Reparaciones

La confusión entre lo público y lo privado asume distintas formas. Es común que la gente crea que, por ejemplo, los gobiernos pueden (y deben, me decía un amigo hace un tiempo) usar los medios públicos no como medio de comunicación que se preocupa por el interés ciudadano, sino como plataforma electoral o ideológica, desde la cual se impulsan las ideas y acciones propias mientras, al mismo tiempo, se denigran las acciones e ideas del rival ideológico. Esa es una confusión que, intencional o no, termina allanando el camino a los detractores de los medios públicos, quienes, en esos casos con total razón, se quejan de que los partidos políticos deberían pagarse la propaganda de su bolsillo y no con guita del erario.

Es interesante también porque, aunque no lo dice en su exposición de argumentos a favor de la ley, lo que Manini hace de hecho es establecer una suerte de equivalencia entre las acciones violentas de quienes atacan al Estado y las de quienes ejercen la violencia en nombre del Estado. Es decir, de manera implícita, al equiparar las reparaciones a las víctimas de la violencia del Estado con las víctimas de una clase particular de violencia ejercida por privados, el proyecto de ley tiende a no reconocerle al terrorismo de Estado su estatus diferente.

Dicho esto, es evidente que quienes defendieron con su vida las instituciones democráticas deben ser reconocidos, como deben ser reconocidos aquellos que con sus acciones de hoy defienden la seguridad de la ciudadanía o la integridad del territorio nacional. Sin embargo, en ambos casos su accionar está enmarcado dentro de lo que indica la ley: los cuerpos de seguridad del Estado son quienes tienen el monopolio del uso de la violencia para defender a la ciudadanía de quienes cometen actos ilegales en su contra. Y la muerte de algunos de sus integrantes, por absurda, gratuita y dolorosa que nos pueda parecer (especialmente si somos familiares), está dentro de las cosas que pueden pasarle a quien detenta el monopolio de la violencia estatal. De la misma forma en que un bombero puede morir en un incendio, sea este accidental o provocado.

Establecer una equidad entre víctimas de la dictadura (terrorismo de Estado) y víctimas de la guerrilla (terrorismo privado) es también un error por algo que no sé si el senador Manini ha considerado: si el asesinado por un guerrillero merece una reparación especial, una que el asesinado por un ladrón no merece, es porque se establece que los motivos políticos del asesinato le dan a este una categoría distinta a los asesinatos que son, por ejemplo, resultado de la violencia contra la propiedad. En resumen, se establece que si alguien es asesinado por motivos políticos, su caso es excepcional y merece una consideración específica del Estado.

Esa es la misma clase de excepcionalidad con la que ETA pretendía en España justificar sus acciones, cada vez que asesinaba a un guardia civil de un tiro en la nuca. O a los hijos de esos guardias civiles con un coche bomba. Lo que decía ETA era que, dados sus objetivos políticos, los muertos que provocaba estaban de alguna manera justificados o eran apenas un daño colateral que se justificaba por el poderoso imán ideológico y político que los guiaba. Este proyecto de ley establece la misma clase de excepcionalidad, siguiendo la misma lógica, pero aplicándola a la inversa: si un policía es asesinado protegiendo un supermercado, es lo esperable. En cambio, aquellos que fueron asesinados por la guerrilla, cumpliendo con su tarea, son excepcionales.

Queriendo o sin querer, Manini y una mayoría oficialista en el Senado están comprando buena parte del relato primigenio del MLN, según el cual su accionar era tan imperativo y necesario que algunas decenas de muertos eran inevitables y un daño colateral asumible, como para ETA. Se compra de hecho que la excepcionalidad de sus razones permite establecer la excepcionalidad para los resultados de sus acciones. Con el agravante de que, a través de esta clase de reparación, se equiparan las acciones violentas y despreciables de unos particulares privados que fueron combatidos por el Estado, con el terrorismo que el Estado ejerció después sobre una población que no tenía relación alguna con esas acciones violentas y con esos particulares violentos.

Queriendo o sin querer, parece haber un alto grado de coincidencia entre lo que plantea Cabildo Abierto y lo que plantean los sucesores ideológicos del MLN: que en Uruguay, tan temprano como en 1962, se generó una suerte de estado de excepción que justificó tanto las violentas acciones tupamaras como la violencia estatal que se desató años después. No sé si eso es la famosa teoría de los dos demonios pero un poco sí que huele a azufre. En resumen, escribir nuestra historia de manera ecuánime (algo que también reclama el senador Manini) parece una manera más sensata de reparar a esas víctimas de la violencia guerrillera del pasado y de prevenir violencias políticas futuras. En cambio, esta ley parece otra forma de seguir confundiendo lo público con lo privado.