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Hace algunos días, ante el fracaso para imponer su mayoría en la Cámara de Diputados y aprobar la llamada ley de partidos políticos, pude ver a un diputado del sector MPP en una exposición muy virulenta diciendo: “Hay legisladores que no quieren la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos”. Me pareció llamativo que se atreviera a hablar de “transparencia” quien ha bloqueado, junto a su coalición, todas las propuestas que ha podido para crear comisiones investigadoras sobre notorias irregularidades en diversos ámbitos gubernamentales.
“Cosas veredes, Sancho, que non crederes”.
Este proyecto de ley tiene muy poco que ver con la “transparencia” y la “democratización”, términos aburridoramente utilizados por voceros del Frente Amplio, salvo cuando se trata de hablar de Venezuela, Nicaragua o Cuba.
Es un proyecto ómnibus, en el que no solamente se legisla sobre partidos políticos estrictamente, sino que se incluyen normas sobre retenciones, retribuciones salariales y pasividades, inclusión financiera, publicidad electoral, transparencia de gestión pública, medios de comunicación, nuevas competencias del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral (nada menos), etc.
Todas materias importantes cuya modificación no solamente requiere los tiempos de maduración y análisis adecuados, sino también una amplia base de acuerdos políticos multipartidarios que le den solidez y permanencia. Y todo ello enmarcado en un absoluto respeto a las normas constitucionales vigentes.
Como en otros temas (voto de uruguayos en el exterior, etc.) el Frente Amplio ha preferido “meter la pechera”, atropellar la Constitución, ignorar las observaciones y aportes de los partidos de oposición y arremeter para la apresurada aprobación de una mala norma.
Sería muy extenso detallar pormenorizadamente la inconveniencia e inconstitucionalidad de diversos artículos contenidos en el proyecto de ley. Digamos solamente, a cuenta de mayor inventario, que el Frente Amplio pretende aprovechar las mayorías circunstanciales con las que hoy cuenta (¿cuenta?) para imponer restricciones, prohibiciones y limitaciones a los partidos políticos en materia de su financiamiento; cargas, obligaciones y prohibiciones a los titulares de medios de comunicación con sanciones draconianas como la pérdida de la autorización para funcionar; imposición de publicidad gratuita a esos medios sin compensación alguna y apropiación para el FA del pedazo mayor de la torta publicitaria sin ningún fundamento, ya que el haber obtenido más votos en una elección anterior no es un argumento válido sino una excusa discriminatoria respecto a los partidos minoritarios o los nuevos partidos, que viola claros preceptos constitucionales, asignación de nuevas obligaciones al Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral que no están en condiciones de cumplir, etc.
Invito a los lectores del semanario a leer con detenimiento el tan mentado proyecto de “transparencia”, con la convicción de que, al final de la lectura, coincidirán conmigo en que se trata de un intento, a las apuradas y con desesperación, de aprobar una mala ley.
