El PIT-CNT tiene un derecho irrestricto a la libertad de expresión y a convocar a manifestaciones populares. ¡Claro que sí! Sin embargo, cuando se trata de la salud y la vida, bienes superiores, debe regirse por la ponderación y el sentido común y no por el aprovechamiento político.
Es que la exhortación al caceroleo y apagón social del miércoles 25 fue una inmoral movilización política cobardemente disfrazada. La excusa fue una falta de respuesta del gobierno a medidas más radicales que había propuesto ¡dos días antes! para enfrentar el coronavirus y amparar a los más vulnerables. Es probable que en algún momento haya que tomarlas, pero no serán el resultado de una presión demagógica y sensacionalista, sino de estudiados equilibrios sanitarios, laborales, económicos y sancionatorios.
Fundamentaron el caceroleo en “la responsabilidad que asumimos con las fundadoras y fundadores de la CNT, de ser en cada circunstancia escudo de los débiles”. En buen romance: los buenos somos nosotros y el malo es el gobierno.
El presidente Fernando Pereira lo justificó en una “responsabilidad sanitaria” y con esa excusa sensiblera traicionó al gobierno con el que estaba en permanente contacto para intercambiar puntos de vista.
La intencionalidad política surge palmaria de la cronología. El 20 de marzo el PIT-CNT le planteó al presidente Luis Lacalle Pou reclamos con varias medidas sanitarias y laborales. Pereira argumentó que como no recibieron “una respuesta”, luego de barajar otras opciones, se convocó al caceroleo. Tras ser rechazado por su partido como precandidato a la Intendencia de Montevideo, Pereira encontró otra tribuna.
No es el único con un doble discurso. La iracundia desnudó sentimientos hostiles y revanchistas en un audio de WhatsApp de Gabriel Molina, presidente de Sutel, dirigente del Partido Comunista e integrante del secretariado del PIT-CNT. Calificó a Lacalle Pou como un “hijo de mil putas”, porque su propuesta de recaudar mediante una rebaja salarial a los empleados públicos es “inteligente”, ya que si se opusieran a esa medida para combatir el virus, los dejaría en falsa escuadra ante la opinión pública.
No conozco a Molina, pero cuando se escucha su insulto aflora una duda razonable: ¿es un dirigente válido para conducir a miles de trabajadores o es un patotero barrabrava?
Presionado por sus compañeros, el sábado 28 en la página de Facebook del PIT-CNT les pidió disculpas al presidente y a quienes haya podido ofender. Pero antes de disculparse el barrabrava hizo su propia apología de guerrero militante y argumentó que insultó en “un grupo privado en códigos de boliche”.
Esto de insultar y luego disculparse siempre tiene olor a podrido. Con ese razonamiento cualquier exabrupto o delito se debe perdonar tras una disculpa que el ofendido no tiene por qué aceptar. Detrás de la forzada disculpa permanece el espontáneo insulto.
Dentro de este contexto vale recordar brevemente la historia de los caceroleos que siempre han tenido objetivos políticos. Muchos participamos del primero, el 25 de agosto de 1983, Día de la Independencia, convocado sin distinción de partidos para rechazar la dictadura militar.
La del miércoles 25 no es la primera vez que el PIT-CNT utiliza el caceroleo para obtener réditos políticos. Pereira sostiene que el caceroleo no ha sido “el mecanismo de movilización (…) en ninguno de los años democráticos (…) ni ante ninguna medida neoliberal”. Miente o tiene amnesia.
En 2002, cuando la economía estaba al borde del abismo, las corridas bancarias se sucedían, caían algunos bancos, aumentaba el desempleo y golpeaban los efectos de la fiebre aftosa, el presidente Jorge Batlle dispuso un severo ajuste fiscal. Contra esa medida y la prohibición de marchar hacia Punta del Este el PIT-CNT convocó a un caceroleo “Por la defensa y la plena vigencia de las libertades públicas”.
En 2003 el PIT-CNT convocó al quinto paro general y a un caceroleo y apagón contra la política económica y social del gobierno de Batlle que intentaba superar la crisis.
En todos los casos el argumento fue hacerlo en representación de los trabajadores, pese a que carece de ilegitimidad: no tiene personería jurídica. Desde su fundación en 1984 nunca la ha tramitado para ocultar su intimidad política y económica. No hay otra explicación.
En 2007 se produjo una modificación de los estatutos originales de la CNT. El artículo 66 dice ahora: “Una vez aprobados los presentes estatutos, inmediatamente se efectuarán las gestiones necesarias para la obtención, en el menor plazo posible, de la personería jurídica, facultando a ese fin a la Mesa Representativa”. Letra muerta que se votó para conformar a trabajadores que pretendían transparencia. Trece años después, no lo han hecho y no es porque el trámite sea complicado.
La personería jurídica se gestiona mediante la presentación de estatutos ante el Ministerio de Educación y Cultura. Intervienen la Dirección de Justicia, un fiscal de gobierno y se basa en lo establecido en el artículo 21 del Código Civil: “Son personas todos los individuos de la especie humana. Se consideran personas jurídicas y por consiguiente capaces de derechos y obligaciones civiles, el Estado, el Fisco, el Municipio, la Iglesia y las corporaciones, establecimientos y asociaciones reconocidas por la autoridad pública”.
A fines de octubre pasado el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que modifica el artículo 4º de la Ley Nº 18.566 sobre negociación colectiva. Esa norma referida al “Deber de negociar de buena fe” establece que “(…) las organizaciones sindicales deberán contar con personería jurídica reconocida por el organismo competente”.
El gobierno de Tabaré Vázquez no introdujo voluntariamente esa modificación que le generó conflictos tanto dentro del Frente como con la central sindical. Lo hizo porque lo forzó un compromiso del gobierno con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
¿Por qué no incluir esa reforma entre las leyes de urgente consideración para terminar de una vez por todas con las mentiras y la clandestinidad? Si no ocurre, habrá que asumir que en estas pulseadas siempre gana el PIT-CNT, gobierne quien gobierne.
¿De qué ventajas goza la central sindical sin personería jurídica? No tiene la obligación de elegir a sus directivos con voto secreto y evita el control de la Corte Electoral. Ahora elige el Congreso que se reúne cada dos años. Lo conforman delegados de cada sindicato, proporcionalmente al número de afiliados. El Congreso elige a la Mesa Representativa que a su vez elige al Secretariado Ejecutivo.
No tener personería jurídica también les permite a estos muchachos administrar clandestinamente sumas millonarias y evita ser intervenido por el Estado, lo que solo puede hacerse cuando se tiene personería jurídica.
En octubre de 2018 un exhaustivo informe de la revista Noticias informó que el PIT-CNT recaudaba en ese momento unos $ 3 millones mensuales (US$ 91.000 al cambio de la época, lo que significa una recaudación anual de más de US$ 1 millón) de los afiliados cotizantes. De los 420.000 afiliados de ese momento más de 250.000 eran cotizantes.
Cuando fue consultado por Noticias para ese informe, Pereira se excusó de dar información. Argumentó una resolución interna del año 2000 que decidió no revelar datos sobre las finanzas.
Sin embargo, el informe periodístico logró establecer que 45% de los $ 3 millones que se recaudan mensualmente se destinan a salarios y el resto al mantenimiento de su sede central, telefonía, movilizaciones, seguros, pasajes, viáticos y cursos del Instituto Cuesta Duarte sobre capacitación laboral y sindical.
