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Ni la alarma, ni la puerta, ni la cerradura ni la reja. Nada fue forzado para entrar al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense del Uruguay (GIAF), dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y encargado de llevar adelante la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la última dictadura en el marco del convenio entre la Universidad de la República y la Presidencia de la República.
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El lunes 28 a la mañana, tras la semana de descanso en Turismo, las autoridades de la Facultad constataron el ingreso no autorizado al laboratorio y el faltante de material de archivo. Según informó “Subrayado” el mismo lunes, los ladrones se llevaron discos duros y disco externos. Además, dejaron marcado en un mapa de la oficina las direcciones donde viven los integrantes del grupo que residen en Montevideo, y fotos de los integrantes tachadas por una cruz.
La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación hizo la denuncia policial en la Seccional 3ª e intervinieron la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección General de Información e Inteligencia Policial. El juez penal de cuarto turno, Eduardo Pereyra, a cargo de la investigación, dijo a Búsqueda que hasta el momento no hay indicios nuevos y se están analizando las computadoras para determinar qué día ocurrió el hecho. El magistrado informó que solo hubo personal trabajando en la Facultad hasta el lunes 21 de la Semana de Turismo.
Además de la investigación policial, la propia Facultad comenzó a estudiar lo realizado por funcionarios y guardias de seguridad, y a analizar el tránsito de personas que hubo durante ese lunes. Álvaro Rico, decano de la Facultad, aseguró a Búsqueda que el robo “es un enigma” debido a la limpieza con que se hizo: el informe de la empresa de alarmas sostuvo que la alarma funcionaba normalmente y nunca fue manipulada. La Facultad quiere tener datos más precisos sobre cómo pudo suceder el robo antes de iniciar una investigación administrativa que pueda arrojar responsables dentro de la propia institución.
Más allá del método, para Rico está claro quiénes están detrás del hecho. “Es una señal mafiosa. Hay elementos que pueden poner nerviosos a ciertos personajes o ámbitos de ese pasado nefasto”, señaló. El decano se reunió con el rector de la Universidad, Roberto Markarian, y recibió desde Presidencia el mensaje de que Tabaré Vázquez estaba al tanto de la situación. “Una gran preocupación, pero hoy hablemos de fútbol”, respondió Vázquez consultado por el tema en el Estadio Centenario, cuando ingresaba a ver el partido Uruguay-Perú el martes 29.
Las pocas palabras del presidente y el silencio de la mayoría de los políticos de los distintos partidos generaron reacción en el senador José Mujica, que criticó duramente la falta de respuesta ante el robo. “Es de los hechos recientes más significativos y preocupantes ocurridos en el país. Es un verdadero atentado y no he visto declaraciones políticas de casi nadie. Últimamente he visto mucho griterío por cuestiones secundarias y nadie dice nada por esto”, dijo a Búsqueda. Respecto al robo y sus causas, fue contundente: “Me hace acordar a otras épocas, mete miedo. Es una prueba de que este asunto del pasado reciente no está liquidado ni mucho menos”.
Ambicioso.
El equipo de antropólogos del GIAF había comenzado a excavar en diciembre en el predio de la Brigada de Artillería Antiaérea Nº1, próximo a Pando, a partir de una información anónima recibida por la asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que indicaba que allí podrían encontrarse restos.
El abogado patrocinante de causas de derechos humanos Óscar López Goldaracena presentó la información ante la Justicia y la jueza penal de 1º turno de Pando, Isaura Tortora, ordenó iniciar las excavaciones. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el robo pudo estar relacionado con este hecho.
Rico sostiene que efectivamente esa es una de las cuatro causas que generó el hurto en el laboratorio. Mencionó también el reinicio de las actividades de los antropólogos en el Servicio de Material y Armamento del Ejército, la campaña lanzada en setiembre por Madres y Familiares de Desaparecidos para recibir nuevos datos de forma anónima, y la reciente presentación del “ambicioso” plan de actividades del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia creado por el Poder Ejecutivo.
El martes 29, previo a la sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad, el decano se reunió con Markarian, los decanos de Ciencias Económicas, Arquitectura y Odontología, y el prorector de Extensión y Relaciones con el Medio. El objetivo fue informar al rector de lo sucedido. Por ahora Markarian va a esperar el avance de las investigaciones para pronunciarse, ya que según Rico los “hechos actuales se prestan dudosos” para que la Universidad haga un pronunciamiento. “En esta etapa el vocero es el decano de la Facultad de Humanidades”, dijo Markarian a Búsqueda.
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