Quienes dicen que en Uruguay los costos son altos deben “transparentar” su “modelo”, que puede llevar a “retrocesos”

—Antes de entrar en el año electoral algunos decían que este gobierno ya estaba terminado. Quedan unos 380 días. ¿Cuáles son las prioridades para lo que queda del mandato?

Ya hemos presentado más de una decena de documentos sobre temas sustanciales, que deberían estar en la agenda de todos los partidos. Y de aquí a abril, para que estén disponibles para el tiempo electoral, presentaremos el análisis de la mirada del Uruguay productivo en adelante para seis complejos estratégicos. Además, hay dos conceptos que estamos tratando de trabajar —economía circular y digitalización—, que tocan todo e implica una posibilidad de eficiencia económica muy importante, de un cambio radical. Todo esto tiene que estar sobre la mesa para la discusión pública con nivel, para contribuir a un imaginario de Uruguay que dé un salto cualitativo hacia delante.

Y vinculado con otro rol que nos tiene como coordinadores, están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda para 2030 de las Naciones Unidas. Es una visión equilibrada de lo económico, lo social y lo ambiental. Gran parte de las discusiones cotidianas que tenemos es por ver estas cosas por separado. La agenda más larga pasa por ahí, por discutir qué modelo de país queremos ser. Explicitemos, transparentemos. ¿Queremos tener una economía precarizada en materia laboral pero que pueda dar resultados extraordinarios para algunas actividades empresariales subestimando el desarrollo social y que muchas veces deja de lado lo ambiental?

—¿Ve en la campaña electoral un discurso a favor de la precarización laboral y de ganancias empresariales a cualquier costo?

—Lo veo. A veces no se dice explícitamente, porque es muy incómodo. Pero se sobreentiende. Por eso es importante transparentar los discursos.

Hemos tenido aquí a algunos ministros de Paraguay para promover a su país con diferente legislación a la que tiene Uruguay. Y hay mucha gente en Uruguay que habla bien de eso. Es una opción. No juzgo a Paraguay, un país hermano y que ha sufrido mucho. Pero sí me posiciono desde Uruguay, que ha elegido lo correcto para todos los uruguayos, no para algunos.

Cuando se dice que el costo salarial es alto y que somos un país caro, por detrás está ese discurso. El desafío no está en quitar derechos sino en dar un salto cualitativo, por crecer, y Uruguay puede hacerlo.

—¿Dice que no hay un problema de “costo país” alto y de competitividad? La preocupación por esos aspectos la señalan muchísimos empresarios, y lo muestran diversas encuestas…

—No niego que haya cosas que puedan ser mejorables.

Lo que nos brinda herramientas para tener una mirada más amplia son las 12 dimensiones que toma el Foro Económico Mundial, más básicas, más duras…

—Uruguay no sale muy bien parado en ese ranking de competitividad, está a media tabla…

—¡Tampoco estamos tan mal, eh! Y le paso un dato: cuando cambie la metodología este año y pase a haber más datos duros que lo que era anteriormente, que era mucho de opinión, el país mejora.

En el nivel en que está Uruguay, donde es muy importante la mejora en la innovación y la sofisticación de los negocios, tenemos mucho para hacer. Y eso es básicamente dentro de la empresa. Porque la competitividad es algo complejo y no es solo el tipo de cambio; ese es un mensaje que logramos transmitir.

Entonces, hay que atender todos los frentes y mejorar en materia de costos, a través de la eficiencia. A eso hemos apuntado.

—El Estado pesa en los costos. ¿Se avanzó en eso tanto en la administración central como en las empresas públicas? Porque lo que dice el precandidato blanco Luis Lacalle Pou y su asesora económica Azucena Arbeleche es que se debe corregir el desequilibrio fiscal básicamente por la vía de mejoras de eficiencias, para así poder aliviar la carga fiscal.

—Una gran tarea que van a tener los periodistas este año es ver si son compatibles los discursos de los candidatos presidenciales con lo que opinan sus asesores económicos.

—¿Hay contradicciones?

—Ya las hubo en la campaña pasada. ¡No se puede decir alegremente: “Voy a bajar tales impuestos”, y no decir cómo lo voy a hacer!

—¿Hay o no espacio para mejorar la eficiencia del gasto público?

—Hoy, en el presupuesto nacional, uno de cada cuatro pesos es previsión social. Eso lo va a tener cualquier gobierno, a no ser que propongan otra cosa en la campaña. Sumando educación, se está casi en la mitad del presupuesto. Las otras prioridades son salud y seguridad. Entonces, la acción sobre el presupuesto es acotada. En gasto de funcionamiento, partimos de una línea de base en promedio 88% de lo que era lo anterior. Son las acciones que se pueden tomar y que en los grandes números es difícil que muevan mucho la aguja, aunque es necesario tomarlas.

En materia de personal, en la administración central se ha reducido la cantidad de funcionarios y, de hecho, hay reclamos de sindicatos o de nuestros propios colegas de la necesidad de incorporar gente, porque se han ido muchos.

Se bajó el gasto en publicidad, misiones, en horas extra…

En las empresas públicas algo similar: vamos a cerrar el período de gobierno con un 15% de reducción real del gasto. Algunos hablan de despilfarro al referirse a la pérdida patrimonial en Ancap; ¡eso es una falacia, porque eso ya sucedió! ¡Ya se capitalizó, ya está, y hay que pensar para adelante!

—Aun con todas esas medidas hay un déficit fiscal que en períodos anuales ha estado persistentemente por encima de los US$ 2.000 millones o 3,5% del Producto Bruto Interno. ¿Es un desequilibrio estructural, que no se puede bajar?

—Nosotros hemos sido extremadamente austeros. Estamos mirando permanentemente la austeridad, se lo puedo garantizar. Trabajamos con la mayor austeridad posible y por tanto, me parece injusto cuando se habla de despilfarro. Me consta que en general es una visión compartida por todos y en particular, es la impronta del presidente Vázquez. La austeridad ha dado frutos.

Por otro lado, tenemos que encarar algunos temas para el Uruguay del futuro y por eso se ha ido implantando la necesidad de una reforma previsional. Tenemos tiempo de hacerla sin perder derechos. Esto debería estar en la campaña; si yo fuera asesor de algunos de los candidatos de la oposición estaría preocupado y debería ocuparme responsablemente de este tema.

El sistema político debería tener una conciencia muy grande sobre todo esto, y me remito a la discusión sobre la reforma de la “caja militar”, por ejemplo. Muchas veces, cuando se plantea que las soluciones pueden estar en las manos de un ministro de Economía o de un director de la OPP, bueno, en realidad las soluciones están en manos de todo el sistema político a favor de determinadas reformas.

—Insisto con la cuestión del “costo país”. ¿UPM haría otra gran inversión en Uruguay si no se le da la ventaja de operar sin pagar impuestos desde una zona franca, si no se le garantiza la paz sindical y una infraestructura logística adecuada? Todo eso es a lo que aspira cualquier empresa.

—Se trabaja a diario para tratar de darles eso a todos.

En este tema de UPM hay dos cosas fundamentales. Una es la localización de la posible tercera planta, que permite actuar frente al menor desarrollo relativo en el centro y el noreste del país. Jamás hubiera sido lo mismo si esta propuesta hubiera sido para instalarse en Montevideo. Segundo: las herramientas que se le dan están disponibles para todos, aunque en este caso ha pesado mucho el volumen de la inversión privada. Son unos US$ 4.000 millones, sumando los US$ 2.300 millones en la fábrica más la inversiones en toda la cadena —desde plantaciones, equipamiento, camiones, cosechadoras, etcétera—, además de US$ 260 millones en el puerto. También hay inversiones públicas con un valor de obra de US$ 800 millones en el ferrocarril, y más de US$ 250 en rutas y puentes.

Entonces, todas las herramientas utilizadas son las constitucionales y legales que el Uruguay tiene planteado. Si hay un planteamiento de eliminar las zonas francas…

—El planteo que hacen los empresarios no es eliminar las zonas francas sino poder operar con una menor carga de impuestos.

—Las condiciones impositivas exclusivas son en la zona franca por una inversión de US$ 2.300 millones en un determinado lugar del país. Y UPM va a generar US$ 120 millones de tributos por año, como la primera planta genera US$ 107 millones anuales. No hay que olvidarse que la zona franca es el enclave de la planta, pero esto tiene, aguas abajo y arriba, enormes implicaciones. Serán 400 trabajando dentro de la planta, pero habrá otros 8.000 empleos directos e indirectos permanentes.

Estos son los beneficios que tiene Uruguay, ¡Vamos a tener un ferrocarril del siglo XXI! ¿Acaso pensamos que esa entrada al puerto a flor de piso por detrás de la Torre de Antel tiene que implicar kilómetros de colas de camiones y autos? Esto es una oportunidad que se le da al país para hacer un salto en infraestructura, que va a ser utilizada también por otros sectores.

—Si UPM finalmente resuelve por alguna razón que no hace la inversión en su segunda planta, ¿el Ferrocarril Central sigue siendo rentable?

—¡Sí señor! Sigue yendo adelante.

—¿Pero sería un proyecto rentable? O va a quedar un tren…

—¡…y bueno, saquémosle la rentabilidad a todas las carreteras que hacemos! Tienen rentabilidad social. El tren va a hacer viables algunos negocios vinculados a la reducción de costos que se da con la mejora del ferrocarril.

En cualquier caso, la hipótesis planteada en la pregunta la entendemos lejana en función de todos los pasos que hemos ido dando. Esperamos de UPM una decisión positiva.

—Al inicio de la entrevista cuestionó algunos “discursos” de dirigentes de la oposición del “modelo” adoptado por el Frente Amplio. Si se diera un cambio de partido de gobierno, ¿Uruguay sufriría un retroceso?

—En materia de esa visión económica, social, ambiental, que se ve reflejada en los países europeos y en especial los nórdicos, podemos tener retrocesos.

?? El “hecho positivo” del equipo que no se toca

?? “Valoremos esta estabilidad”