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    Reformas que ataquen rezago en la capacitación de los trabajadores uruguayos elevarían el PBI por habitante hasta 37%, según estudio

    En América Latina la enseñanza y la capacitación para el trabajo han “avanzado por caminos separados”, con sistemas que “suelen ser anticuados y estar desacreditados y desconectados de las necesidades del sector productivo”. Una reforma educativa que actúe sobre esa realidad podría tener efectos económicos positivos y permitiría elevar 17% el Producto Bruto Interno (PBI) por habitante de Uruguay hacia el 2050.

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    Cambios que además supongan capacitar a la fuerza laboral que ya está activa en el mercado incrementaría el PBI per cápita todavía más, un 37% respecto al nivel de 2010 (casi U$S 12.000 anuales).

    ¿Cómo reorientar el enfoque de las políticas productivas de la región y las capacidades institucionales para llevarlas a cabo? Ese es el ángulo de análisis de un libro de más de 500 páginas —titulado “Desarrollo en las Américas 2014. ¿Cómo repensar el desarrollo productivo? Políticas e instituciones sólidas para la transformación económica”—, editado por el BID bajo la coordinación de Gustavo Crespi, Eduardo Fernández-Arias y Ernesto Stein, y presentado la semana pasada en Montevideo. En el prefacio, el presidente del organismo de crédito, Luis Alberto Moreno, alude al “inaplazable debate sobre qué deben hacer América Latina y el Caribe para crecer de manera sostenida e incluyente”.

    En ese sentido, uno de los temas abordado en el estudio refiere a la capacitación y la educación, dado su “rol determinante” en la productividad de los trabajadores y, por ende, en el desarrollo económico en la región. Por eso los autores advierten que sin “profundas reformas que comiencen en la base del sistema educativo, será difícil lograr mejoras generales y sostenibles en capital humano” que permitan progresos económicos en América Latina.

    Evalúan que las deficiencias están en la “pertinencia” y “calidad” de la formación, que han quedado manifiestas en las pruebas internacionales conocidas con la sigla PISA. Y preguntan cuánto cuesta el “rezago en habilidades cognitivas de los trabajadores de la región”. Para contestar a ello, presentan las pérdidas económicas de los países latinoamericanos como un resultado del rezago en dos escenarios: el primero, con una reforma educativa que mejore el promedio de las pruebas PISA en 50 puntos en 10 años, y el segundo, con una que mejore el puntaje en la misma dimensión y plazo pero que se complemente con un esfuerzo similar para los trabajadores que ya están en el mercado de trabajo.

    En las pruebas más recientes Uruguay obtuvo 409 puntos en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas, lo que ubicó al país en el lugar 57º entre 67 evaluados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

    Según los cálculos presentados en el estudio del BID, el PBI per cápita de Uruguay en 2050, luego de una reforma, sería 17% más alto que el alcanzado sin la misma. En el caso de complementar la reforma educativa con una capacitación para la fuerza laboral activa, el PBI per cápita sería 37% mayor que en 2010.

    En esa línea, en el documento se subraya la relevancia de “diseñar políticas complementarias a las reformas educativas para tratar el problema de las brechas de habilidades en la fuerza laboral activa”.

    Luego aborda el gasto público en capacitación y la proporción de trabajadores calificados respecto al total de mano de obra empleada. En ese sentido, los autores señalan que el mismo alcanza un promedio no superior al 0,4% del PBI regional. En el caso de Uruguay, el gasto en capacitación es de los más bajos y lo mismo sucede con la proporción de trabajadores calificados con relación al total de empleados.

    Plantean que “revertir” tal ecuación es uno de los principales “desafíos para el desarrollo productivo de la región”.

    Clusters y Zonamérica.

    En el estudio se menciona el cluster o conglomerado del software de Montevideo. Se trata —según los autores— de un sector donde las instituciones públicas han reaccionado “lentamente” a la necesidad de ampliar la fuerza laboral, lo que ha limitado su crecimiento. Agregan que debido a esa “falla de gobierno” el sector empresarial optó por “reciclar” profesionales de otras áreas, aunque reconoce que ese tipo de iniciativas suelen “generar acciones de corto plazo sin un volumen suficiente” para sopesar la respuesta insuficiente del sistema educativo formal.

    El estudio menciona el caso del conglomerado de turismo en Colonia.

    También destaca Zonamérica como un “centro de excelencia privado” y afirman que el modelo de esa zona franca puede proveer una solución privada al suministro de servicios colectivos para clusters, que puede ser “especialmente efectiva” cuando el “suministro público es deficiente”. Los autores afirman que la mano de obra calificada que emplea Zonamérica “es un puente importante” para aportar prácticas de alta productividad al resto de la economía. Y señalan que “vale la pena explorar si acuerdos productivos como los de Zonamérica pueden funcionar a mayor escala, con un sacrificio fiscal aceptable”.

    En la construcción resaltan la organización de los agentes privados de Uruguay con entidades públicas para llevar adelante un programa piloto que exigía inversiones de U$S 6 millones para capacitar a 5.000 nuevos trabajadores entre 2010-2013. Los investigadores evalúan esta experiencia como una iniciativa “prometedora” que ilustra la acción desde el sector productivo en reacción a la falta de capital humano calificado.