Responsabilidad penal de médicos y Covid

Los delitos que pueden haber sido cometidos en casos como estos van desde la omisión de asistencia (para quienes no tienen una posición de garante con el paciente), las lesiones personales hasta el homicidio (omisión impropia). En un escenario de causas que justifican la conducta, estas pueden eliminar la antijuridicidad de la conducta por la “colisión de deberes”, si se recurre al “cumplimiento del deber”, o se puede justificar por el “estado de necesidad”. En el caso de referencia, habría cumplimiento del deber si se prefirió salvar al paciente A en lugar del paciente B, según una decisión que ha seguido los criterios objetivos contenidos en las directrices de actuación debida. Pero no habría justificación si ninguno de los 16 pacientes fue enviado al CTI aun cuando había recursos disponibles y ello hubiera significado una mayor protección del bien jurídico tutelado (infracción del deber). En el estado de necesidad sucede el mismo problema, se tiene que decidir entre dos bienes de igual valor (dos vidas humanas), pero se tiene que realizar la acción de “salvataje” de una vida en detrimento de la otra, de lo contrario podría existir la responsabilidad omisiva. No exime de responsabilidad al médico que se haya decidido no enviar a los pacientes al CTI porque (por la edad avanzada y las patologías de cada uno) haya “estimado” que no sobrevivirían; incluso si pensó que con esa decisión estaba liberando recursos para otros, es decir, que la decisión se toma para que los recursos quedaran hipotéticamente disponibles para otros pacientes con mayores posibilidades de supervivencia. Pero, sin embargo, sí eximiría de responsabilidad el hecho de que, aun cuando hubiera enviado a los pacientes, la muerte no hubiera podido ser evitada. La decisión “correcta” no se puede determinar de manera objetiva para todos los casos, solo existen decisiones “adecuadas” para los casos concretos. En el caso concreto todo indica que no existe justificación para el médico si no se prueban los elementos recién descriptos, pero sí pudiese darse un escenario de exculpación, por el estado de necesidad o por estar en un error de prohibición inevitable, esto es, que los hechos objetivos indiquen que su conducta estuvo motivada por la creencia (equivocada) de haber actuado de manera justificada (cuando ello no fue así). Este error debería ser inevitable, es decir, que ni con un esfuerzo mayor la persona hubiera comprendido lo equivocado de la situación. En el caso de tratarse de un error evitable, habría responsabilidad penal por culpa o imprudencia. El estado de necesidad viene dado por la situación excepcional del “punto máximo” de la epidemia en Uruguay, pero solo se exime de la omisión de actuar cuando hubo al menos un acto de “salvaguarda” respecto a otro bien jurídico del mismo valor. Si el caso no puede ser justificado ni exculpado, entonces solo queda abierto un escenario de atipicidad, que puede ser interpretado aplicando al caso concreto los criterios de la omisión impropia (aquí no se mata, sino que se “deja morir”, cuando había obligación concreta de “cuidar” ese bien jurídico), pues, si bien el médico asume una posición de garante frente al paciente, la obligación de protección del bien jurídico vida solo puede ser exigida en aquellos casos en los que la posibilidad de “salvar la vida” es posible desde un punto de vista racional o de la realidad de las cosas. Esto es, solo puede exigirse responsabilidad por “no salvar la vida” (cuando había un mandato legal de hacerlo, debido a la posición de garantía), pero solo se puede salvar aquello que es materialmente posible, esto es, que puede ser efectivamente realizado por el garante. Para decidir este aspecto, habría que demostrar que el médico no tenía los medios disponibles para salvar la vida, pues al momento no contaba con ambulancias para el traslado, el CTI estaba colmado, no había respiradores ni personal humano, etc., o que aun habiendo enviado a los pacientes ellos no hubieran podido sobrevivir. Si estas condiciones pueden ser demostradas en el caso concreto, podría entenderse que existe atipicidad de la conducta, es decir, la inexistencia del delito por falta de tipicidad, pues ninguna acción posible hubiera protegido al bien jurídico en peligro. Si este fuera el caso, la conducta del médico no se adecuaría a ningún delito en particular y no se puede imputar como homicidio en omisión impropia, pues era imposible la acción salvadora. Ahora bien, si ninguna de estas circunstancias puede ser comprobada en el caso concreto, podríamos estar en el campo de la responsabilidad jurídica. Aquí basta con decir que el médico tiene que actuar dentro de márgenes de adecuación de su conducta que cumplan con los criterios de prioridad determinados por las autoridades máximas de la salud y otros principios éticos, y la Justicia penal tendrá que analizar la conducta según los criterios de justificación, exculpación o atipicidad que puedan caber debido a las circunstancias excepcionales en las que se toman las decisiones.

Investigador-docente, Universidad Andrés Bello, Chile

Investigador ANII, Uruguay