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El senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, que asumió el mes pasado la banca que ocupaba Lucía Topolansky, presentó su primer proyecto de ley. La iniciativa tiene el objetivo de preservar la identidad de los testigos y denunciantes en las investigaciones que lleva adelante la Inspección General del Trabajo.
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Carrera redactó el proyecto preocupado por un cambio en la “jurisprudencia” en asuntos laborales. Según sostiene, la Justicia mostró en el último tiempo una tendencia a hacer lugar a reclamos de empleadores que piden anular multas dispuestas por la Inspección General del Trabajo. Ese tipo de fallos, en su opinión, pueden traer como consecuencia la “ineficacia” de las investigaciones laborales y desincentivar las denuncias de los trabajadores.
Como ejemplo del fenómeno se refirió a una multa que ese organismo aplicó a una empresa por persecución sindical y que la Justicia anuló por “ilicitud de la prueba”. La Inspección había dispuesto la medida basada en testimonios de trabajadores sin revelar su identidad; esa reserva es la que la Justicia entiende ilícita.
Para Carrera, el hecho de que las denuncias y los testimonios sean reservados no perjudica el ejercicio de la defensa de los empleadores.
El proyecto de ley tiene un artículo único y en sus párrafos centrales establece: “Cuando la inspección proceda a interrogar a personas que por su vinculación con los implicados, laboral o de otra índole, puedan tener un conocimiento directo de los hechos denunciados, lo hará individualmente, en forma reservada y sin identificar en el expediente los datos de los deponentes. Sus datos serán relevados en un documento que no integrará el expediente y permanecerá a resguardo de la Inspección por el plazo de cinco años”.