter el senador blanco Luis Lacalle Pou.
Antes, el Directorio del Partido Nacional había expresado su “compromiso” con el sector productivo y la “disposición a recibir a quienes lo componen en el momento en que así lo soliciten, promoviendo las acciones necesarias en los ámbitos que correspondan”.
Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional colorado sostuvo en un comunicado el viernes 12 que los reclamos del campo son de “absoluta justicia” debido a que el aumento en la carga tributaria y de las tarifas públicas “ponen en riesgo la viabilidad de los emprendimientos, lo que se evidencia en la reducción impactante del número de productores en los últimos años”.
El presidente del Partido Independiente, el senador Pablo Mieres, dijo que se debe “entender el enojo” de los ruralistas, porque “no se puede negar la enorme crisis de competitividad que vive el aparato productivo”.