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La divulgación de datos sobre deudas de colonos que explotan tierras del Estado y en algún caso ocupan ilegalmente predios del Instituto Nacional de Colonización (INC) y la decisión de dejar en evidencia a los productores rurales que “nunca devolvieron un peso” del apoyo otorgado por el Ministerio de Ganadería (MGAP) en sequías anteriores, evidencian como integrantes del gobierno y del Frente Amplio pretenden desacreditar a adherentes al movimiento de “autoconvocados” denominado Un solo Uruguay.
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El martes 20 la Presidencia de la República publicó en su sitio web que “el integrante de la Mesa de Colonos que acusó de mentiroso al presidente Tabaré Vázquez (a la salida de una reunión en el MGAP el lunes 19) es el señor Gabriel Arrieta, ocupante de tierras del INC en Kiyú, San José”.
“Desde 2008 mantiene deudas con ese ente estatal, y no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado”, indicó, y agregó que “fue denunciado” por productores. “Desde 2013 se inició el proceso de entrega de la tierra, estando ahora en proceso judicial correspondiente”, informó.
Varias horas antes de esa comunicación de Presidencia, un mensaje similar circulaba en las redes sociales en el que también se consignaba que Arritea “además es deudor del Fondo de Emergencia Agropecuaria”.
El 10 de marzo de 2010 el INC adjudicó en arrendamiento un campo en el paraje Kiyú que comprendía unos cinco padrones y un total de casi 150 hectáreas a un grupo de productores, entre los que figuraba Arrieta. En el documento, Colonización dispuso que ese colono debía “establecer un convenio de pago de las deudas que mantiene con el INC”, lo que revela la condición de deudor que ya tenía en ese momento. En otra resolución fechada el 17 de agosto de 2011 ese ente estatal determinó la regularización de la titularidad del servicio de energía eléctrica a la Cooperativa Agraria 12 de Mayo, integrada por Arrieta y otros productores, y el pago de las sumas que se adeudan a UTE, previo a la adjudicación del campo, que sería “en forma precaria” por dos años.
En diciembre de 2013 el directorio de Colonización decidió “rescindir el contrato de arrendamiento” del campo con esa cooperativa y “adoptar medidas judiciales de libre disponibilidad del predio y el cobro de las sumas adeudadas”.
Al tiempo, esa cooperativa se disolvió y Arrieta fue el único de los integrantes que se quedó ocupando una de las fracciones del INC que cuenta con 32 hectáreas. Colonización sigue el proceso judicial para concretar el desalojo de ese campo, con la resistencia del ocupante.
Sobre la publicación de las deudas de ese colono, el abogado penalista Juan Fagúndez señaló a Radio Universal que “es un abuso de poder y puede llegar a constituir un delito”.
A desalojar.
Otro de los casos de deudores es el del colono José Nemesio da Luz que arrienda un campo en la Colonia Eduardo Acevedo, en Artigas, con una extensión de 413 hectáreas, según datos a los que accedió Búsqueda.
Desde 1974 ese productor es colono y en 1991 solicitó autorización al INC para ceder unas 100 hectáreas bajo un contrato de aparcería destinada al cultivo de arroz por cinco años. Da Luz cobró el dinero correspondiente por ese negocio, pero no pagó las deudas de rentas y aparcerías a Colonización que mantiene desde 2001, según los datos oficiales.
El INC le refinanció las deudas a ese colono en 2003 y lo autorizó a realizar medianerías cada un año con previa autorización con el objetivo de que pueda capitalizarse. En 2007 Da Luz fue incluido en un programa de refinanciaciones de adeudos de renta, para lo cual firmó los convenios de pago correspondientes. Dos años más tarde Colonización constató que ese productor incumplió con sus compromisos de la refinanciación.
Otra infracción detectada en ese caso fue en 2011 por la tenencia en el predio de animales pertenecientes a terceros, sin la autorización del Directorio del ente. En 2013 el INC rescindió el contrato con Da Luz y le inició un juicio para la entrega del campo y el cobro de las sumas adeudadas. En 2015 el hijo de ese colono, Pablo da Luz, planteó a Colonización pagar la renta del año, la revisión de la deuda y un plan de explotación tercerizada de la tierra, lo que fue rechazado por el Directorio.
En 2016 ese productor propuso entregar la mitad de la fracción como forma de pago de la deuda y que la otra parte sea adjudicada a su hijo, lo que también fue negado por el INC. Luego, en octubre de 2017, ese instituto presentó un escrito para el lanzamiento del predio e inició un juicio para el cobro de los honorarios correspondientes.
La fecha de lanzamiento está fijada para el miércoles 28, pero el lunes 19 tras la gestión del Sindicato de Peones de Estancia y el Movimiento por la Tierra que plantearon buscar alternativas de solución, el directorio de Colonización decidió posponer el desalojo, lo que fue comunicado al Juzgado encargado del caso, según información recabada por Búsqueda.
Integrantes del gobierno fueron alertados sobre una convocatoria para resisitr al eventual desalojo de ese campo entre algunos participantes del grupo de “autoconvocados”.
Así como en el caso de los colonos, también fueron divulgados datos sobre las deudas de productores ganaderos que recibieron apoyos del MGAP en operativos de entrega de raciones en años anteriores, para hacer frente al déficit hídrico.