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De las tierras que trabaja, ¿cuántas hectáreas son de su propiedad?. Muchos productores que fueron “mal inducidos a pensar que el censo agropecuario era para poner impuestos” respondieron a esa pregunta diciendo tener “menos hectáreas de las que en verdad poseen” y “falsearon datos”, señaló a Búsqueda su director, Dardo Fagúndez.
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En el segundo semestre del año pasado, mientras los encuestadores de ese censo salían a recabar las respuestas de los productores agropecuarios, casi en simultáneo el gobierno concretaba la idea del presidente de la República José Mujica de cobrar un gravamen a las extensiones de campos de más de 2.000 hectáreas con un índice de productividad Coneat 100 (la media del país) o su equivalente, buscando desalentar la concentración de la propiedad de los predios en pocas manos. Ese proyecto de ley generó una intensa discusión política en medio de la cual algunos actores dijeron que el gobierno esperaba los resultados del censo para saber qué productores pagarían ese tributo y cuánto, afirmó Fagúndez. Ese jerarca de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (Diea) no quiso identificar a los políticos cuyos comentarios, según él, indujeron a los productores a pensar que esa información sería empleada para fines impositivos.
A fines de 2011 el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nº 18.876 que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). El gravamen tiene alícuotas de 67 unidades indexadas (UI) a la inflación para los predios de entre 2.000 y 5.000 hectáreas, de 100 UI a las extensiones de entre 5.001 y 10.000, y de 135 UI a las mayores a esa superficie, y lo que recaude se destinará básicamente a financiar la caminería rural.
En ese momento Fagúndez había advertido una “cierta resistencia” de algunos productores a dar información de sus actividades, lo que entre otros factores obligó a prorrogar el censo (ver Búsqueda Nº 1.641).
Ahora ese jerarca dijo que “el proceso de consolidación de datos reveló que había muchos formularios en los que los productores declaraban menos hectáreas de las que realmente tenían”. Para comprobar eso, contó que los técnicos de la Diea compararon datos del censo anterior (2000) y otros que surgen de la declaración jurada anual con informaciones sobre sus actividades que entregan los ruralistas a la Dirección de Control de Semovientes.
Se trata, añadió, de “un fenómeno general”.
Al ver que los encuestados “falsearon datos” el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) tuvo que “rehacer unas cuántas entrevistas con los productores lo que insumió más tiempo” e implicó “una tarea engorrosa”, indicó. Dicha secretaría de Estado —que realizó el levantamiento con apoyo del Ejército en base a un convenio con el Ministerio de Defensa—, tuvo que convencer a los empresarios del agro de que la información no será utilizada para cobrar el ICIR.
Si bien “el trabajo de campo se cerró hace mucho tiempo”, el viernes 4 el MGAP recibió del Ejército los últimos formularios completos de los departamentos de Colonia y Flores, que debieron rehacerse al detectar que la información no era correcta, comentó Fagúndez.
Los resultados preliminares del censo iban a ser presentados a mediados de diciembre, pero debido a los problemas surgidos eso se postergó para fines de junio o mediados de julio, informó ese jerarca. Los datos definitivos demorarán algo más en conocerse.
Otro factor que atrasó el desarrollo del censo agropecuario es la licitación pública que hizo el MGAP en marzo para contratar un servicio de captura, imágenes satelitales y lectura óptica de los formularios.
“Falta la decisión sobre la empresa que se contratará a mediados de junio y ahí, si no tenemos ningún inconveniente más, estaremos revelando los datos definitivos del censo a fines de este año”, dijo.
Justificó que la licitación “no compete a la Diea, sino a varias instituciones de la administración como el Tribunal de Cuentas, que es el que le agrega más tiempo”.
Confiable y oportuna.
Con el fin de obtener “información confiable y oportuna” sobre el sector agropecuario, el 15 de agosto de 2011 comenzó el censo con el levantamiento de datos, según un reporte de prensa divulgado por el MGAP por esos días. Indicaba que esa información resulta imprescindible para apreciar la evolución del rubro y “para tomar decisiones vinculadas al mismo, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Sobre un área total de 16,4 millones de hectáreas de uso agropecuario y una base de 57.000 establecimientos rurales registrados en el censo del año 2000, se abarcó a todas las explotaciones que se realicen sobre una hectárea o más de superficie.
Las principales preguntas de los censistas refirieron a la identificación del productor y la ubicación del predio, la superficie del mismo, el área de montes artificiales, naturales y frutales, los cultivos y las pasturas, el riego, la existencia de animales y maquinarias, entre otros temas.
Los datos que proporciona el productor “son confidenciales y están amparados por la ley que garantiza el secreto estadístico de la información”, aclaró Ganadería en el citado reporte. Esa norma, vigente desde 1994, dispone además la aplicación de multas y sanciones en caso de que los encuestados proporcionen datos no ajustados a la verdad o fuera de los plazos establecidos. Las multas pueden ser de entre 20 y 50 unidades reajustables (unos $ 11.600 y $ 29.000 al valor actual de esa unidad de cuenta).
Fagúndez dijo que el MGAP no tiene previsto multar a los productores que incurrieron en esas faltas.
