Registro de deudores centra consultas y denuncias ante el BCU

De un total de 2.001 inquietudes escritas recibidas el año pasado por el Departamento de Consultas de Mercado del BCU, 801 (40%) estuvieron referidas a la Central de Riesgos. Y fue el motivo de otras 2.565 canalizadas personalmente, ya sea en mostrador o por teléfono (71%). Las interrogantes estuvieron referidas al funcionamiento de dicho registro de deudores, a la definición de las categorías, a la información de las clasificaciones publicadas o a errores detectados en los datos brindados por las entidades financieras, surge del Reporte de Atención al Usuario Financiero de 2017 publicado la semana pasada.

Algunas de las denuncias más frecuentes relacionadas con ese registro apuntan a corregir datos allí publicados. En estos casos el BCU requiere información probatoria y, en caso de confirmarse un error, instruye a las instituciones a subsanarlo.

Otra “situación reiterada” se origina en las cuentas bancarias abiertas por empresas educativas o empleadores a nombre de estudiantes o empleados, respectivamente; cuando se termina la relación contractual el titular deja de utilizarla sin solicitar la baja, generando comisiones y gastos (lo que deriva en una mala calificación en la Central de Riesgos). Si la entidad bancaria no cumplió con la disposición de notificar el importe de la deuda —mediante el estado de cuenta—, el BCU interpreta que la misma no es imputable al cliente y corresponde modificar las clasificaciones que se le hubieran asignado en el registro.

Algo similar ocurre en el caso de tarjetas de crédito emitidas sin mediar solicitud expresa del titular o en caso de renovaciones de “plásticos” que no son retirados (generando costos de emisión que permanecen impagos). Comprobada la situación, la institución emisora de la tarjeta debe efectuar las correcciones en la Central de Riesgos, además de devolver los importes cobrados indebidamente.

Consultas frecuentes

El reporte indica que la gama de consultas recibidas es “muy variada”. A modo ilustrativo menciona algunas de las temáticas más frecuentes, además de la referida a la Central de Riesgos.

Apertura de cuentas.

Por la apertura de cuentas preguntan casi exclusivamente agentes no residentes que pretenden operar con una entidad financiera local. El BCU responde indicando el listado de instituciones habilitadas; en algún caso debió informar que el organismo supervisa y fiscaliza el sistema, pero no presta servicios de banca comercial.

Billetes.

Son una consulta “común” los procedimientos para verificar la autenticidad de los billetes y por el canje de aquellos deteriorados. El BCU aclara que el canje es solo de los billetes en moneda nacional; los recibe en mostrador para su análisis y eventual recambio por otros en buen estado.

Cuentas inmovilizadas.

Los usuarios “reiteradamente” preguntan sobre el dinero en cuentas bancarias que queda inmovilizado; eso ocurre luego de cinco años desde el último movimiento. Los fondos pasan a una cuenta a nombre del Tesoro Nacional —denominada “Depósitos paralizados”— en el Banco República. Los que acrediten la titularidad pueden hacer valer sus derechos dentro de los 10 años siguientes.

Mails fraudulentos.

Son frecuentes —dice el reporte— las consultas por mails que prometen “suculentos beneficios económicos a cambio de información de sus cuentas, tarjetas de crédito o directamente solicitando se transfiera dinero”. Frente a esos “fraudes transfronterizos”, el BCU pide que el denunciante le reenvíe el correo para analizarlo.

Clientes.

Ante consultas sobre este asunto, el organismo aclara que son las instituciones financieras las que definen las reglas para aceptar o no a sus clientes, así como el tipo y alcance de la información que le solicitan —dentro del marco normativo— para cumplir con la obligación de conocerlos.

Vale en blanco.

“Muchas consultas” apuntan a la legalidad de la creación de títulos valores incompletos, que omiten algunas menciones o requisitos propios de ese tipo de documentos. Un ejemplo de ello es el vale en blanco sin especificación de fecha e importe que se le solicita al momento de la emisión de la tarjeta de crédito. Esto se encuentra habilitado por la reglamentación. El BCU aclara que una vez cancelada la obligación, la institución debe entregar bajo recibo el título valor suscrito o una carta de pago. Si no fuera retirado, la entidad tiene que destruirlo como máximo a los 12 meses de cancelada la obligación.

Fraudes.

Entre las denuncias recibidas figuraron casos de fraude por duplicación, clonación o skimming, algunos ocurridos en el exterior. Las tarjetas con chip ofrecen más protección, afirma el reporte, aunque aclara que la normativa en Uruguay no obliga o insta a las instituciones a mejorar la seguridad de las tarjetas.

Cajeros.

Para resolver denuncias ante cajeros automáticos que dispensaron un importe menor al solicitado por el cliente, como primera medida el banco propietario efectúa un estudio de la cinta de auditoría y de los recuentos físicos de dinero; si no hay sobrantes o no constató fallas o irregularidades en el funcionamiento del cajero, deniega el reclamo.

El BCU acota que las filmaciones de la propia cabina del cajero automático son elementos de prueba que pueden ser fundamentales. Un decreto exige el guardado de la grabación de imágenes por 30 días calendario, un plazo que —según el organismo— “resulta escaso, en especial considerando la cantidad de entidades involucradas en el proceso (que pueden ser de dos supervisadas y la red de cajeros automáticos)”.

Préstamos fraudulentos.

Se recibieron “reiteradas denuncias” de fraude contra personas que se les reclama el pago de un crédito que nunca pidieron, generalmente en locales comerciales. “En muchos casos los damnificados recién toman conocimiento del hecho al constatar que están siendo informados con una mala categorización en la Central de Riesgo”, explica el reporte. En estas situaciones se le informa al denunciante sobre su potestad de recurrir a las instituciones y/o a la Justicia, a efectos de desconocer la deuda que se le imputa.

Afiliación errónea.

El BCU informa que recibió denuncias de personas que figuran como afiliados a una AFAP pese a nunca haberse inscripto. Para analizar estos casos solicita a las entidades involucradas la copia de los formularios de afiliación firmados por el involucrado, cuyos resguardos son mantenidos en la propia administradora de fondos previsionales y en el Banco de Previsión Social.

El reporte consigna que también hubo denuncias de afiliaciones a menores de edad con “vicios de nulidad relativa”.