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Los programas de gobierno y la integración de los equipos de los distintos partidos se están conociendo de a poco en esta campaña, a la vez que los precandidatos manejan por ahora ideas generales acerca de la política económica que aplicarían si ganan las próximas elecciones. Sin embargo, en el sector empresarial y entre algunos observadores del exterior se está consolidando la expectativa de continuidad, aun si a un partido distinto al Frente Amplio le toca gobernar desde marzo del 2020.
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La campaña se ha enfocado por el momento en temas como la inseguridad pública, los problemas en la educación, así como en los desafíos que plantea la economía por su estancamiento, la pérdida de puestos de trabajo y el elevado déficit en las finanzas públicas. Pero en esa área no han sido lanzadas, en general, propuestas de cambios bruscos en las políticas.
“Actualmente la percepción sobre la economía en general es negativa según cualquier encuesta. Para el Frente Amplio, lograr ser reelecto es muy desafiante dadas las condiciones macroeconómicas”, dijo en una entrevista con Búsqueda el director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Guillermo Tolosa.
En el sector empresarial y entre algunos observadores del exterior se está consolidando la expectativa de continuidad, aun si a un partido distinto al Frente Amplio le toca gobernar desde marzo del 2020.
Entre el empresariado está instalado un estado de ánimo pesimista y de cautela. Según una encuesta de Deloitte difundida el miércoles 8, seis de cada 10 no planea incrementar la inversión el próximo año y solo el 8% prevé aumentar la dotación de personal.
La desaprobación sobre la gestión de la actual administración continuó aumentando y llegó al 77%, frente a solo 4% que expresó una opinión favorable; el resto tiene una visión neutra.
A su vez, más del 90% de los ejecutivos encuestados anticipa que el próximo gobierno implementará medidas de ajuste fiscal, “pero es menos extendida la expectativa de que la nueva administración introduzca modificaciones en otras áreas de la política económica”, subrayó la consultora. El 38% espera “escasos cambios”.
Bajo riesgo político.
La visión desde el exterior es similar.
“No esperamos cambios abruptos en la formulación de políticas en Uruguay dado el contexto electoral actual y el cambio en la administración”, aseguró la calificadora de riesgo Standard & Poor’s al ratificar, el martes 7, la nota de la deuda pública del país. Y agregó que la perspectiva estable que acompaña esa calificación refleja su “visión de continuidad en políticas económicas clave después de las elecciones nacionales a finales de este año”.
También avizora que algunos desajustes macroeconómicos persistirán al menos al inicio de la nueva administración.
Por su lado, el banco de inversión estadounidense J.P. Morgan reafirmó en un análisis para clientes difundido esta semana que visualiza un “riesgo político muy limitado que se deriva del ciclo electoral. (…) A diferencia de la vecina Argentina, el riesgo de que el populismo llegue al poder es bajo en Uruguay. Sin embargo, en nuestra opinión, la próxima administración deberá implementar reformas de la oferta y reformas fiscales y en la seguridad social, que parecen ser una condición necesaria para que el país evite una mayor caída potencial de su crecimiento. Además, la onerosa carga fiscal continúa ejerciendo presión sobre la rentabilidad del sector privado, con un crecimiento endógeno del gasto social y de pensiones relativamente elevado”.
Para J.P. Morgan, la administración que asuma en marzo del 2020 “deberá tomar la diligencia debida y abordar estos problemas macro y microeconómicos. Queda por verse cómo el nuevo gobierno abordará las necesidades de reforma en medio de la probable falta de mayorías en el Parlamento”. En un informe del 8 de abril había señalado similar concepto (Búsqueda Nº 2.016).
