Se registran nuevos desencuentros entre gremiales del agro y el Poder Ejecutivo: ni rebaja del gasoil, ni fondo sojero

“Es un problema de actitud, porque si es una mesa de trabajo deberíamos buscarle la vuelta entre todos”, señaló.

El gobierno “permanentemente” realiza un “monitoreo de la evolución de las variables relevantes, a efectos de evaluar la pertinencia de realizar ajustes”, señala.

En varios de los puntos que las gremiales propusieron estudiar para lograr una rebaja del gasoil, el Poder Ejecutivo respondió con cálculos diferentes o consignando que no hay suficientes elementos para realizar estimaciones, como en el caso del volumen de combustible que ingresa de contrabando o el eventual incremento de las ventas de gasoil para las empresas de transporte internacional, entre otros.

Inestable

La idea de conformar un fondo sojero para financiar la producción de ese grano quedó descartada, tras el análisis realizado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) sobre la implementación de un mecanismo de este tipo que mostró elementos de variabilidad en el precio de la oleaginosa y en el rendimiento en kilos por hectárea.

Además hay “pocas barreras a la entrada y salida” de la actividad, por lo que es necesario considerar cómo hacer para tener el compromiso de mantenerse en la producción, señaló esa repartición del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Y planteó: “¿Cómo garantizar un flujo tan inestable?”.

Es que los indicadores de la actividad sojera en Uruguay y el valor de ese grano en el mercado Chicago registraron marcadas oscilaciones en el período considerado por los técnicos, que comprende la zafra 2003-2004 hasta la actual 2017-2018.

La evolución del volumen producido de soja tuvo picos superiores a los 3 millones de toneladas en 2013, 2014, 2015 y 2017, con algunos bajones del entorno de los 2 millones de toneladas en 2010, 2011, 2016 e inferiores a 1,5 millones de toneladas, como se prevé en 2018. Desde 2004 hasta 2009 hubo un crecimiento de las plantaciones sojeras en el campo uruguayo: de unas 250.000 hectáreas se pasó a casi 600.000 hectáreas, lo que significó un aumento de la producción de unas 400.000 toneladas a un millón de toneladas, según datos del MGAP.

Los técnicos de Opypa les adjudicaron a los fondos de financiamiento un “rol muy importante” en la salida del endeudamiento de sectores como el lechero y el arrocero, de acuerdo a la presentación realizada en la reunión entre los representantes del Ejecutivo y directivos de las gremiales del agro. La figura utilizada a partir de 2003 es la de fideicomiso financiero y para su funcionamiento es necesario un “flujo de ingresos futuro que pueda ser cedido a un fideicomiso” y que exista una “adecuada seguridad jurídica de la existencia y mantenimiento de ese flujo por el período durante el cual se va a pagar la emisión”, señala el documento del gobierno.

La operativa de ese mecanismo tiene como “fortaleza” que se habilita un financiamiento con posibilidades de pago a largo plazo, variable de acuerdo a la producción, con seguridad de pago al inversor, sin requerir garantías reales de los productores, ni análisis de riesgo individual, beneficiando a todos los productores independientemente de su capacidad de repago, analiza.

Considera que esas “fortalezas” se sustentan en la “solidaridad inter-sectorial” y que contribuyen “en gran medida” a “facilitar la participación de los inversores” en la operativa y determinan la generación de algunos “efectos no deseados”, como que “los productores que crecen más durante el período de repago cubren lo que no pagan los productores que crecen menos, decrecen o dejan la actividad”.

“Al estar gravada la producción futura, quienes sean nuevos en el sector estarían gravados sin haber recibido el beneficio”, advierte el texto.

Las gremiales que integran la mesa de trabajo en cuestión son las Cooperativas Agrarias Federadas, la Asociación de Cultivadores de Arroz, la Asociación de Productores de Leche, la Comisión de Fomento Rural, la Asociación Rural y la Federación Rural.

Retención

Algunas interrogantes que pusieron sobre la mesa los técnicos de Opypa se vincularon a si el monto de un eventual fondo sería proporcional a la deuda o la facturación del sector y si se basaría en la declaración de superficie plantada en los últimos tres años en los planes de uso y manejo de suelos o con información de la Dirección General Impositiva con base en retenciones del Impuesto a las Enajenaciones de Bienes Agropecuarios. ¿La retención será obligatoria o voluntaria? y ¿se aplicará en la primera venta o en la exportación?, plantearon.

Debido a la inestabilidad considerada en la producción sojera y a las características de la operativa de los fondos sectoriales para el arroz y la leche, entre otros factores, la propuesta no avanzó, considerando además que esos rubros son diferentes a la dinámica de salida y entrada de productores en la soja.

Una medida que ganó mayor consenso entre los empresarios agrícolas y el gobierno fue la implementación de seguros para mejorar las condiciones financieras del sector.

Ante esta situación, la próxima siembra está jugada a los resultados que puedan obtener los productores en sus gestiones en la banca pública y privada, que impliquen una prórroga en los pagos de sus deudas y un nuevo financiamiento para seguir plantando. En ese sentido, el Banco República y los bancos privados ya dejaron en claro que la atención será de caso por caso.