Si bien la incorporación de cultivos transgénicos, es decir, aquellos que incluyen organismos genéticamente modificados (OGM), permitió la intensificación agrícola del país, su uso no estuvo exento de polémicas. El control estatal se ejerce a través del decreto 353 del 2008, que regula su autorización y uso. Sin embargo, desde hace algunos años tomaron fuerza las llamadas Nuevas Técnicas de Mejoramiento —otra forma de ingeniería genética que incluye técnicas de edición de genoma— que no están comprendidas dentro de ese marco legal.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) incluyó en el artículo 194 del proyecto de Rendición de Cuentas que ingresó al Parlamento en agosto de 2022, una propuesta para crear un “grupo de trabajo técnico” integrado por “expertos en caracterización molecular” de esa cartera, del Ministerio de Ambiente, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), del Instituto de Semillas (Inase) y de “cualquier otra institucionalidad asociada”.
Desde el Colectivo TÁ —integrado por docentes de la Universidad de la República (Udelar) y representantes de la sociedad civil— criticaron el proyecto de ley. En un comunicado difundido semanas atrás afirmaron que el protocolo por el que se rige Uruguay sostiene por definición que los productos de edición génica “son organismos genéticamente modificados y por tanto objeto de regulación y evaluación de riesgos”.
“Crear un grupo de expertos restringido a instituciones en su mayoría interesadas en el uso de estas tecnologías para que defina si estos productos son organismos genéticamente modificados, es un artilugio para no regular a gran parte de estos”, señalaron. Asimismo, opinaron que la propuesta “contradice normas jurídicas existentes en el país e infringe el derecho a la protección de la salud y a la seguridad alimentaria”, ya que permite que productos obtenidos mediante la aplicación de nuevas técnicas de mejoramiento “no sean regulados, ni evaluados sus riesgos por la institucionalidad competente”.
Las autoridades del ministerio defienden la normativa propuesta como un paso necesario para dar un marco normativo que consideran que es claro y al mismo tiempo ágil para técnicas que, aseguran, son más precisas y avanzan rápidamente. Ante los cuestionamientos, muestran apertura a incorporar a la academia y a la salud al grupo de expertos encargado de la evaluación.
“Muy peligroso”
Santiago Mirande, docente de la Facultad de Derecho de la Udelar e integrante del colectivo TÁ, afirmó que la edición génica “tiene los mismos problemas” que los transgénicos. Además, dijo que los estudios científicos señalan que los productos obtenidos con edición génica son organismos genéticamente modificados, por lo que “debería aplicárseles la normativa vigente” en vez de hacer creer que “en Uruguay existe un vacío legal”.
“Este proyecto es muy peligroso, tiene patologías jurídicas y deficiencias científicas en especial con respecto a la evaluación de riesgos”, sostuvo. Además, indicó que establece una especie de “by pass”, ya que quien solicite autorización para realizar un procedimiento de edición génica de cualquier organismo vivo, pasaría por un procedimiento “muy breve y sin obstáculos”, en el que solo participa el MGAP y el Ministerio de Ambiente.
“La integración del grupo de expertos es bastante dudosa”, acusó, al opinar que también debería incluirse autoridades del Ministerio de Salud Pública, científicos de la Udelar y referentes de la sociedad civil.
La directora general de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Virginia Guardia, aseguró, sin embargo, que el grupo no estará conformado solamente por las carteras de Ganadería y Ambiente, sino que se pretende incorporar además a las instituciones que hoy conforman el Sistema Nacional de Bioseguridad. Estos serían INIA, Inase, Institut Pasteur, Udelar y Latu. También podrían incluirse científicos del Clemente Estable y de universidades privadas. Sobre el Ministerio de Salud Pública, explicó que están abiertos a recibir referentes para la integración del grupo, pero hasta ahora no se ha encontrado a la persona idónea.
Por su parte, Claudio Martínez Debat, doctor en Ciencias Biológicas, docente de la Facultad de Ciencias de la Udelar, cree que “saltarse” lo establecido en el Protocolo de Cartagena —como entiende que lo hace este proyecto de ley— es un paso “profundamente equivocado”. En su opinión, “no cabe duda” de que estos organismos deberían considerarse organismos genéticamente modificados.
“La adopción de estas tecnologías de forma masiva en productos alimentarios de origen vegetal y animal no es exclusivo de nuestro país. Hay un apuro muy grande porque estos productos lleguen al mercado”, señaló. En ese sentido, cuestionó que el proceso “se esté elaborando de espaldas a la sociedad” y a través de un “proceso muy opaco, con posibles consecuencias muy disruptivas a nivel de ambiente y salud”.
Avances
Guardia dijo a Búsqueda que el proyecto de ley impulsado por su dependencia surgió de una necesidad, ya que las nuevas técnicas de mejoramiento, que consideró “mucho más precisas”, vienen avanzando a buen ritmo. “A nivel nacional están surgiendo investigaciones y desarrollos iniciales y es fundamental que haya un marco normativo”, señaló.
En el mundo hoy se pueden distinguir dos corrientes al momento de evaluar estos productos. Por un lado, países como Brasil y Argentina, Estados Unidos y Canadá, mantienen un enfoque similar al propuesto por el ministerio. Por otro lado, los países europeos apuestan a un enfoque “más normativo o jurídico”, afirmó.
En esa línea, Guardia dijo que estas nuevas técnicas ofrecen oportunidades para generar “desarrollos locales a problemas locales” porque están más disponibles para los investigadores.
Según la directora, las Nuevas Técnicas de Mejoramiento pueden generar productos que sean considerados o no organismos genéticamente modificados, por lo cual proponen que sea un equipo técnico “de científicos” el que determine su naturaleza. “Si se entiende que a nivel molecular no es un transgénico, es porque se trata de un producto que se podría haber obtenido por otras técnicas convencionales de mejora, como, por ejemplo, un cruzamiento. Entonces nuestra premisa es a igual producto, igual normativa”, explicó.
Por su parte, la gerenta de Bioseguridad de la Dirección General de Bioseguridad e Inocuidad Alimentaria del ministerio, Alejandra Ferenczi, sostuvo que si bien en Europa se entiende que todos los productos derivados de estas nuevas técnicas de mejoramiento constituyen organismos genéticamente modificados, es algo que está siendo revisado. Cuando “se analiza específicamente el cambio generado” no siempre coincide con la definición de este tipo de productos, señaló.
Actualmente no hay productos derivados de nuevas técnicas de mejoramiento en el mercado, pero sí existen varias investigaciones en curso vinculadas a la edición génica. Por ejemplo, en Uruguay se está trabajando para editar el genoma de la mosca y convertirla en un insecto estéril para combatir la llamada bichera. A nivel vegetal, el INIA trabaja en el desarrollo de tomates con mayor contenido de licopeno —que otorga un color rojo más intenso— y el cultivo de soja con diferentes características.
Lo que se busca es que una vez que estas investigaciones lleguen a un producto final, cuenten con una normativa que permita su posterior desarrollo productivo dentro del país, sin necesidad de producir en el exterior.
Según Ferenczi, estas nuevas técnicas de mejoramiento “son sumamente precisas” y presentan menos riesgos, lo que las diferencia de técnicas anteriores vinculadas a productos transgénicos. Además, la normativa planteada “brinda la oportunidad al desarrollador de hacer una consulta previa”, lo que repercute en los costos regulatorios.
“Si el grupo técnico define que se trata de un organismo genéticamente modificado, el desarrollador deberá enfrentar costos regulatorios que limitan muchísimo los desarrollos. Pero si el resultado es que no lo es, sino que se trata de una mutación natural o un mejoramiento convencional, “se regulará de una manera que implique más opciones para el país”, opinó.
“Es un mecanismo que da garantías para usar las nuevas herramientas y desde el Estado estar tranquilos de que se puede intervenir sin sobrerregular”, defendió.
