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“Cuando escuchamos hablar de regulación temblamos y cuando escuchamos de simplificación es música para nuestros oídos”, graficó el gerente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Marcelo Oten, a continuación de la exposición sobre los cambios normativos que prepara el Banco Central (BCU) para atraer a las medianas empresas al mercado de capitales. Lo que acababa de escuchar en el foro efectuado el viernes pasado fue lo segundo.
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Un proyecto de normativa que hará más sencillo que pequeñas y medianas empresas (Pymes) coloquen títulos para financiarse se hará público en pocos días para recoger comentarios de los agentes, y a fines de octubre o comienzos de noviembre sería aprobado por la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, dijo a Búsqueda una fuente oficial. Si bien no hay estimaciones del efecto concreto que pueda tener este cambio, la expectativa es que funcione especialmente para empresas medianas.
Hoy a las bolsas recurren unas pocas empresas y en general todas grandes. Es el caso de Conaprole, el frigorífico Colonia, la distribuidora de combustibles Ducsa, la concesionaria del hipódromo de Maroñas, la explotadora del aeropuerto de Carrasco, la Asociación Española o Industrias Sulfúricas, por ejemplo, que emitieron obligaciones negociables o fideicomisos. El mercado de capitales local está subdesarrollado, admiten tanto jerarcas como sus propios actores, pese a que en los gobiernos del Frente Amplio fue aprobada una nueva ley para regularlo y promoverlo, entre otras acciones.
En el marco de un foro organizado el pasado viernes 30 por el BCU y el Instituto Interamericano de Mercado de Valores, el intendente de Servicios Financieros de la autoridad monetaria, José Antonio Licandro, comentó los ejes centrales del proyecto normativo sobre “emisiones simplificadas de oferta pública”. Apunta básicamente a bajar costos para la salida al mercado de deuda por parte de Pymes.
Por el lado de los emisores, la Superintendencia ofrecerá a las empresas interesadas modelos estándar para la presentación del prospecto de colocación del papel y los diversos contratos asociados. Además, se les elimina el requisito de presentar información de responsabilidad limitada semestral —que es “muy costosa” para las Pymes, dijo el jerarca—, a la vez que no se pedirá la integración de un comité de auditoría y vigilancia, entre otros aspectos.
Estos papeles podrán ser adquiridos por los agentes que ya participan en el mercado: bancos, AFAP y otras instituciones financieras. También particulares o personas jurídicas que “califiquen” para poder hacerlo, ya que se pondrá “alguna vara que van a tener que saltar”, explicó Licandro. Por ejemplo, a los inversores personas físicas se les pedirá que tengan un manejo de activos financieros superiores a los cinco millones de unidades indexadas (UI) a la inflación —unos U$S 612.500—, que presenten una declaración jurada cada no más de tres meses y una manifestación expresa acerca del conocimiento de que comprarán una emisión especial. Las bolsas y los intermediarios bursátiles tendrán que verificar que los inversores cumplen con esos requisitos.
La nueva normativa está prevista para Pymes (con ventas anuales de entre 2 y 75 millones de unidades indexadas a la inflación en los últimos dos ejercicios).
Palo y zanahoria.
Licandro justificó la necesidad de este cambio regulatorio señalando que si bien el mercado de capitales se está haciendo más relevante como fuente de financiamiento para las empresas en general —estimó que podría superar el 40% del total este año—, las Pymes “no están”. En cambio, indicó que se ha detectado que algunas recurren a emisiones privadas, por fuera del ámbito de las bolsas, que no está regulado. Eso genera “preocupación” porque trae asociados riesgos potenciales para los inversores y también para el BCU, de tipo reputacional. Recordó que en los años noventa el mercado de valores de deuda privada casi desaparece, dijo, a raíz de un caso—el impago de obligaciones de Granja Moro—; “no queremos que se vuelva a repetir el plato”, subrayó.
El jerarca dijo que en julio pasado, una circular del BCU ajustó la definición de lo que es oferta pública de títulos. “Esto fue el palo”, graficó. La “zanahoria”, el estímulo al mercado, será esta nueva regulación, indicó.
También resaltó como un objetivo de esta medida la búsqueda de mayor transparencia en los negocios con valores en Uruguay. En esa misma dirección apunta otra innovación regulatoria que lanzará el BCU para controlar las operaciones que se hacen por fuera de las bolsas (“over the counter”) que fue comentada en el seminario por Isabel Varela, del área de Supervisión Bursátil del BCU.
Oten, y su colega de la Bolsa Electrónica de Valores, Eduardo Barbieri, expresaron beneplácito por ambas medidas anunciadas. La emisión simplificada —que era una demanda planteada en el ámbito de la comisión de promoción— será “algo estupendo”, celebró este último.
No había directores del BCU presentes, pero el ministro de Economía, Danilo Astori, cerró el seminario dando un espaldarazo político a estas iniciativas. El desarrollo del mercado de valores está en la “agenda de este gobierno”, aseguró.
