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El déficit fiscal en los doce meses finalizados en junio trepó a U$S 897 millones, lo que representa 1,9% del Producto Bruto Interno (PBI), conforme con las cifras publicadas el martes 31 por el Ministerio de Economía (MEF). Sin considerar el resultado negativo extraordinario que se dio en marzo pasado —por el adelanto en el pago de salarios públicos y pasividades por el feriado de Carnaval—, se trata del mayor desequilibrio en las finanzas estatales desde noviembre de 2009 (2%).
A su vez, el superávit sin incluir el pago de intereses de la deuda (primario) bajó a 0,9% del PBI en los doce meses a junio.
El deterioro fiscal verificado en junio obedeció, por un lado, al peor desempeño del gobierno central. Respecto a un año atrás, en ese mes los gastos se incrementaron 0,6% quitando los efectos de la inflación (variación real), al mismo tiempo que los ingresos se redujeron 2,4%.
Además, Ancap tuvo una fuerte pérdida en dicho mes, a lo que se sumaron las que se produjeron en Antel y AFE por montos mucho menores. Ello fue compensado mínimamente por las ganancias obtenidas por el resto de los entes comerciales e industriales estatales, por lo que en conjunto estas empresas dieron un resultado negativo de casi U$S 150 millones. Eso contrasta con las ganancias por unos U$S 28 millones obtenidas en junio de 2011.
Comercial.
En las cuentas figurará un egreso por un monto significativo con partidas previstas por el MEF para sentencias judiciales. A través de una resolución fechada el jueves 26, esa secretaría de Estado habilitó el pago de U$S 118,5 millones en el marco de un acuerdo transaccional celebrado en abril con los grupos internacionales que eran accionistas del viejo Banco Comercial. Como derivación de la capitalización y posterior liquidación de esa entidad en el marco de la crisis de 2002, pactó depositar U$S 70 millones en un fideicomiso (suma destinada a transar las demandas en curso contra Credit Suisse, Chemical Overseas y Dresdner Lateinamericka, el Estado y el Banco Central) y abonará a dichos bancos extranjeros U$S 48,5 millones. En un comunicado, las partes dieron ayer por cumplido el acuerdo.
DGI.
Por otra parte, la Dirección General Impositiva (DGI) efectuó en los últimos cuatro años 37.343 actuaciones inspectivas, y en el mismo período el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) dictó sentencias en 208 casos por actos emanados de esa oficina recaudadora.Según un análisis hecho por la DGI —luego que el consultor Alberto Varela señalara semanas atrás en “El Observador” que esa repartición perdió 77% de los juicios por “cuestiones de fondo” en el TCA entre 2007 y 2010—, 120 de esos casos correspondieron a controversias originadas en inspecciones. Agrega que en el 51,3% de las mismas se “confirma totalmente el acto administrativo” de la oficina y el 36,5% se anula en forma completa.
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