Existe una célula frenteamplista de engañadores compulsivos que repite con sistema la narrativa autocomplaciente de una izquierda que se inventó su propio relato, como el sastre que acomoda el saco según la hinchazón de la pancita.
No todo el FA es así, pero quienes lo hacen actúan queriendo reinventar la historia.
En semanas pasadas, salió en un tuit la afirmación de un importante referente del comunismo uruguayo, aseverando que “sin huelgas no tendríamos 8 horas ni jubilaciones”.
La afirmación mereció un cerrado rechazo de la tuitósfera, pero lo que inquieta es que no todos los que lo leyeron terminaron escandalizados.
Uruguay comenzó a funcionar como un nuevo Estado en 1830 y cinco años después echó raíces la primera gran ley social que tuvo el país, que fue la abolición de la esclavitud.
La decisión no fue sencilla de consolidar, aunque sí moralmente imperiosa, en un naciente Estado vecino a un enorme imperio como Brasil, donde la esclavitud fue legal hasta 1888 y justificó invasiones militares a Uruguay.
El gobierno de Oribe prohibió en 1835 la introducción de esclavos al país y abolió esta deleznable práctica 17 años antes de que Lincoln lo hiciera en los Estados Unidos.
El presidente Manuel Oribe dispuso (13/10/1835) que quedaba prohibida la importación de esclavos al territorio oriental, incluyó la disposición en el mensaje a las Cámaras del siguiente año (21/3/1836) y poco después editó un decreto rezando que “los esclavos introducidos en la República, bajo cualquier denominación que sea, son libres de hecho y de derecho” (16/05/1837).
Nueve años después, durante el Gobierno del Cerrito la asamblea aprobó la ley de abolición (26/10/1846), indicando que quedaba “abolida para siempre la esclavitud en la República” y se corrigieron todas las malas interpretaciones de los mandatos legales que regían hasta entonces.
En 1835 se aprobaron las primeras pensiones para las viudas e hijos de los veteranos caídos en la guerra de la independencia (Ley 81, del 19/03/1835), y las primeras jubilaciones para los veteranos de guerra (Ley 91, del 03/06/1835), que alcanzó a oficiales retirados, luego ampliadas por la Ley 97 (16/06/1835).
Luego se mejoraron los subsidios a viudas y huérfanos de las guerras patrias, otorgados por la originaria Ley 81, lo que a su vez fue mejorado por la Ley 137 (03/05/1838).
Las primeras jubilaciones otorgadas a los empleados civiles fueron creadas por la Ley 173 (05/05/1838), y para su puesta en marcha no hubo necesidad de huelgas ni paros, como sostuvo el señalado referente comunista.
Se aprobaron, además, las primeras disposiciones de retiro por diversas causas de los empleados al servicio del Estado, y se crearía el montepío como forma de financiamiento del mecanismo previsional.
Todo esto ocurrió unos 18 años antes de que los jóvenes Karl Marx y Friedrich Engels escribieran en Londres el famoso Manifiesto del Partido Comunista, por encargo de la Liga de los Comunistas.
Podrían mencionarse también las leyes sociales del presidente Bernardo Prudencio Berro, que fijó por primera vez en el país un salario mínimo para los trabajadores rurales, y la legislación que limitó a seis años los contratos de trabajos para evitar que la relación laboral con los empleadores se convirtiera en una forma esclavitud encubierta.
No es del caso aburrir al lector con demasiados detalles, porque el siglo XIX tiene otras iniciativas sociales de consideración, pero importa destacar la aprobación de las leyes de jubilación de maestros y personal docente, impulsadas por los diputados nacionalistas Alberto Palomeque y Evaristo Ciganda.
La ley que benefició los retiros del personal de la Dirección de Instrucción Pública fue aprobada el 28 de mayo de 1896.
En 1905 una iniciativa legislativa de los diputados Carlos Roxlo y Luis Alberto de Herrera buscó reducir la jornada laboral de los trabajadores, crear indemnizaciones por accidentes de trabajo, limitar las jornadas de trabajo diurno y nocturno, reconocer el derecho al descanso obligatorio, legislar sobre el descanso semanal y aprobar los primeros feriados pagos.
La iniciativa de Roxlo y Herrera también propuso regular el trabajo de los menores de edad y de las mujeres, y legisló las primeras normas de higiene laboral.
En el programa de 1906, el Partido Nacional abogó por la creación de un banco que brindara protección frente a los accidentes de trabajo, se instalara el arbitraje estatal para la solución de controversias entre empleados y patronos, se mejorara los salarios de las mujeres trabajadoras y se dispusiera el descanso dominical obligatorio.
En 1907 el diputado Carlos Roxlo presentó otra ley que reconocía el derecho de sindicalización de los trabajadores y amparaba el derecho de huelga, del que hoy tanto hablan algunos referentes del Partido Comunista del Uruguay, al punto de escribir una obra de teatro titulada La huelga, a propósito de un conflicto laboral desatado en la época por el reclamo de una flagrante injusticia social.
Esto sucedió cuando aún no existía el comunismo o el país.
O para decirlo de otro modo, cinco años antes de que se creara el Partido Socialista del Uruguay, 12 años antes de que estallara la Revolución roja, que instalara el comunismo en Rusia, y 15 años antes de que en el país un grupo de escindidos del socialismo crearan el Partido Comunista del Uruguay.
Pero sería una enormidad atribuir la legislación social solamente a iniciativas del nacionalismo, cuando es conocida la inmensa herencia del batllismo en materia de leyes sociales.
En 1915 José Batlle y Ordóñez legisló para prohibir el trabajo a menores de 13 años e hizo aprobar la Ley 5.350, que fijó la jornada laboral en ocho horas, en un país donde el día de trabajo podía llegar a ser de 10 y 12 horas corridas de labor.
Se podrá discutir si aquella norma fue similar a la de Roxlo y Herrera, de 1905, como ha sostenido por años el nacionalismo en su histórica pulseada ideológica con el batllismo, o si la disposición fue una creación neta del battlismo como han afirmado siempre los cultores de esa corriente, pero nunca decir que la reducción de la jornada de trabajo es hija de la huelga.
Luego hubo muchos otros, blancos y colorados, que impulsaron leyes e instituciones de hondo contenido social que contribuyeron al bienestar social de la República, cuya somera enumeración abusaría del generoso espacio que brindan estas páginas.
Ese capital inmaterial de la historia nacional es una herencia compleja de los partidos históricos que no se puede comprender con las explicaciones maniqueas que aún conserva cierto reducto del frenteamplismo.
Llama la atención el silencio colorado frente al rapto que intenta cierta izquierda con la herencia social del batllismo o el silencio blanco frente al ninguneo de que es sistemático objeto su mochila social, en un esfuerzo por vestir con ropas ajenas el maniquí socialista que quedó desnudo luego de que cayera el muro de Berlín y se terminase de ver lo vacía que estaba la utopía que arrastró a lo mejor de varias generaciones.
Nadie puede agitar la camiseta del supremacismo moral de la equidad o del monopolio ético de la justicia social, porque la República es y será una construcción colectiva a la que todos estamos llamados a contribuir.
Heraclio Labandera
