“Esta preocupación terapéutica, por muy legítima y comprensible que sea, es, creemos, el principal obstáculo para el estudio científico de las guerras. Tenemos prisa por encontrar el remedio antes de conocer el mal, de creer antes de saber”.
Gaston BOUTHOUL (1896-1980), sociólogo francés y fundador de la disciplina Polemología.
El grado de inseguridad ciudadana es tal que ahora se procura transferirla al mito de la inviolabilidad de las unidades militares, tratando de evidenciar que podría resultar fácil transgredir las consignas de vigilancia castrense y haciendo alardes estruendosos sobre lo lucrativo que puede ser para personas u organizaciones delictivas con fines rentables. Junto con ello, de paso, sirve también para señalar la eventual carencia de eficacia de los responsables pertinentes, pretendiendo desvalorizar la profesionalidad del instituto armado ante la sociedad e intentando implantar la incertidumbre y el cuestionamiento de su existencia. Y entonces ciertas voces se suman rápido para hacer críticas nefastas; muchas veces superfluas de tipo instintivas y reaccionarias, sin ponderar todas las variables influyentes y desconsiderando factores generales y particulares del contexto en que se suscitan estos hechos.
El conjunto de estos lamentables sucesos para el significado de la seguridad en reparticiones militares puede apreciarse como otro índice de la distensión generalizada que impera en la sociedad y que, a nuestro modo de ver, engloba —más allá de las potenciales responsabilidades de los directos protagonistas uniformados— a la dirección política de los gobernantes de turno de los últimos tiempos.
Lo que debe afligir es, ya no este asunto concreto de la vulnerabilidad de los cuarteles, lo que de por sí es un hecho grave y como tal ha sido atendido con celeridad por sus respectivas autoridades, sino el alto grado de inseguridad ciudadana fomentado por la pésima gestión gubernamental en materia de seguridad integral y que comenzó con una copiosa liberación anticipada de delincuentes presos como gesto humanitario y maquiavélico para congraciarse con sectores del ámbito político y de la sociedad afines a detectar a los componentes del orden; aunque esa acción reflejó una absoluta falta de criterio y sentido de responsabilidad para con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución de la República. Sí, de nuestra Constitución, esa que molesta a los partidarios del autoritarismo ideológico al estilo castrista o stanilista y a sus lacayos, aunque disimulen su pensamiento y sus aspiraciones elitistas con frases rimbombantes de sentir democrático y de reclamos de derechos y oportunidades, pero que palpitan y promueven que lo político está por encima de lo jurídico y no creen en la división e independencia de los poderes del Estado.
Para nosotros, lo más significativo es que nos alarma el momento en que se dan estos tristes hechos para las unidades militares. Justo cuando las Fuerzas Armadas y en especial el Ejército Nacional se habían ganado una sonrisa —luego de su magnífica contribución en apoyo a la comunidad— generando la simpatía o por lo menos los aplausos de miles de montevideanos y entonces cualquier ciudadano sensato miraba con buenos ojos la labor castrense, pese a los infaltables gritos de los bastardos, revanchistas, acomplejados y oprobiosos de siempre. Justo cuando la complacencia elevaba el aprecio a las Fuerzas Armadas, brota esta seguidilla de eventos que en cierta forma intenta opacar aquel aplauso.
Entonces nos preguntamos si es casualidad o si es la explotación disfrazada de una debilidad estructural de facto e inevitable, provocada por una constante política de disimulado deterioro a las Fuerzas Armadas por parte del gobierno y es aprovechada —en este caso— mediante una serie de actos que procuran dañar su imagen, a través de una maniobra concebida por alguna entidad de fines oscuros.
No se trata de estar viendo conspiraciones donde no las hay; pues, a ciencia cierta no sabemos si existen o no. Pero desecharlas sería demasiado ingenuo y necio. Simplemente nos llama poderosamente la atención el surgimiento de estos robos e intentos de hurtos y su difusión pública en esas horas.
En esencia, nada es tan simple ni se reduce a un incidente o conjunto de hechos circunstanciales. Si las respuestas a los problemas que plantea la inseguridad en el ámbito del Estado nación se percibiesen y definiesen ligeramente, esas decisiones serían aún más aventureras y peligrosas, porque solo se focalizaría la solución inmediata de los superficial; se estaría dejando de ponderar el complejo conglomerado de variables que subyacen a los acontecimientos y se omitiría la consideración de consecuencias de mayor impacto futuro y más engorrosas de revertir con posterioridad.
Es de conocimiento público que, en nuestro país, desde sectores de corte marxista existe aversión hacia las fuerzas de seguridad de la nación y que estos grupos persisten con su obstinada idea de la dictadura del proletariado y con lograr un dominio que ya fracasó, aunque el mundo les haya demostrado claramente lo desastroso, impracticable e injusto que su doctrina puede ser para la gente. También es sabido que concomitante con su fin de conquista sociopolítica, a las Fuerzas Armadas las erigen como objetivo primordial porque ellas son el último rincón de identidad y tradición de la nación; y por ello hay que absorberlas. Pero como en Uruguay eso no parece ser tarea fácil, entonces el hostigamiento constante es la meta; porque habrá que deteriorarlas hasta humillarlas y de ser posible eliminarlas, para que el camino a la conquista del poder absoluto —al estilo fideliano— sea simplemente un trámite.
Las autoridades políticas del Uruguay no debiesen minimizar estas circunstancias, aunque el Poder Ejecutivo del país mantenga un rígido intrincado interno al respecto. Todos deben sí ponderar esas connotaciones con verdadera visión estratégica al más alto nivel, lo que los conducirá, con certeza, a tomar medidas específicas que desalienten el accionar perturbador de esos grupos facciosos.
La engañosa historia reciente difundida —incluso oficialmente— con fines espurios ha adormecido la memoria de muchos compatriotas y generado un pseudo-conocimiento en otros, estimulando una indiferente consciencia en asuntos de seguridad, individual y colectiva, tergiversando los hechos del pasado y, en consecuencia, las responsabilidades ciudadanas al respecto. Pareciese que unos por ignorancia, otros por ingenuidad y algunos por conveniencia, no se detienen a recordar que cuando en los 60 afloraron los grupos armados de desestabilización democrática, conduciendo acciones terroristas y delictivas de toda clase, lo hicieron porque estaban organizados subrepticiamente. No salieron a romper el sosiego de la vida pública uruguaya, improvisando; tenían claro los fines de exterminio de un estilo de vida pacífico, pujante, tolerante y de respeto cívico que era ejemplo y se lo asociaba a los mejores del concierto internacional. Irrumpieron con violencia armada porque querían demoler la democracia uruguaya construida por nuestros antepasados a través de un siglo y medio; y tenían también planificado el cómo y con qué hacerlo. Para nuestra sociedad fue dramático y la credulidad de su carácter no le permitió evitar las trágicas consecuencias que los años siguientes nos trajeron.
El gran error cometido por aquellas organizaciones subversivas fue subestimar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Ahora tiene esa lección bien aprendida y por ello es medular la sumisión de la estructura militar de la nación al partido de gobierno —al estilo neobolivariano— en apoyo a un proyecto político que en esencia se opone a la libertad y al republicanismo artiguista; o de lo contrario, debe encararse la destrucción de ese componente nacional.
Ese ninguneo latente y siempre hostigante hacia una institución del Estado uruguayo y pilar fundamental de su soberanía e integridad y factor coadyuvante del desarrollo integral del país, debiera exigir desvelo de los gobernantes y de los gobernados. Impone una permanente aflicción de unos y otros, que comienza por recordar con prudente precisión aquellos trágicos años para no repetirlos; y además exige preguntarnos dónde anida la responsabilidad política de estos tristes sucesos sorpresivos y casuales (?) de pretendido menoscabo a las unidades castrenses, y esa preocupación continúa por responderse con sensata inspiración una serie de porqués:
• ¿Por qué una república donde lo político prime sobre lo jurídico, menospreciando los preceptos constitucionales?
• ¿Por qué mantener a los integrantes de las Fuerzas Armadas uruguayas sumergidos con sueldos paupérrimos?
• ¿Por qué la permisible política estigmatizadora hacia nuestros militares y el interminable atosigamiento psicológico a ellos y sus familias?
• ¿Por qué la reducción de efectivos castrenses acompañada del incremento de tareas para nuestra institución armada, en una clara ilógica política de asignación de recursos, cuando quien da órdenes, debe otorgar medios?
• ¿ Por qué la constante devaluación y hostigamiento a una institución que ha dejado bien claro su subordinación a las premisas constitucionales y está al servicio de la nación?
• ¿ Por qué con la excusa de la inclusión, las Fuerzas Armadas deben admitir a drogadictos y expresidiarios, obviando estas incompatibilidades con la sensibilidad de sus funciones?
• ¿ Por qué el 97% de las unidades soberanas de la comunidad internacional, incluso las marxistas, mantiene Fuerzas Armadas como pilares esenciales de su sustento; y solo microestados casi imperceptibles o algún otro caso perdido como Costa Rica que ha entregado su soberanía y defensa a los Estados Unidos de Norteamérica, son las exiguas excepciones a poseer tal estructura?¿Por qué?
Solano D C
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