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Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Dilma Rousseff parece haber gastado una de sus últimas balas. Tras una serie de pifias inexplicables que agravaron la crisis política y económica que amenaza su mandato, la presidenta brasileña acordó de apuro con miembros de su gabinete, un paquete de aumentos de impuestos y recortes de gastos para cerrar el Presupuesto de 2016, calmar a los mercados y evitar que otras calificadoras de riesgo le quiten el grado inversor al país como lo hizo Standard & Poor’s (S&P) la semana pasada. Pero las medidas anunciadas el lunes 14 ya están bajo fuego de aliados y opositores, y las enormes dificultades que enfrentan para ser aprobadas por el Congreso se han vuelto una suerte de test de supervivencia para la propia mandataria.
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Rousseff evitó participar de la conferencia donde fue presentado ese paquete crucial, y dejó la tarea a sus ministros Joaquim Levy (Hacienda) y Nelson Barbosa (Planeamiento). Tras el desplome de sus índices de aprobación por debajo de 10% y caceroleos en las calles de Brasil durante sus últimos mensajes por TV, la presidenta está limitando sus apariciones públicas. Sin embargo, ayer miércoles sí aprovechó dos oportunidades que tuvo en una recorrida por el interior de São Paulo para criticar los intentos opositores de destituirla en el Congreso, que comparó de forma elíptica con un “golpe”.
“Querer utilizar la crisis como un mecanismo para llegar al poder es una versión moderna del golpe”, declaró Rousseff, una economista y ex guerrillera de 67 años, en la radio Comercial paulista. Poco después, en un acto de entrega de viviendas sociales, sostuvo: “Hay mucha gente en nuestro país que hoy apunta al cuanto peor, mejor. (…) En política el cuanto peor lleva a lo peor”.
Estos comentarios denotan preocupación ante los intentos de abrirle un juicio político a la presidenta. Un día antes, diputados de cinco partidos opositores presentaron una cuestión de orden para informarse sobre las reglas y plazos de más de una decena de pedidos de impeachment contra Rousseff presentados a la Cámara, mientras miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y de seis partidos aliados firmaban un manifiesto de apoyo a la mandataria.
Aunque el juicio político a Rousseff requiere mayorías especiales difíciles de alcanzar en un Congreso fragmentado, las principales consultoras políticas coinciden en que las probabilidades de que eso ocurra aumentaron en los últimos días. “La situación política y económica se agrava cada día”, advirtió el analista Cristiano Noronha, cuya consultora Arko Advice, con sede en Brasilia, ha subido de 30% a 45% el riesgo de impeachment. “La oposición y algunos parlamentarios hasta de la base (aliada) están saliendo del armario y pasando a defender eso de una forma más fuerte”, indicó Noronha a Búsqueda.
En este escenario, la suerte que corra el paquete fiscal del gobierno puede ser vital para Rousseff.
“No tiene opción”
Las medidas anunciadas por Levy y Barbosa buscan obtener unos U$S 17.200 millones para lograr el año que viene un superávit primario de 0,7% del PIB, en lugar del déficit de 0,5% previsto para 2016. Nunca antes un gobierno brasileño había presentado al Congreso un Presupuesto deficitario. Algunos interpretaron la jugada como una forma de mostrarles a los legisladores la gravedad de la situación, pero, si fue esa la intención, el tiro salió por la culata. Los mercados lo vieron como una falta de “capacidad y voluntad” del Ejecutivo para alcanzar un superávit primario consistente, como señaló S&P al quitarle la calificación de buen pagador a Brasil.
El nuevo plan de austeridad se basa en un aumento de la recaudación por unos U$S 10.500 millones, principalmente mediante la recreación de un viejo impuesto a las operaciones financieras denominado CPMF, así como una mayor tributación por la venta de inmuebles. Además prevé cortes de gastos por unos U$S 6.800 millones, con la postergación de ajustes salariales y de contrataciones en el sector público, así como una reducción de ministerios aun por definir.
Diversos economistas advierten que todo esto son remedios a muy corto plazo para los problemas de fondo que tiene Brasil, cuya economía entró en una recesión en el primer semestre, se contraería hasta casi 3% en todo el año y posiblemente siga encogiéndose en 2016. La tasa de desempleo llegó a 7,5% en julio (el mayor nivel en un lustro) mientras cae la demanda de crédito para el consumo y las conquistas sociales de los últimos años se ponen a prueba.
“El paquete es necesario pero no es suficiente para resolver la cuestión fiscal de Brasil. Es de mala calidad porque básicamente se concentra en aumento de ingresos (y) Brasil ya tiene una elevadísima carga tributaria. Pero resuelve la cuestión del año que viene y deja abiertas todas las cuestiones estructurales en relación a las cuentas públicas, que exigen reformas”, señaló Margarida Gutierrez, profesora del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en diálogo con Búsqueda.
Explicó que 90% de los gastos del gobierno central —que crecieron significativamente en los últimos años— son obligatorios y requieren autorización del Congreso para ser modificados. Por ejemplo, una reforma para atacar los costos crecientes del sistema previsional debido al envejecimiento de la población, requeriría de una enmienda constitucional si se pretende separar el piso de las jubilaciones del salario mínimo, o de un cambio de ley para establecer la edad mínima de retiro (hay normas que autorizan a pagar beneficios a muchos brasileños a partir de los 50 años).
Observadores políticos advierten que el gobierno, salpicado por el gigantesco escándalo de sobornos en Petrobras que también debilitó la economía, ha perdido autoridad para pedir sacrificios a la población. Y ni siquiera el plan básico de austeridad anunciado esta semana tendrá un pasaje sencillo por el Congreso.
El presidente de Diputados, Eduardo Cunha, un ex aliado del gobierno acusado de corrupción, calificó como “insoportable” la creación del gravamen a los movimientos financieros y señaló que podría votarse recién el año que viene. Un grupo de diputados opositores lanzó un movimiento denominado “basta de impuestos”. El presidente del Senado, Renan Calheiros, admitió que es impredecible lo que vaya a ocurrir, y hasta miembros del PT y aliados del gobierno han criticado las medidas. Rousseff buscó ayuda de gobernadores estatales, pero hasta el cierre de esta edición solo ocho entre 26 habían respaldado la creación del CPMF. Y los sindicatos también se han puesto en pie de guerra, amenazando con una huelga de funcionarios públicos.
En su editorial del domingo, el diario “Folha de São Paulo” afirmó que el aumento de impuestos, los cortes de gastos y la contención de la deuda pública son inevitables, pese a las resistencias de la sociedad. “El país, con todo, no tiene opción. La presidenta Dilma Rousseff tampoco: no le restará, caso se doble bajo el peso de la crisis, sino abandonar sus responsabilidades presidenciales y, eventualmente, el cargo”, advirtió el texto, publicado en portada bajo el título de “Ultima chance”.
Así las cosas, las próximas semanas asoman como decisivas en Brasil. El Tribunal de Cuentas debe decidir si Rousseff usó de forma indebida fondos de bancos públicos para maquillar los problemas presupuestales antes de las elecciones del año pasado, que ganó en segunda vuelta y por estrecho margen. Por otra parte, el Tribunal Superior Electoral analiza un pedido opositor para revocar el mandato de Rousseff bajo el argumento de que su campaña de reelección se financió con recursos ilícitos, procedentes de los sobornos en Petrobras. Si alguno de esos fallos fuera contrario a la presidenta, los opositores podrían usarlo para activar el juicio político.
Aunque Rousseff no ha sido acusada hasta ahora de actos de corrupción o delitos, un impeachment es un juicio influido por las condiciones políticas aparte de los fundamentos jurídicos. En ese sentido, Noronha sostuvo que también jugaría en contra de la presidenta un fracaso del paquete fiscal en el Congreso. “Esa posibilidad puede volver la situación del gobierno más complicada”, evaluó, “porque si no consigue aprobar este ajuste es posible que el país sufra una nueva rebaja de una agencia de calificación de riesgo y eso tenga un impacto todavía más concreto en el día a día de la gente”.