Proyecto de ley de urgencia encierra un cambio filosófico en educación que no fue debatido de forma “transparente”

Lo que sigue es un resumen de la entrevista que Arim mantuvo con Búsqueda.

—¿Cree que al nuevo gobierno le corre prisa?

—No. Tengo la convicción de que las nuevas autoridades tienen un diagnóstico y una concepción de lo que debería ser el sistema de educación. Pero en la medida en que no se procese una discusión abierta sobre las motivaciones y las soluciones propuestas convergemos en una modificación de instituciones que deberían diseñarse en otro nivel y con otro horizonte temporal. Esta lógica de cambiar en menos de 90 días toda una institucionalidad educativa, sin espacio a una discusión democrática profunda, es un camino complejo.

—¿No hubo instancias de intercambio previas entre la Udelar y las nuevas autoridades educativas?

—No. Tuvimos una reunión posterior con el futuro ministro de Educación, Pablo da Silveira, con Robert Silva (designado presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP) y otros integrantes de su equipo, y con mucha claridad nos plantearon que su voluntad es mantener espacios de coordinación con la Universidad de la República en el sistema general. Pero hay cambios semánticos que introduce la ley que hacen pensar en otros cambios profundos que no están explicitados en el anteproyecto.

—Más allá de lo semántico, en el anteproyecto desaparece el Sistema Nacional de Educación Pública y se crea una Comisión Coordinadora de la Educación (en función de la cual la Udelar pasa de tener tres representantes de nueve a uno en 16), y expresamente se eliminan espacios formales entre los organismos de educación pública.

—Desde ya son mensajes preocupantes. Hay un cambio de institucionalidad donde claramente la Udelar pierde espacios, cuando es la institución que representa al 80% de los estudiantes universitarios del país, y pasa a quedar en un ámbito indefinido de representación al interior del sistema de educación terciaria público.

—También se quita a la Udelar de espacios de decisión en comisiones como la de la educación no formal o se licúa su representación entre “universidades públicas” asimétricas. También se le resta presencia en comisiones departamentales y se agregan representantes de la educación privada.

—Me consta que por parte de las nuevas autoridades existe el compromiso de corregir algunos de esos aspectos. Una cosa es plantear que haya un espacio de coordinación más amplio que abarque a todos los actores públicos y privados y otra es sustituir los espacios de coordinación específica del sector público por un espacio donde solo opera el MEC coordinando al resto de los actores. La preocupación no es abstracta: ¿dónde quedan los tecnólogos que tenemos entre UTU, Utec y Udelar? ¿Y los espacios de coordinación en territorio entre las entidades públicas, que han dado algunos frutos interesantes, nada estériles?

—Para Da Silveira estas estructuras no funcionan de forma adecuada y hay un componente burocrático que dificulta la agilidad de las instituciones. ¿Usted cree que funcionan bien?

—No, estamos lejos de un funcionamiento adecuado y válido. Los problemas de atomización y chacrismo o feudalismo entre las instituciones existen. Pero, bueno, entonces discutamos cuál es el nuevo arreglo institucional del sector público que pueda ser funcional a un desarrollo más armónico y más ágil de toda la institucionalidad de la educación pública. Ahora, la solución no es eliminar esos espacios de coordinación específicos del sector público.

—El borrador sustituye la expresión “educación pública” por “acción educativa” y también se elimina la palabra “pública” del Sistema Nacional de Educación Terciaria. ¿Qué lectura hace de eso?

—Estos cambios semánticos son indicativos de una discusión que no se ha procesado de forma transparente y clara.

—¿Cree que oculta una orientación filosófica?

—Justamente, eso no está explícito. Una interpretación posible es que se está poniendo en pie de igualdad a todos los actores educativos en un espacio de coordinación horizontal donde por encima está solamente el MEC. Si esa es la orientación final, es preocupante. También lo es la eliminación de la restricción de que operen actores con fines de lucro en el ámbito educativo público. Esto sugiere que el futuro Poder Ejecutivo está pensando en habilitar el acceso al sistema educativo de instituciones privadas con fines de lucro, que suelen converger en sistemas muy estratificados donde los sectores más vulnerables terminan siendo atendidos con prestaciones financiadas por el Estado, y que no son de la mejor calidad educativa. Esto lógicamente abre una mayor apertura a los actores privados.

—También se elimina la excepción de compra directa del Estado para acceder a equipos científicos de gran porte por hasta $ 10 millones.

—Eso es extremadamente grave para la Universidad, pero también para el Clemente Estable y la Utec.

—Y además se resta la competencia a la Udelar de revalidar los títulos del exterior, que ahora pasaría al MEC. ¿Tampoco hubo intercambio sobre este tema?

—No lo hubo, y me sorprendió que eso formara parte del paquete de medidas. La contradicción es que la Udelar ha hecho un enorme esfuerzo para agilizar estos procesos que no son sencillos ni triviales, enfrentando un aluvión de demandas: solo en 2019 recibimos más de 950 solicitudes (en 2009 fueron 100) y la Universidad revalidó bastante más de 500 títulos.

—Las autoridades han dicho que la Udelar no puede ser “juez y parte” en estos temas.

—Da Silveira ha mostrado una visión abierta e integradora de la población migrante del país y ha dicho que su objetivo es agilizar los procesos de los trámites. Eso me da tranquilidad. Pero en dos artículos resuelve eliminar la potestad de la Udelar y transferirla al MEC. Ahí genera cierta ambigüedad, porque solo se transfiere el reconocimiento de títulos habilitantes para el ejercicio profesional, cuando la mayor parte de los títulos que reconoce la Udelar no son habilitantes, y el mercado uruguayo requiere que haya un reconocimiento de un título extranjero para que la persona sea contratada. Un migrante que pide la reválida de un título no habilitante de economista, como quien habla, no podría pedir una reválida.

—¿Le comentó esto al futuro ministro?

—Sí, Da Silveira se comprometió a corregir esto. Pero las instituciones no pueden ser diseñadas en función de las personas. Si uno transfiere esto al MEC, que es un ámbito político, de gobierno, puede haber criterios distintos en función de la administración de turno para revalidar o reconocer títulos. De hecho, hay actores que hoy integran la coalición de gobierno que en plena campaña electoral plantearon que había que restringir las políticas de derechos de los inmigrantes.

—¿Lo dice por Edgardo Novick y Guido Manini Ríos, aunque este luego matizó sus dichos?

—Como rector de la Universidad de la República no voy a debatir con algunos actores político-partidarios. Pero hubo expresiones en ese sentido. También hay sectores de la sociedad, incluso universitarios —y de todos los partidos— que están en contra de estos procesos porque afectan sus competencias y quieren cerrar la canilla. No es exclusividad de nadie esta realidad. Además está la forma en que se procesó esta propuesta, que modifica un artículo de la ley orgánica de la Udelar, sin consulta previa con la institución, lo cual tampoco nos parece razonable. Esto provocará un vacío importante y un cuello de botella para estos trámites, porque tampoco hay mecanismos de transición previstos en la ley.

—¿Esto es un golpe a la autonomía universitaria?

—Más que un golpe a la autonomía es un golpe a la presencia de un sistema porque la universidad preserva sus mecanismos de autonomía. Pero con esta ley, la universidad desaparece de algunos ámbitos de forma directa y pasa a tener un rol claramente más acotado.Uno llega a la conclusión de que hay un debilitamiento del sector público y en particular de la educación terciaria y superior.

—¿Cree que está volviendo el Uruguay de los 90, cuando gobernaba el padre del presidente electo?

—No creo que esté volviendo el Uruguay de los 90, pero no podemos inferir a partir de la lectura de la ley cuál es el modelo educativo al que se pretende converger, y ese es el problema principal. Hay que explicitar esa discusión y darla, aceptando que el sistema de educación pública no tiene un funcionamiento adecuado, pero sin dinamitar sus bases de funcionamiento. Tengo cierto temor de que estemos emigrando a un modelo de funcionamiento del sistema que quiebre la posibilidad de tener organismos de educación pública fuertes y coordinados. Ese es mi temor.

—¿Y cómo quedará posicionada la universidad ante el giro político que implica el nuevo elenco gobernante?

—En la historia de la universidad y de su autonomía, esta institución convivió con gobiernos de muy distinto signo, por tanto hay una cultura institucional de vincularse con diferentes orientaciones de gobierno en un tono plural. Todavía estamos muy lejos de poder delinear cuál será el vínculo de la institución con el nuevo gobierno en esta clave. Siempre hemos tenido espacios de confrontación, de discrepancias importantes, con todos los gobiernos. Un conflicto relevante con el gobierno actual se originó por la investigación en medios acuáticos. Bueno, aparentemente el nuevo Poder Ejecutivo estaría levantando esas restricciones que son negativas para el país. Ahí, paradójicamente o no, acordamos con el nuevo gobierno. Pero si el gobierno quiere converger hacia una situación donde la universidad queda subsumida o disminuida en su representación institucional en un sistema más general, vamos a tener discrepancias importantes y de fondo.

—Entonces la Udelar quedaría como el único reducto ideológico opuesto al futuro gobierno.

—Hay ciertos estereotipos que llevan a pensar la universidad como un espacio ideológico mucho más homogéneo de lo que es. Basta con mirar un poco hacia atrás en la elección de rector de hace un año y poco, donde hubo posiciones muy divergentes, para ver que no es tan así. Más que pensarse como un “reducto” de ciertas ideologías es un espacio de autonomía. Esos espacios suelen ser cuestionados a escala internacional por gobiernos de distinto signo, que van de la situación de Brasil con Bolsonaro hasta la visión de Venezuela. La autonomía no es autarquía ni es independencia, somos parte de una sociedad y a la República nos debemos, pero, a la vez, la universidad es un espacio de desarrollo de pensamiento y de análisis independiente que muchas veces causa crispaciones con el gobierno de turno. La misma noción de universidad autónoma es conflictiva con los poderes transitorios del país. Hay señales de la ley que nos preocupan, pero yo no iría más allá en el análisis ni en la futurología.