Proyecto sobre ciberdelitos

Nos encontramos hoy en el mundo con un avance exponencial de la tecnología, dispositivos electrónicos, software y equipos técnicos; estas herramientas no solamente ayudan al ser humano a ser más eficiente en los soportes o plataformas digitales y al desempeño de las empresas, son utilizados para violentar información, manipular datos, concretar hechos ilícitos y lesionar bienes jurídicos. En 2020 la crisis sanitaria global produjo una aceleración de los medios tecnológicos, los cuales tuvimos que poner en funcionamiento en el mundo para poder derribar los obstáculos de la cuarentena y aislamiento social y dar continuidad al funcionamiento de la comunidad tanto desde los centros educativos como de las grandes corporaciones. Las potencias más grandes impulsaron plataformas y mecanismos para continuar de una u otra manera con la vida social y una nueva normalidad. Por definición podemos hablar de ciberdelitos en forma genérica haciendo mención a una actividad delictiva, la cual es menester se realice con equipos informáticos o a través de redes en Internet. Esta nueva modalidad delictual —ya regulada en otros países de la región y el mundo o calificada como tal— es cometida por sujetos llamados ciberdelincuentes a través de medios tecnológicos, equipos informáticos o Internet. Los ciberdelincuentes atacan a personas físicas, jurídicas, entidades u organismos o agencias del gobierno con diferentes objetivos; la nómina puede ser bastante amplia: dañar, destruir, violentar información confidencial para realizar estafa económica o simplemente con el fin de llevar adelante un delito común que no ingrese dentro de la calificación (ciberdelito). En un informe de la OEA legisladores e investigadores en las Américas son quienes han tenido que centrarse en la persecución y sanción de los delitos cibernéticos, como la pornografía infantil, acoso, entre otros. Según estimaciones de Lacnic, el organismo que maneja el registro de direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, el cibercrimen le cuesta a nuestra región alrededor de 90.000 millones de dólares al año. En nuestro derecho no tenemos regulación aprobada pero recientemente ha ingresado un proyecto de ley al Parlamento para su tratamiento (carpeta N° 1.734 de 2021). Convenio Budapest. El proyecto tiene como antecesor el Convenio de Budapest sobre ciberdelitos del 23 de noviembre del año 2001; se trata del primer tratado internacional creado con el objetivo de proteger a la sociedad frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante la elaboración de leyes adecuadas, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación internacional. Dentro de cada uno de los tipos penales, la redacción de Budapest sobre cibercrimen otorga un margen a cada país, de forma tal que la norma se vuelve más o menos punitiva en los diferentes ordenamientos jurídicos. El convenio no solo incluye y menciona delitos sino también normas procesales, que son las más controvertidas dentro del ámbito. Existe una inequidad a favor de la seguridad por sobre las garantías de los ciudadanos; en estos puntos muchos países han puesto reservas a la hora de ratificar el convenio, surgiendo las siguientes interrogantes: ¿los Estados pueden grabar todas las actividades en línea?, ¿cuándo lo pueden hacer?,¿por cuánto tiempo? Existe un límite muy fino entre la privacidad de datos y el acceso a la información. Cabe mencionar que este instrumento internacional tomado por la mayoría de los Estados no contemplaba situaciones como la de Edward Snowden y la compra por parte de varios gobiernos de herramientas de espionaje, así como para el mundo del tráfico de datos personales.