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Entre los uruguayos se va extendiendo el uso de la tarjeta de débito como instrumento para abonar consumos, al mismo tiempo que crecen las cuentas bancarias asociadas al pago de haberes y el dinero electrónico empieza a desarrollarse. Todo esto de la mano de un plan lanzado en el gobierno anterior y continuado por el actual, que apunta a universalizar el acceso a los servicios financieros y estimular la formalidad de las transacciones económicas.
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Desde el Poder Ejecutivo se visualiza esta “inclusión financiera” como una de las “transformaciones estructurales más importantes que ha hecho el país”. En cambio, sectores comerciales y de la oposición política rechazan aspectos de esta reforma del sistema de pagos, cuya base es una ley de 2014 (19.210) que entre otras cosas obliga al pago de salarios, pasividades y honorarios profesionales mediante instrumentos electrónicos. Desde 2018 el requisito se extenderá también a ciertas transacciones a partir de determinados montos, como la compra de inmuebles o vehículos.
Un estudio del BBVA fechado en junio concluye que, en materia regulatoria, la bancarización tiene mucho trecho por recorrer. En Uruguay, al igual que en Argentina y Brasil, son necesarios “cambios importantes” para que sus marcos normativos alcancen el potencial que mejore la inclusión financiera de la población, señalan sus autoras, Liliana Rojas-Suárez, del instituto de investigación Centro para el Desarrollo Global, y Lucía Pacheco, de BBVA Research.
Analizando 11 prácticas regulatorias relativas a la bancarización, Uruguay recibió una puntuación de 1,2 —en un máximo de dos— en el índice global, lo mismo que Chile y Colombia. Argentina y Brasil son los que presentan el peor score (ambos 0,9), mientras que los mejor calificados son México (1,6) y Perú (1,8).
El análisis abarca tres categorías de regulaciones: las que determinan la calidad general del entorno financiero en el que operan los proveedores de servicios financieros; aquellas que se ocupan de tipos específicos de fricciones de mercado y describen las reglas del juego para la provisión de productos y servicios financieros específicos, y las que, aunque involuntariamente, crean distorsiones y barreras que afectan negativamente la inclusión.
Chile, Colombia y Uruguay comparten una “baja” puntuación en cuanto a su marco regulatorio específico, evalúan las autoras.
Fortalezas y debilidades.
Al identificar las debilidades y las fortalezas de las prácticas regulatorias específicas, afirman para el caso de Uruguay que “hay margen de mejora” para el dinero electrónico. Como Paraguay, el país carece de disposiciones suficientes para salvaguardar los fondos de los clientes, a la vez que existen importantes restricciones sobre los honorarios y comisiones a cobrar, argumentan.
Uruguay tiene una puntuación de 1,6 en cuanto a la regulación para un adecuado funcionamiento de los corresponsales financieros, una figura que permite canalizar servicios bancarios a través de cadenas de supermercados u otros comercios. Según el estudio, el país no cuenta con una definición de microcrédito en su regulación y, como consecuencia, carece también de un marco para la gestión del riesgo de las carteras de este tipo de préstamos reducidos.
Los impuestos a las transacciones bancarias —como retiros de cuentas corrientes y de ahorro— tienen diseños disímiles en los países latinoamericanos, y algunos influyen más que otros en cuanto a la inclusión financiera; entre los países de la muestra, Uruguay y Paraguay se destacan por lograr la puntuación más alta posible, ya que no se utilizan en sus sistemas financieros, conforme con el estudio.
Por otro lado, Uruguay —al igual que Brasil, Colombia y Chile— aplica topes a las tasas de interés y se estima que crean distorsiones importantes en la provisión de crédito a las pequeñas empresas y a los clientes de bajos ingresos.
Algunas “fortalezas” en el caso uruguayo son un marco de supervisión que descansa en férreos poderes; una regulación simplificada de cuentas bancarias; sistemas de información crediticia completa y de fácil acceso para prestamistas y prestatarios, y un régimen “proporcional” sobre conocimiento del cliente. Del otro lado, entre las “debilidades” se menciona que la regulación simplificada de las cuentas tiene algunas limitaciones; que las normas sobre el dinero electrónico no imponen requisitos de capital a los proveedores no bancarios para garantizar una protección adecuada de los fondos, y que hay limitaciones en la interoperabilidad de las redes de agentes. Además, hay carencias en materia de educación financiera.
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