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No se requiere clandestinidad. Cualquiera puede leer en Internet la receta de brownies con cogollos de marihuana. Según las instrucciones, “se deben comer con moderación sin superar la ración aconsejada (uno por persona), porque si no, el efecto puede dejar de ser divertido, sobre todo en personas que no están muy acostumbradas al cannabis”. Para el autor lo ideal es drogarse con lo justo y evitar enfermarse.
Sin embargo, puede ocurrir un desastre. Un pasante de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) cocinó bizcochuelo de chocolate (para el caso, lo mismo que brownies) con cogollos de marihuana, y el 15 de junio los compartió con sus compañeros de oficina sin advertirles sobre la presencia de la droga. Varios se intoxicaron y debieron recibir atención médica.
Jorge Ruks, subsecretario del Ministerio de Vivienda, organismo del que depende la Dinama, calificó lo ocurrido como “grave” y la ministra Eneida de León ordenó una investigación administrativa.
¿Cuánta marihuana usó el improvisado pasante-cocinero cuyo nombre se ha mantenido oculto? No lo sabemos. ¿Cómo obtuvo el cannabis? Tampoco. ¿La marihuana es de su propia producción? Si lo es, pudo incurrir en un delito. ¿Con qué objetivo invitó a sus compañeros y por qué no les advirtió sobre la presencia de la droga en el bizcochuelo? Un misterio. Deberíamos saber eso y mucho más, especialmente porque se trata de un tema de salud pública ocurrido en una repartición del Estado.
Pero el Ministerio, opaco y encubridor, se niega a divulgar la investigación administrativa. La considera “reservada” y al mismo tiempo bendijo al cocinero: elogió su desempeño laboral y le renovó la pasantía por otros seis meses. La renovación no se decidió antes del reparto de la torta sino el 10 de julio, cuando estaba terminada la investigación administrativa, informó el periodista Pablo Fernández en el diario El País.
Fue el abogado Homero Guerrero, director general del ministerio y exsecretario de Presidencia de José Mujica, quien le comunicó al periodista que la investigación administrativa era reservada y que el pasante no sería sometido a un sumario porque, según la ley, no tiene la calidad de funcionario público.
Sin embargo, informa Fernández, quien llevó adelante la investigación administrativa recomendó un sumario del cual surgieron “notorias pruebas” de “irresponsabilidades” y de “daños a terceros”.
Seguramente para algunos este no es un asunto prioritario. Como muchos otros queda sepultado por reiterados debates sobre temas trillados e insolubles. De ello se aprovechan algunos gobernantes que optan ignorar la transparencia a la que los ciudadanos tienen derecho.
La Ley 18.381 de Acceso a la Información Pública estableció libertades que se interrelacionan: el derecho a informar y el derecho a ser informado. El derecho a la información es esencial para garantizar la libertad de expresión y requiere la mayor transparencia en beneficio de todos.
La búsqueda de información de este caso no se basó en la ley, pero esta es precisa. Solo puede declararse reservada la información que, entre otras cosas, comprometa la seguridad pública o la defensa nacional; desproteja descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales; pueda dañar un proceso de producción; afecte relaciones internacionales; dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país o ponga en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona. Vale decir que está acotada a situaciones concretas vinculadas a la protección de un interés público o general o a la protección de bienes jurídicos supremos.
La administración no está facultada para ampliar el elenco de situaciones de reserva previstas por la ley ni a realizar interpretaciones o aplicaciones extensivas de la norma a otros casos que estrictamente no encuadren en el presupuesto previsto para declarar la reserva de la información. Tampoco se encuentra facultada para realizar reservas genéricas ni a futuro de información que aún no fue producida, en tanto esto iría contra el derecho de acceso a la información pública que la propia ley consagra.1
¿Ocultar la intoxicación de funcionarios públicos debido al consumo de marihuana proporcionada por un pasante del Estado responde al interés público general o protege bienes jurídicos supremos? Claro que no, pero para algunos gobernantes cualquier cosa vale.
Para declarar reservada una información el Estado debe fundamentarlo. No puede decir: “¡Es reservada porque se me antoja!”. La administración no puede declarar la reserva en forma genérica, sino que tiene que especificar las razones mediante una resolución fundada. Los fundamentos de esa resolución debieron estar asentados en el expediente cuando Guerrero le informó al periodista. Pero debido a la reserva tampoco se sabe.
La decisión de reserva del Ministerio de Vivienda despierta sospechas e interrogantes: ¿Qué se pretende ocultar? ¿Acaso el pasante es un recomendado político y se ocultó la investigación administrativa para extenderle el contrato por otros seis meses? ¿La decisión de la ministra De León, expresada a través de Guerrero —ambos cuadros del MPP—, busca evitar un enfrentamiento con Mujica por sus posturas sobre el consumo de marihuana? ¿Intentan las autoridades evitar que se investiguen eventuales delitos del pasante? ¿Alguna autoridad del ministerio es consumidora de marihuana o de otras drogas y por eso la solidaridad con el pasante y lo ocurrido? No hay respuestas. Seguiremos en la nebulosa del autoritarismo.
