“Era violento, le hablaba mal. Vos sentías que Jonathan tenía hambre, te juro que le sentía el ruido en la panza. Y él, ‘andá para allá’, ‘traeme esto’, siempre de mal modo. Y eso que la abuela (la madre de la madre) vendía milanesas ahí también y no le daba nada. Yo le dije ‘vení, papi’ y le di un pan con fiambre. Él lo partió y se lo dio a la hermanita. Yo tengo un hijo chico con piedras en el riñón y él me decía que le diera mucha agua; era divino”. Jonathan lo sabía por experiencia: también tenía cálculos renales. “En una le pregunté qué quería para Reyes. ‘Ser grande’, me dijo. ‘Pero eso es tener mucha responsabilidad, papi’, le dije. Y ahí lo llamó el padre para pedirle que le consiguiera cambio, que le trajera una cerveza, no sé. Yo qué iba a pensar que no lo iba a ver más…”.
Ni Jonathan ni su hermana llevan el apellido Calero y sí el de su madre. Sin embargo, según el Sistema de Información para la Infancia del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), el homicida era el padre de ambos.
Alejandra lloró en el velorio —“tuvo que ser con el cajón cerrado, por los golpes”—, lloró en el cementerio y lloró en la marcha por él del domingo 15, desde la plaza Independencia hasta la Suprema Corte de Justicia, a la que asistieron unas 30 personas. “Mucha gente se cayó la boca”, dice con bronca.
Fallas
“Evidentemente, acá algo falló”, dijo el presidente de la República, Yamandú Orsi, sobre este caso. “El Estado todo falló”, apuntó el ministro del Interior, Carlos Negro. El gobierno y las organizaciones sociales coinciden, señala a Búsqueda la socióloga Paula Baleato, referente de la Plataforma Infancias y Adolescencias (Pias) y coordinadora de la ONG El Abrojo. “El sistema de detección no funcionó desde temprano. Hubo algunas alertas cuando (Jonathan) iba a un CAIF (Centros de Atención a la Infancia y la Familia), pero no tuvieron continuidad en Primaria, aunque se planteó que se hicieron denuncias no formalizadas. Sí hubo una (denuncia) en la educación media y por un error puntual no llegó a destino”, destaca.
Si alguien hubiese recogido el alerta de la UTU de Flor de Maroñas —donde era considerado un buen alumno, pero tímido y poco sociable—, la historia podría haber sido distinta. Esa denuncia, presentada por la subdirectora el 27 de noviembre de 2025 en la seccional 16 de la Policía, es, según todas las autoridades consultadas por Búsqueda, la única formalizada que tiene a Jonathan como víctima. Refiere a un episodio ocurrido siete días antes. “La denunciante manifestó haber constatado posibles lesiones en las rodillas del adolescente Jonathan Martín Correa Javier, de 15 años de edad, lo que motivó la denuncia ante una posible situación de violencia doméstica”, consignó el Ministerio del Interior. Luego del peor desenlace, varios de sus compañeros dijeron a Telemundo, de Canal 12, que le notaron “moretones” en los brazos en ocasiones anteriores.
Eso ocurrió en el turno del fiscal Luis Pacheco, quien tomó las primeras medidas de investigación, las de estilo, indagar al núcleo familiar. Según la versión que dio el chico a la Policía, esas lesiones, unos moretones en las rodillas, se las hizo “jugando al fútbol”, algo que no convenció a nadie. La madre no corroboró esa versión, pero tampoco lo llevó a ver al médico, pese a lo que le recomendaron los funcionarios, limitándose a que reciba atención telefónica. En la UTU, donde se registraron inasistencias posteriores, tenían firmes sospechas de que en la casa se vivía violencia doméstica.
La madre es la misma mujer que, luego de que se mudó a unas cuatro cuadras de su casa tras la muerte del chico, fue brutalmente golpeada por varios vecinos que la acusaron de complicidad en el homicidio y de intentar encubrir a su pareja. Atendida en la policlínica cercana por la calle Libia, tenía “el hombro izquierdo dislocado y la cara desfigurada”, dijeron a Búsqueda fuentes del caso.
“Mi hermano es un hijo de puta, pero lo que pasó pasó porque la madre dejaba que lo maltrataran. Ella solo chillaba cuando le pegaban a ella. Nunca pensé que iba a pasar esto. No puede ser que la madre esté libre”, dijo a Búsqueda María Calero, la hermana del asesino, tía de Jonathan, a quienes hacía cinco años que no veía.
Pacheco no fue el fiscal asignado finalmente a ese caso, que hoy es investigado por su colega Alicia Abreu, junto con una denuncia anterior de violencia doméstica de la madre contra el padre de Jonathan, el 22 de abril de 2024, por el que se le prohibió acercarse a 500 metros y comunicarse con ella por 180 días. La mujer presentó una herida en la boca que requirió pase a cirujano plástico en el Hospital Pasteur. En esa ocasión, ella dijo que era un hombre “muy agresivo” y que temía “por su integridad física y la de su hijo mayor, ya que en oportunidades también lo golpeó”. En la Fiscalía General de la Nación, donde se está realizando una investigación administrativa, solo hay registro de estas dos denuncias.
Estos son tiempos, justamente, de investigaciones internas. La jueza Rossana Re Fraschini, que intervino en la denuncia cuando estaba en un juzgado de familia especializado, “ordenó que INAU abordara la situación y presentara un informe, enterara a la Fiscalía y elevara antecedentes; solo se comunicó a Fiscalía”, informó a Búsqueda una fuente judicial. Sin embargo, una novedad policial registrada en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública el 20 de noviembre de 2025 consigna la siguiente resolución judicial: “Que INAU aguarde situación, enterar a Fiscalía y elevar antecedentes”. Esta última es la versión que llegó al Ministerio del Interior, donde se está realizando otra investigación administrativa.
La Suprema Corte de Justicia, tras solicitar informes a la jueza Re Fraschini y a la jueza María Elena Iriarte, que intervino en la denuncia de 2024, decidió este miércoles 18 iniciar una investigación administrativa.
En el INAU, el organismo que vela por la minoridad, también están investigando una eventual inacción. Hoy parece claro que en toda su vida Jonathan supo sobre todo de violencia y vulnerabilidad. Pero nunca estuvo institucionalizado. “Su única presencia (en el INAU) fue en dos centros CAIF donde dejó de asistir a fines de 2014, cuando tenía tres años. No tenemos registros de ninguna intervención especial o específica. No hay denuncias”, dice a Búsqueda el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes. Otro jerarca desnuda su perplejidad: “Es algo insólito, estamos investigando que no hay nada”.
Ninguno de estos organismos confirmó la propagada versión de que existieron 14 denuncias previas al asesinato, la primera de las cuales habría sido registrada en 2013 y en un CAIF, repetidas en marchas y consignas en su recuerdo.
Sí quedó bajo la tutela del INAU la hermana menor de Jonathan, la que todos hoy dicen que protegía, aunque eso le valiera más palizas. Está alojada en un Centro de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF), un espacio de mediana permanencia donde recibe toda la atención terapéutica y pedagógica disponible. Con edad para entender lo que pasó, nueve años, está visiblemente afectada, pero aún no se ha manifestado sobre lo vivido, dijeron fuentes de la institución. También está en silencio.
Estructuras
En la década de 1990 en Flor de Maroñas comenzaron a proliferar las fábricas cerradas, la desocupación y los asentamientos. Años después comenzaron a aparecer redes delictivas. “Este proceso no fue acompañado por los recursos del Estado en forma suficiente. Hoy asistimos en el barrio a lugares con pobreza estructural, olvidados y abandonados, donde se fue perdiendo la presencia del Estado”, señala un comunicado de la Mesa de Coordinación Zonal barrial. “Es en ese contexto en el que una situación como la de Jonathan se hace posible”, agrega el texto.
Para Baleato es necesario actuar de forma urgente para atacar la “emergencia nacional” que representa “la situación de la infancia en Uruguay”, reflejado en cifras “escandalosamente silenciosas”. Una de ellas dice que hay un 32% de menores en Uruguay en situación de pobreza económica; otra es el último informe del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, que reporta 8.924 situaciones de violencia en 2024, unas 24 diarias. En un país donde están naciendo 29.000 niños al año, esos son los números silenciosos y escandalosos que apuntan a una violencia de tipo estructural.
“Hoy hay muchos Jonathan Correa, lamentablemente. Y se requieren reformas inmediatas en el sistema de protección actual, fragmentado, desactualizado y sin presencia territorial. Cada institución mira el mundo por su ventana, pero hay situaciones que quedan en el pretil”, agrega la socióloga. La puesta en marcha de un Gabinete de Primera Infancia en Uruguay es una buena señal al respecto, dice; que no sea la primera vez —con la periodicidad que traen tragedias así— que se hable de la necesidad de articular y conectar, para que luego no pase nada, es todo lo contrario, admite.
Como ejemplo de Estado en retirada en Flor de Maroñas, el Servicio de Orientación, Consulta y Articulación Territorial y el Equipo Territorial de Atención Familiar, gestionados entre el Ministerio de Desarrollo Social y el INAU, son dos de los organismos que se fueron del barrio en los últimos cinco años y a los que se podría haber acudido en situaciones como esta, dijo a Búsqueda la maestra jubilada Lucía Rodríguez, integrante de la mesa. Ella fue directora de la Escuela 382 cuando Jonathan cursó sus primeros años en Primaria. “Era muy chiquito, calladito, de ojitos tristes. Las maestras me contaban que su única preocupación era que su hermanita tuviera comida, preguntaba si podía llevar algo del comedor para ella. Del padre nunca dijo nada. La madre venía a veces, una vez la vimos con la cara destrozada”, relata. Era buen alumno y recordaba con cariño esa escuela, a la que cada tanto pasaba a visitar. “Una sola vez llamamos a la mamá, por un episodio que tuvo de autoagresión: él se llevó las manos al cuello, como intentando ahorcarse”.
En las convocatorias en su memoria, cerca de Flor de Maroñas y en el Centro, los manifestantes sacaron a la luz varias afirmaciones de difícil constatación: que el padre no era su padre, que al lado de la casa había una boca de venta de drogas, que los perros pitbulls que criaban eran en verdad de los narcos locales, que las palizas eran diarias, que todos en el barrio sabían, que todos por miedo callaban, que Jonathan estaba alejado del resto de sus parientes. “Recién ahora están hablando”, dice a Búsqueda una concejal vecinal que estuvo en esas marchas.
En la última de ellas, el domingo 15, un vallado impidió que llegaran a las puertas de la Suprema Corte de Justicia. Su tía María lloraba desconsoladamente, acariciando una foto del chico ahí colgada. Como todos los presentes, en voz alta pedía justicia; en voz baja, perdón. “De haber sabido lo sacaba de la casa y lo traía conmigo”.
