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“Gobierno destinó US$ 550 millones a ‘caja militar’”. Así titula en tapa a seis columnas El País su edición de 7 de febrero último. Por supuesto que está en su derecho de hacerlo y bueno es que goce de plena libertad para ello.
Pero también tenemos los lectores el derecho de entender que, aun siendo correcta esa información, no deja de ser parte de la verdad desde que se limita a exponer una sola de las situaciones —que no es la más importante— que originan el déficit del sistema de seguridad social.
Esta aseveración queda plenamente probada en la información que proporciona Búsqueda en la pág. 23 de su edición de 25 de enero de 2018. Allí se establece que en el año 2017, las transferencias al sistema de seguridad social fueron algo más de US$ 2.300 millones.
El desglose de estas transferencias, en millones, fue así: BPS US$ 1.560, retiros y pensiones militares US$ 548; retiros policiales 189 y US$ 11 a la caja bancaria. En cifras mucho más pequeñas también recibieron transferencias estatales la caja bancaria y la de profesionales universitarios, agrega Búsqueda.
Entonces ¿por qué referirse solamente a los militares, que percibieron el 23,82% del total de las transferencias y no al resto que recibió el 76,18%? En particular, el BPS recibió el 67,83%.
En la misma edición, El País en la pág. 7 da cuenta de un informe comparativo, realizado por el gobierno, en el que se expone la diferencia en los montos de las transferencias, por pasivo, que recibe cada organismo. Ese informe del gobierno es una falacia. No se puede comparar lo que no es comparable. Es obvio que debido a la gran diferencia en la cantidad de usuarios que hay en cada organismo, por poco que cobren los militares, siempre el promedio de lo que reciba cada uno de ellos será superior al que perciban en promedios los pasivos del BPS.
Lo que se debe comparar son las situaciones similares que existen en ambos colectivos.
Un claro ejemplo de esto es la pretensión del gobierno de crear un impuesto a los retirados y pensionistas militares que cobren más de $ 50.000 por mes. Los militares y sus viudas que están en estas condiciones son del orden de los 6.000. En cambio, solo en el BPS esa cifra ronda los 42.000 pasivos, a los que habría que sumar los de las restantes cajas.
Estas situaciones son comparables y de hacerlo resultaría que solo en el BPS hay siete veces más pasividades “privilegiadas” que en el servicio militar. O de otro modo, del total de prestaciones “privilegiadas” el 87,5% son del BPS y el 12,5% de los militares.
Ante esta realidad es válido preguntar: ¿Por qué el gobierno quiere gravar solo a una pequeña parte del todo y se desinteresa de hacerlo con la totalidad de quienes están en igual situación? ¿Es que acaso puede prescindir del aporte que lograría gravando a la totalidad?
Obviamente que no, porque sabe que el déficit que afecta a todo el sistema no se soluciona gravando solo a los militares. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Es que están gravitando en el caso prejuicios discriminatorios contra los militares, o hay quienes piensan que como bandera de enganche electoral esa actividad discriminatoria puede favorecerlos?
Es sabido que el sistema de la seguridad social en nuestro país presenta serias dificultades que, necesariamente, exigen solución.
Pero ella debe encararse considerando la totalidad del problema y no mediante “parches” parciales que desde ya se sabe que no resolverán el problema de fondo.
