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El gobierno anunció a mediados del 2016 que presentaría un régimen simplificado para facilitar el acceso al financiamiento en el mercado de capitales para pequeñas y medianas empresas. Luego, en julio pasado, el Banco Central (BCU) aprobó un reglamento que dejó a varios jugadores bursátiles con gusto a poco.
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Según la nueva norma, podrán acogerse firmas con ventas anuales por el equivalente a entre US$ 254.000 y US$ 9,5 millones. Quedan excluidas las que pertenezcan a grupos económicos cuya facturación consolidada supere esos montos.
El tratamiento diferencial respecto a otros emisores será el de prescindir de un comité de auditoría y vigilancia, de un auditor interno, así como de presentar de forma semestral informes de revisión limitada.
Tanto la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) como la de Montevideo (BVM) apoyaron la iniciativa pero consideraron que se mantienen los costos más importantes que actúan como barrera. Eso porque todas las empresas que emitan en el mercado deben tener un auditor externo para la elaboración de los informes que pida el supervisor, a la vez que están obligadas a cumplir normas de gobierno corporativo y contratar calificaciones de riesgo.
“El enfoque está bueno porque es tratar que los procesos sean más sencillos, pero se ha concentrado en dos requerimientos corporativos que consideramos insuficientes. Otras regulaciones, como la peruana, simplificaron el proceso en sí mismo y con registrar prácticamente es posible emitir”, dijo a Búsqueda el gerente general de la Bevsa, Eduardo Barbieri.
Opinó que el BCU podría haber contemplado “empresas de mayor tamaño” y señaló que la circular “no fue lo suficientemente profunda como para generar un cambio”.
La gerenta de la BVM, Patricia Torrado, valoró el régimen aprobado como un “avance” porque “le saca carga a la empresa en cuanto a presentación de información, pero no son incentivos suficientes para que las de menor tamaño salgan a emitir. Otros costos más elevados se mantienen. El BCU podía dar más margen para actuar”.
Un operador con conocimiento de los procesos de emisión estimó que se podría haber dado un plazo mayor para la presentación de estados contables y que el regulador debe entender que en las empresas familiares no se da la independencia pretendida entre el directorio y la gerencia. Otra fuente fue más dura: “Todo es muy complicado, sobre todo los costos. Si en los próximos cinco años hay una emisión salgo a aplaudir”.
Requerimientos.
El BCU dispone que todas las firmas que emitan en una bolsa deberán asegurar “competencia ética y profesional” de directores, administradores y personal superior, sistemas de control “fiables”, un plan de negocios con flujos financieros y presupuestos anuales, así como un código de ética interno.
La circular estipula que todas las empresas cuyo patrimonio sea mayor a US$ 3 millones deberán conformar un directorio de al menos tres miembros que asegure una “visión independiente” de la gerencia.
El regulador aclara que las firmas deben tener una estructura equilibrada que defina roles y responsabilidades.
Requiere que los estados contables se presenten de forma anual y hasta tres meses después de cerrado cada ejercicio. Además, con un plazo de cuatro meses, deberán enviar testimonio notarial de las actas de asamblea donde aprobaron los balances, memoria anual del directorio y una actualización de la calificación de riesgo.
Aunque todavía hay documentación de las emisiones por definir, CAF-Banco de Desarrollo de América Latina ya organiza un taller para difundir el régimen.
