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El Ministerio de Trabajo (MTSS) tiene redactados dos proyectos de ley que pretende enviar al Parlamento, uno subsidiando la contratación de empleados por parte de las empresas, y otro que crea un fondo de garantía para el pago de los créditos laborales —con un tope equivalente a US$ 13.200 por trabajador— de firmas insolventes.
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Ambas iniciativas fueron comentadas la semana pasada en el Consejo Superior Tripartito. Sin embargo, los textos, a los que accedió Búsqueda, aún no fueron discutidos en ese ámbito.
El Fondo de Garantías de créditos laborales, que sería gestionado por el Banco de Previsión Social (BPS), toma como referencia algunas experiencias europeas. En la exposición de motivos del proyecto, de 15 artículos, el MTSS menciona los sistemas de Bélgica, Finlandia, Alemania y España —entre otros— para fundamentar la importancia “de incluir el riesgo de insolvencia del empleador como una contingencia más dentro del sistema general de la seguridad social”.
Al fondo propuesto accederían las empresas del sector privado que sean declaradas insolventes por la Justicia en el marco de la ley de proceso concursal (18.387). El instrumento cubriría a los trabajadores de ese ámbito, con la excepción de quienes posean un vínculo de parentesco con el empleador, así como aquellos que tuvieran responsabilidades en la alta dirección. Tampoco abarcaría a quienes pretendan dar continuidad al negocio conformando una cooperativa.
El fondo se compromete a garantizar el pago de los sueldos o jornales de hasta seis meses anteriores a la declaración de insolvencia, así como licencias y salarios complementarios. También incluye la indemnización por despido legal y la multa de 10% prevista en la ley de abreviación de juicios laborales. Todos los créditos que se paguen deben ser reconocidos ante la Justicia.
En el artículo octavo se establece que esos créditos laborales “se garantizarán hasta un monto máximo equivalente a 105.000 unidades indexadas a la inflación”. Al valor actual de esa unidad de cuenta y del dólar, son unos US$ 13.200 por trabajador que saldrán de una contribución “especial” patronal.
El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, había adelantado que el mecanismo se financiaría con parte de lo que se recauda por el Fondo de Reconversión Laboral: 0,025% del aporte patronal se redestinará hacia este instrumento y el restante 0,1% seguirá financiando al Instituto de Empleo y Formación Profesional (Inefop). El gobierno estimaba que en su primer año el fondo de insolvencia dispondría de unos US$ 3 millones.
Será el BPS quien abone a los trabajadores la prestación, gravada como una contribución especial de la seguridad social pero que no computará Impuesto a la Renta de las Personas Físicas.
Apoyo al empleo
El MTSS pretende aprobar también una serie de subsidios para las empresas que contraten a jóvenes de entre 15 y 29 años. El proyecto, de 15 artículos, fija un apoyo de hasta 25% de las retribuciones mensuales del trabajador (sobre una base de unos $ 18.000) para el caso de la primera experiencia laboral. Pero para contratos en calidad de “práctica laboral” el subsidio baja a 15% y para la “práctica formativa” en empresas puede llegar hasta 50%.
Como los empleadores deberán suministrar un tutor y acceder a licencias por estudio, el Ejecutivo propone un apoyo para el salario de ese referente y un subsidio de 80% de la licencia que deberá abonar al estudiante (o de lo que corresponda pagar por reducción horaria). Por participar en este programa las firmas podrán acceder a un etiquetado especial y la difusión de su marca “por medio de los canales de comunicación” que disponga la reglamentación.
Además, la iniciativa crea un subsidio temporal para la contratación de empleados de cualquier edad. Las empresas que contraten a nuevo personal podrán acceder a un apoyo de hasta 25% de las retribuciones mensuales del trabajador sujetas a montepío. Esto se dará durante 18 meses para puestos con un sueldo máximo de 2,5 salarios mínimos nacionales (unos $ 33.575). También planea un subsidio para los contratos a trabajadores mayores de 45 años.
Para acceder a estos apoyos las empresas deberán estar al día con sus pagos al BPS, MTSS y la Dirección General Impositiva, y no contar con otro subsidio estatal. No podrán haber efectuado despidos o envíos al seguro de paro en los 90 días previos ni posteriores (salvo por “notoria mala conducta”). Tampoco podrán participar las compañías suministradoras de personal.
De forma complementaria, el Inefop podrá otorgar subsidios en el pago de aportes patronales para emprendimientos cuyos titulares tengan entre 18 y 29 años, sean mujeres jóvenes, así como también jóvenes con discapacidad o vulnerabilidad socio-económica. Todo esto se financiará reconociendo US$ 15 millones de la deuda que el Ejecutivo mantiene con el Inefop.
Oposición empresarial
Mientras el gobierno espera aún una respuesta formal sobre estas propuestas, representantes del empresariado consultados por Búsqueda cuestionaron el impacto de los incentivos al empleo y se opusieron a la creación del fondo de garantía.
“Es un tema conceptual: estaría subsidiando los despidos y cierre de otras empresas”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio Lestido. Alegó que ya existe la ley de concursos para resolver ese tipo de situaciones.
En la misma línea se expresó Gabriel Murara, titular de la Cámara de Industrias. Consideró que solo se planea un aumento de la carga impositiva para el sector empresarial para financiar el fondo. Agregó que es importante que la propuesta esté “topeada” y regulada para que no se abra la puerta a “avivadas”. Y sugirió que el Poder Ejecutivo podría terminar con las discrepancias sobre este instrumento si vuelca un monto mayor de la deuda que mantiene con el Inefop para solventarlo.
Sobre la iniciativa para incentivar la creación de empleo, las dos gremiales acompañan —en general— la propuesta, aunque dudan sobre su impacto. “Las empresas, en especial en estos días donde hay conflictos tan radicalizados, buscan sobrevivir. Y eso no pasa por si te ahorrás $ 6.000 en contratar a tres trabajadores. (...) El tema es la inversión y el funcionamiento, que son asuntos de largo plazo”, sostuvo Murara.
