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    Retiros por el régimen de AFAP serán más intensos en cinco años

    Actualmente las personas que aportaron a una administradora de fondos previsionales (AFAP) y se jubilaron son unos pocos miles, de entre más de 1.100.000 afiliados. Un flujo significativo de retiros empezará a producirse dentro de unos cinco años, al menos entre los trabajadores que hoy tienen cuentas individuales en la mayor empresa del sector, la estatal República.

    Dicha proyección, presentada por técnicos de esa AFAP en el marco de las Jornadas anuales de Economía organizadas el lunes 19 y martes 20 por el Banco Central (BCU), parece hacer más inminentes algunos problemas en torno al régimen previsional advertidos por expertos y también por técnicos de ese organismo.

    Desde 1996 la seguridad social tiene un pilar solidario administrado por el Banco de Previsión Social (BPS), y uno de ahorro individual, en manos de las AFAP. Por sueldos que en la actualidad son de hasta $ 28.067 los trabajadores aportan al primero, y por encima de eso lo hacen al segundo. Si ganan menos de ese tope pueden elegir afiliarse voluntariamente a una administradora, aunque luego no pueden deshacer esa opción.

    Hasta julio habían accedido a jubilación común unas 3.000 personas que tenían una cuenta individual en una AFAP. Al momento del retiro, el dinero acumulado fue transferido a una aseguradora, que se encarga de pagar la jubilación como una renta vitalicia; actualmente el Banco de Seguros del Estado (BSE) es el único que ofrece ese servicio, porque las compañías privadas se retiraron del negocio hace años por considerarlo poco atractivo.

    La concentración que en los hechos se verifica en ese mercado es vista con inquietud en varios ámbitos, incluso en el BCU, dado que el mismo estaría en manos de una sola empresa con la garantía explícita del Estado.

    El estudio de República AFAP proyectó la evolución de los retiros. Identificó tres etapas: una inicial —la presente— donde las prestaciones jubilatorias son “muy escasas” en número y en monto; una segunda en la que se producen retiros “de forma más intensa”; y una última en la cual los retiros pasan a darse “de forma permanente y regular”. Según esos cálculos, la segunda etapa se dará entre el 2017 y 2018.

    Bono y bonificación.

    En las Jornadas del BCU, Javier Illanes, un técnico de este organismo, propuso una solución a un problema que técnicamente se denomina “descalce”.

    Ese descalce se da porque las aseguradoras tienen que servir una prestación que varía según la Unidad Reajustable (UR) —cuyo valor aumenta reflejando la evolución del Índice Medio de Salarios—, pero no existen instrumentos financieros nominados en esta en los que puedan invertir.

    Illanes plantea que el gobierno emita bonos en UR a 10, 20 y 30 años para que puedan adquirir las aseguradoras y las AFAP.

    A unos cinco años de que el flujo de retiros cobre mayor magnitud según República AFAP, su presidente, Luis Costa, dijo a Búsqueda que confía en que el gobierno emitirá títulos en UR antes de ese momento.

    La investigación de Illanes incluye además, un estudio sobre las pasividades brindadas por el sistema mixto. Concluye que en Uruguay, para todos los tramos de ingreso, las jubilaciones son mejores si se aporta a dicho régimen. También que este tipo de sistemas es mejor que los que son exclusivamente solidarios o de capitalización individual, porque estos últimos no logran una buena cobertura para los sectores de ingresos más bajos.

    La conveniencia para los salarios más bajos se explica principalmente por un incentivo que existe para quienes se afilian voluntariamente a una AFAP, explica.

    Cuando un trabajador opta por tener una cuenta individual ganando menos que el tope, sus aportes se dividen equitativamente entre los dos pilares. Pero debido a un beneficio que establece la ley que instauró el sistema, el dinero que se destina al BPS es computado con un premio del 50%, mejorando así la jubilación que recibirá por el pilar solidario.

    Esta bonificación ha sido criticada por los representantes de los trabajadores en el BPS. Ramón Ruiz, integrante de ese equipo, dijo a Búsqueda que “no es racional” que el mismo BPS incentive a los trabajadores a que aporten menos al sistema solidario, y que se da una discriminación “injusta”. Pero, como tampoco se deberían modificar los derechos adquiridos de quienes hicieron la opción con determinadas reglas de juego vigentes, la representación propuso extender la bonificación para la totalidad de los trabajadores.

    Esta iniciativa fue presentada recientemente en el Diálogo sobre Seguridad Social convocado por el gobierno para discutir estos temas, pero en ese momento los participantes no se pronunciaron al respecto y quedaron a la espera de un estudio del BPS que estimara cuánto podría costar tomar esa medida. Los trabajadores calculan que el costo podría ser compensado por los aportes y los fondos que se reintegraran al sistema solidario si se habilitara la desafiliación a las AFAP, que también está siendo discutida.

    Consultado por Búsqueda, Costa afirmó que efectivamente la conveniencia del sistema mixto para las personas de salarios más bajos se da por la bonificación. Pero remarcó que los aportes patronales van en su totalidad para el BPS, sin importar el nivel salarial. Ese dinero, que se estableció para contrarrestar la bonificación, “mucho más que compensa” su costo, sostuvo el ejecutivo de la AFAP de propiedad estatal.