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El proyecto de Rendición de Cuentas que el gobierno enviado al Parlamento deroga la totalidad de la ley de medios vigente, la Nº 19.307 del 29 de diciembre de 2014, según dijeron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo. La existencia de “varias inconstitucionalidades”, como el artículo 56, que impedía a los cableoperadores ofrecer servicios de Internet, es uno de los argumentos esgrimidos para tal decisión.
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A su vez, para otorgar seguridad jurídica a los servicios que ya habían sido autorizados por la ley que se pretende derogar, en la Rendición se indica que las concesiones, autorizaciones y licencias vigentes que se hayan otorgado a su amparo no se vean afectadas. Aquellas que se encuentren en trámite también serán convalidadas, más allá de la existencia de nuevos requisitos.
La derogación de esa ley, que fue aprobada cuando se terminaba el segundo gobierno del Frente Amplio, presidido por José Mujica, es una “señal política clara que el gobierno quiere dar”, subrayaron los informantes. Lo que el oficialismo busca con esta propuesta, desarrollada al cierre de esta edición a lo largo de cinco artículos, es “que se discuta y apruebe” la nueva ley de medios, que lleva dos años empantanada en el Parlamento por divergencias con uno de sus socios, Cabildo Abierto.
“Ese sería el desenlace ideal”, afirmaron.
Pese a la derogación, hay un par de disposiciones que permanecen. Una de ellas es la que refiere a los eventos de interés general, el artículo 39 de la norma: la transmisión televisiva de forma abierta, directa y gratuita de los partidos de las selecciones de fútbol o básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales y en las instancias clasificatorias para esos torneos.
Otra es el acceso a los servicios de comunicación audiovisual. En este caso, la nueva redacción mantiene los artículos 35, 36 y 37 de la actual ley de medios, que derivaron en la inclusión de intérpretes de Lenguaje de Señas de Uruguay (LSU) en los principales informativos del país. De la misma manera, el Poder Ejecutivo seguirá facilitando y promoviendo “el desarrollo de tecnologías apropiadas” en la materia para poder cumplir con estas obligaciones.
Según las fuentes oficiales, esto busca proteger “los derechos consagrados” en la materia.
Asimismo se está evaluando cómo no generar vacíos legales una vez derogada la actual ley de medios. Al cierre de esta edición todavía se estudiaba qué normativa preexistente se reimplantaba antes de su puesta en práctica, como una posible reinstalación del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, formado por representantes del Poder Ejecutivo, el Parlamento, los medios y la sociedad civil, cuya finalidad será el “estudio, promoción y defensa de la libertad de expresión”. Este había sido creado por ley en 2008.
De aprobarse este articulado, todas las empresas de cable del país quedarían habilitadas para ofrecer servicios de Internet por banda ancha. Esto en los hechos estaba monopolizado por Antel hasta que el gobierno otorgó la licencia a cinco cableoperadores que habían obtenido fallos de inconstitucionalidad del artículo 56 de la ley de medios en la Suprema Corte de Justicia (Búsqueda Nº 2.179).
Eso ha derivado en una situación desigual para las empresas del sector, ya que no todas pueden costear un recurso ante la Suprema Corte. “A nosotros nos habían dicho desde la Dinatel (Dirección Nacional de Telecomunicaciones) que nos quedáramos tranquilos. Nos habían prometido que nos iban a solucionar el problema”, dijo a Búsqueda el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), Washington Melo.
No más piratería deportiva
El Poder Ejecutivo también busca terminar con la posibilidad de ver transmisiones de eventos deportivos en vivo de forma online a través de webs piratas como Rojadirecta, Pirlo TV o a través de “intermediarios” en cuentas de Facebook, Instagram, Twitter o YouTube (Búsqueda Nº 2.177).
Dadas las características de estas transmisiones, la respuesta ante la denuncia debe ser veloz. La potestad de inhabilitar las transmisiones ilegales, que estará a cargo de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec), será parte de dos artículos también integrantes del proyecto de Rendición de Cuentas.
Para su implementación, los titulares de los derechos audiovisuales de estos eventos deportivos (por ejemplo, el Mundial de Catar) o sus representantes deberán estar registrados ante la Ursec, y son los únicos que pueden reclamar por transmisiones piratas. Asimismo, el texto a debatirse indica que los responsables intermediarios o proveedores de estas emisiones tendrán un máximo de media hora para desactivar el acceso a ellas.
Esto es un paso más en la dirección iniciada en el artículo 712 de la última Ley de Presupuesto, que permite el bloqueo de páginas web que ofrecen servicios audiovisuales sin la licencia correspondiente, aunque la norma aún no fue reglamentada.
Al respecto, el representante de la oposición en el Directorio de la Ursec, Pablo Siris, dijo a Búsqueda que la medida propuesta en la Rendición es un “bolazo”, ya que considera que es imposible tener gente a disposición durante estas transmisiones. “La unidad tiene cien empleados. De ellos, solo seis o siete tienen funciones de monitoreo. Sinceramente, no sé cómo harán eso”.
