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    Quince empresas de televisión por cable esperan fallo de la Corte para solicitar permisos y vender servicios de Internet

    La habilitación a cinco empresas de televisión por cable a ofrecer servicios de Internet, anunciada el jueves 16, era un tema que formaba parte de la agenda de gobierno desde antes de que asumiera. Otorgar las licencias a través de la legislación era el plan A tanto para el Poder Ejecutivo como para los cableoperadores. Pero el empantanamiento de la proyectada nueva ley de medios en el Parlamento llevó a la administración a dar las licencias atendiendo a los fallos de la Suprema Corte de Justicia.

    La decisión, que significó la pérdida del monopolio que tenía Antel en ese campo, causó un terremoto cuyas réplicas prometen hacerse sentir durante varias semanas. El paro de 24 horas del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (Sutel) el miércoles 22 es apenas uno de los capítulos.

    Las primeras cinco licencias son solo el comienzo. Hoy hay unas 30 empresas de televisión por cable del interior del país que están tramitando la obtención de esos permisos. Quince de ellas están esperando a la brevedad fallos favorables de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo a Búsqueda el abogado de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Juan Felipe Orticochea.

    El proceso se inicia solicitando la licencia ante la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), la que es inicialmente denegada, ya que el artículo 56 de la ley de medios vigente prohíbe expresamente a estas empresas brindar servicios de telefonía o de transmisión de datos. El trámite es una formalidad exigida para presentar el recurso de inconstitucionalidad de este artículo a la SCJ. Eso fue lo que hicieron las empresas Nuevo Siglo, TCC, Monte Cable, la coloniense Praiamar y la pandense Korfield, que obtuvieron fallos favorables entre 2016 y 2017.

    Aunque satisfechos con este paso, en la CUTA —compuesta por 81 asociados del interior, 2.500 trabajadores y un centenar de canales propios— duele la falta de una solución política a un reclamo de vieja data. Su presidente, Washington Melo, dijo que a la grave situación que vive el sector se le sumó “la injusticia y la distorsión en el mercado”, que supone que algunas empresas puedan ofrecer Internet y otras no. Para estas últimas, agregó, la disyuntiva es clara: o gastar unos US$ 3.000 dólares en el proceso administrativo y judicial —mucho dinero para las empresas más chicas— o fundirse. “Con el nuevo gobierno esperamos una solución legislativa y lo judicial lo dejamos como plan B. Como la cosa se complicó, ahora quienes pueden apelan al plan B”.

    La TV para abonados es un mercado que está perdiendo terreno en Uruguay. Según la Ursec, de 2018 a 2021 los servicios contratados bajaron de 704.202 a 606.909. El cable coaxial (la TV por cable) representa un 53% de ese total: 322.462 servicios. “Las empresas que no puedan ofrecer Internet tenderán a desaparecer. Esta es la evolución del negocio. En Argentina, sin ir más lejos, el 60% de la facturación de estas empresas es por Internet y 40% por el cable”, afirmó Melo.

    Aún no se sabe cómo ofrecerán Internet, si arrendando fibra óptica a Antel o haciendo su propio cableado. “El costo de hacer redes de fibra óptica es entre tres y cuatro veces más barato que con el cable coaxial, la operativa no es misterio para nosotros”, agregó.

    Terremotos

    El subsecretario de Industria, Walter Verri, aseguró que con estas habilitaciones “pasará lo mismo que con la portabilidad: augurios de terremotos que nunca ocurrieron”. Según dijo, a Antel y a los usuarios les “va a hacer bien la competencia”, al tiempo que subrayó que el ente “no a va a estar obligado a arrendar su infraestructura” como sí estaba establecido originalmente en el proyecto de ley de medios con el que este gobierno pretendía sustituir la norma actual.

    En una entrevista con el programa En perspectiva, el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, evitó decir si la empresa ofrecerá arrendar sus redes a los cableoperadores, aunque señaló que está abierta a analizarlo.

    “No se podía seguir dilatando esta decisión”, dijo Verri, haciendo hincapié en el deber de cumplir los fallos de inconstitucionalidad. “Entre 2017 y 2020 el gobierno (del Frente Amplio) no dio los permisos pese a las sentencias. Cuando asumimos nosotros fuimos primero por un camino largo, que nos hubiera gustado que se hubiera resuelto antes”, admitió, en referencia a la falta de acuerdos entre los socios de la coalición para aprobar una nueva ley de medios. En lugar de ello se optó —acá también— por el plan B.

    De cualquier forma, las réplicas seguirán produciéndose. La senadora frenteamplista Silvia Nane hizo un pedido de acceso a la información pública sobre los detalles que llevaron al contrato que la empresa firmó con los tres canales privados de televisión abierta de Montevideo para incluir sus contenidos en la plataforma Vera TV de sus servicios de telefonía móvil, por 1 millón de dólares anuales a cada uno, durante tres años. El contrato está a estudio del Tribunal de Cuentas. “Hay muy poca transparencia, como toda decisión de Antel”, expresó la legisladora a Búsqueda.

    En su cuenta de Twitter, Nane divulgó el resultado de un pedido de informes a la Ursec, que arrojó que al 22 de mayo Antel había perdido 1.256 clientes desde la entrada en vigencia de la portabilidad numérica, el 12 de enero: 12.915 ingresos y 14.171 egresos. Mientras, las privadas ganaron clientes: 402 Claro (8.737 y 8.335) y 854 Movistar (12.567 y 11.713). Es una marcada diferencia con la tendencia previa, donde la estatal era la única empresa con saldo a favor ( Búsqueda Nº 2.173).

    Eso fue un día después de que la Ursec publicara un informe favorable sobre el impacto de la portabilidad numérica a seis meses de su implementación, donde destacó que su puesta en vigencia provocó que los contratos mensuales bajaran en promedio 14,3%, el precio promedio del giga descendiera 74,6% y su rendimiento creciera 199%. Desde el regulador dijeron que esto redunda en un notorio beneficio para los usuarios y que la variación en las tendencias de las portabilidades refleja lo “dinámico” que es el mercado y la influencia de las promociones de las distintas empresas.

    Frente abierto

    Un día después del anuncio oficial, Sutel manifestó su “rechazo profundo a la decisión de romper con el monopolio” de Antel para brindar servicios de banda ancha, tal como lo expresó en conferencia de prensa su secretaria general, Florencia Leymonie.

    La intendenta de Montevideo y expresidenta de Antel, Carolina Cosse, dijo en entrevista con Búsqueda  que lo que está ocurriendo en la empresa es un “vaciamiento” y que no entiende cómo la apertura del mercado de las telecomunicaciones podrá beneficiar al usuario: “Nuestra empresa pública invierte US$ 900 millones en un proyecto de fibra al hogar. ¿Quién en su sano juicio va a invertir ese dinero en infraestructura para después abrirla y generarse su propia competencia? Es ridículo”.

    El vicepresidente de Sutel, Martín Sofía, señaló a Búsqueda que el sindicato va a aumentar su nivel de conflictividad, cuyas acciones terminarán de definirse en el congreso nacional del miércoles 29. “Cuando a uno le abren las venas es muy difícil que pare de sangrar”, graficó el dirigente sindical. Paralelamente, se estudia cuánto podría perder Antel de facturación y clientes.

    Según un informe técnico de setiembre de 2021 divulgado por el director por la oposición en Antel, en 20 años esto podría significarle al ente pérdidas de entre 527 y 805 millones de dólares.

    Información Nacional
    2022-06-22T21:27:00