La reforma eliminó, sustituyó y creó tributos. El nuevo sistema dio mayor preponderancia a los impuestos denominados directos, como los que recaen sobre la renta y la propiedad, que están más asociados a las posibilidades contributivas de la población (en detrimento de los indirectos, como el IVA). Según cálculos de Búsqueda en base a estadísticas oficiales, los primeros pasaron de aportar 25% de la recaudación de la DGI en 2006 a cerca de 35% en la actualidad.
El IRPF, de liquidación anual, grava todas las rentas de los individuos que provengan del trabajo (que antes pagaban el llamado “impuesto a los sueldos”) o de rendimientos de capital, con alícuotas distintas en uno y otro caso.
El monto mínimo a partir del cual se gravan las rentas del trabajo, establecido en cantidad de Bases de Prestaciones y Contribuciones-BPC (siete en la actualidad, es decir $ 16.919 para el pago mensual). Una ley aprobada recientemente prevé elevar dicho mínimo gradualmente durante 2013, crea una nueva franja de 30% y admite nuevas deducciones al impuesto.
En el caso de las rentas generadas por la prestación de servicios personales fuera de la relación de dependencia se calcula sobre el 70% del total (se admite una deducción ficta de 30%).
Originalmente el IRPF alcanzó también a las pasividades, pero al ser objetado ante la Justicia fue creado otro específico que grava las jubilaciones y pensiones (el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social) con similares características.
Las rentas del capital o financieras están gravadas con tasas —de 3%, 5%, 7% y 12%— que buscan privilegiar los depósitos en moneda nacional o en unidades indexadas a la inflación por sobre las inversiones nominadas en divisas. Están exentas las ganancias por premios de juegos de azar y de carreras de caballos, así como las rentas derivadas de arrendamientos de inmuebles que no superen la 40 BPC ($ 96.680) bajo ciertas condiciones.
El Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas sustituyó al Impuesto a la Renta de la Industria y Comercio, que suponía para las empresas una carga más pesada (30%). Recae sobre las ganancias generadas por las sociedades anónimas, las asociaciones y sociedades agrarias, los entes autónomos y servicios descentralizados industriales, los fideicomisos —excepto de los de garantía—, los fondos de inversión cerrados de crédito y las sociedades de hecho y civiles, entre otras. La tasa es de 25% sobre la renta neta fiscal, aunque se permiten deducciones.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sufrió varios cambios con la reforma. Su tasa mínima bajó de 14% a 10% y la básica se redujo de 23% a 22%. La ley de reforma previó, sin establecer fechas precisas, que esa última alícuota disminuyera a 20% si se cumplían las expectativas de recaudación (pero la baja no se concretó).
El IVA con su tasa mínima fue extendido a la primera venta de inmuebles y a los servicios de salud, y alcanzó con la alícuota básica al tabaco, los cigarrillos, la leche con sabor y larga vida, el consumo familiar de agua potable mayor a 15 metros cúbicos mensuales, y los intereses de los préstamos sociales del Banco República y los otorgados por las cooperativas financieras. En contrapartida, se exceptuaron del pago del impuesto los servicios de hotelería prestados fuera de “alta temporada”, algunos servicios de construcción y la importación de ómnibus.
La reforma también introdujo ajustes en el Monotributo, unificó en 7,5% el aporte patronal jubilatorio y creó la Tasa de Control Regulatorio del Sistema Financiero que grava a todas las entidades supervisadas por el Banco Central. Además, a partir de la entrada en vigencia del nuevo sistema no pudieron abrirse nuevas Sociedades Anónimas Financieras de Inversión y las existentes tuvieron plazo hasta fines de 2011 para adecuarse al régimen general.
Como parte del cambio se selló la partida de defunción de una docena de tributos casi todos de muy baja recaudación, como el Cofis, el Imaba, el Icosifi, el Imesa, el Impeque, a las comisiones, a las ventas forzadas, a las sesiones y permutas de deportistas, y a la venta en remate público.
En vigencia
La rebaja del IVA se tradujo en un descenso en los precios de ciertos productos por una única vez. De hecho, la inflación en julio de 2007 fue de 0,83%, un guarismo muy similar al del mismo mes del año anterior.
Mientras, en los recibos de sueldo de muchos trabajadores de ingresos bajos y medios dejó de figurar el Impuesto a las Retribuciones Personales y no llegaron a ser alcanzados por el IRPF; en cambio, con la creación de ese tributo la carga aumentó para los individuos que ganan más.
El IRPF también empezó a figurar en los estados de cuenta de los titulares de depósitos cuando el banco le empezó a retener, en forma mensual, parte del interés generado. Según ejecutivos del sistema financiero, ese gravamen no influyó de manera significativa en el comportamiento de los ahorristas (en un contexto de mejora de los ingresos y tasas históricamente bajas) y, de hecho, en los últimos cinco años prosiguió la tendencia de recuperación de los depósitos. Al cierre de junio de 2007 los depósitos eran U$S 10.304 millones y en ese mismo mes de 2012 ascendieron a U$S 22.433 millones (crecimiento de 118%), conforme con cifras del Banco Central.
Una evaluación del impacto de la reforma sobre la pobreza y la desigualdad publicado en 2009 por el Centro de Investigaciones Económicas concluyó que el efecto conjunto de la introducción del IRPF y el alivio del IVA “permite un aumento significativo del ingreso disponible en todos los grupos de hogares exceptuando el decil más rico”, lo que tiene “efectos positivos sobre el consumo agregado (y la actividad) y permite una reducción de la pobreza y la desigualdad”.
El porcentaje de la población cuyos ingresos resultaban insuficientes para adquirir una canasta básica de bienes y servicios pasó de algo más de 30% en 2006 a 14,3% en 2011, según la medición que realiza el Instituto Nacional de Estadística. Esta tendencia de reducción de los niveles de pobreza se había iniciado años antes, en parte como consecuencia de las mejoras en el mercado laboral y algunos planes que incluyeron partidas monetarias para esas familias.
En el mensaje que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas enviado a fines de junio al Parlamento, el Poder Ejecutivo señaló que esta reforma tributaria fue uno de los factores que contribuyeron a las “mejoras en la distribución del ingreso” a partir de 2008”. Si se divide la población en diez partes según su nivel de ingreso, la brecha entre el decil más alto (“ricos”) y el menor (“pobres”) se redujo de 17 veces en 2006 a 13,5 en 2011, conforme con cálculos del Ministerio de Economía.
Empresas.
Para las empresas, la modificación del sistema tributario trajo aparejadas algunas complicaciones, dijo a Búsqueda Rocío Blanco, gerenta del Departamento de Impuestos de la consultora Ernst & Young Uruguay.
La creación del IRPF y el Impuesto a la Renta de los No Residentes “impacta fuertemente en los contribuyentes del IRAE no solo en lo que respecta a la deducción de gastos, sino en que la normativa los designa agentes de retención de los mencionados impuestos. Esto acarrea un fuerte incremento en el control y trabajo administrativo para las empresas sobre los créditos y pagos con el consiguiente costo administrativo”, explicó.
Adicionalmente, añadió, se generaron para las firmas “fuertes incrementos en sus gastos debido a la innovación implementada en nuestro régimen tributario con la denominada ‘regla candado’” según la cual un contribuyente del IRAE podrá deducir un gasto si su contraparte paga renta y en la misma proporción. En muchos casos, para poder hacerlo precisará obtener certificados del exterior “que generalmente tienen un alto costo”, sostuvo.
Blanco valoró como “muy positivo” la digitalización de los trámites y presentación de declaraciones juradas, pero observó que más allá de eso “no se ha logrado simplificar la liquidación de los impuestos sino que por el contrario cada vez es más complejo y que tanto las personas como las empresas requieren de mayor asesoramiento profesional para poder cumplir con sus obligaciones tributarias”.
El cambio en el régimen de estímulo a las inversiones aprobado en el mismo año que la reforma tributaria hizo disparar la cantidad de proyectos beneficiados y el monto de los mismos. De planes por U$S 177 millones “promovidos” por el Ministerio de Economía en 2006 se pasó a inversiones por U$S 1.429 millones en 2011 (U$S 984 millones en el primer semestre del año en curso), conforme con datos de esa Secretaría de Estado.
Una encuesta efectuada por consultores para el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo reveló que la mayoría de las empresas que concretaron inversiones al amparo del régimen de promoción renovado habrían llevado a cabo esos proyectos aun si no se hubieran beneficiado con rebajas tributarias. El incremento de los estímulos tuvo como efecto más significativo un “adelantamiento” de los planes y el aumento de los montos invertidos (Ver Búsqueda Nº 1.577).
