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El 24 de marzo, “un día muy particular” en la Argentina de Milei
Argentina atravesará los 50 años de la recordación del último golpe de Estado con un gobierno que no comparte el llamado “consenso del nunca más”; por primera vez, las ideas de extrema derecha que inspiraron a los militares gobiernan en democracia
Milei designó al exjefe del Ejército Carlos Presti como ministro de Defensa, un hecho inédito desde el retorno democrático en 1983.
Argentina se encamina a conmemorar el 50º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 con una administración que ha desafiado abiertamente los consensos históricos forjados desde el final de la última dictadura y el regreso de la democracia en 1983. La fecha del 24 de marzo fue establecida como Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia en 2002 y declarada como feriado nacional inamovible en 2006, durante la gestión de Néstor Kirchner.
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Una evocación de esta fecha, propuesta en un inicio como de recogimiento y recuerdo de las víctimas del terrorismo de Estado, se fue transformando en un día de movilización contra la impunidad y de reclamo en favor del juicio y castigo a los responsables del terrorismo de Estado durante la última dictadura (1976-1983), encabezada por los principales organismos de derechos humanos. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la fecha adquirió un sentido celebratorio y reivindicativo de las políticas oficiales en esta materia.
El gobierno de Javier Milei ha adoptado una postura denominada de “memoria completa”, que busca incluir en el relato oficial los crímenes cometidos por organizaciones armadas en la década de 1970 y cuestiona así la narrativa centrada de forma exclusiva en el terrorismo de Estado. Esta es una de las particularidades más disruptivas de la política argentina actual: el hecho de que una narrativa que históricamente estuvo asociada a los sectores militares y a la derecha marginal haya llegado a la Casa Rosada no a través de un golpe de Estado, sino mediante el voto popular.
Este fenómeno le marca el desafío más grande a la cultura política de la posdictadura.
Desde 1983, el llamado “consenso del nunca más” —referente al informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (1984) y el Juicio a las Juntas (1985) durante la presidencia de Raúl Alfonsín— funcionó como un principio de legitimidad para todos los partidos y gobiernos que lo sucedieron. El gobierno actual es el primero en ganar elecciones cuestionando abiertamente ese pilar, retomando el argumento de los defensores de los excomandantes por el que la llamada “lucha contra la subversión marxista” en los años 70 fue “una guerra necesaria”, aun admitiendo que hubo excesos (término que la Justicia ha rechazado al quedar establecido que entre 1976 y 1983 existió un “plan sistemático de exterminio”).
El revisionismo del actual gobierno tiene un costado claramente ideológico y otro más pragmático. En el marco de lo que da en llamar “batalla cultural”, el gobierno libertario promueve que la historia debe ser contada “de manera integral”, “sin anteojeras ideológicas”, condenando tanto la represión ilegal del Estado como “los crímenes” cometidos por organizaciones como Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Sin embargo, la condena a la primera en la visión oficial ha sido mucho más elusiva que a esta última.
Y se expresan, además, voces abiertamente favorables a lo actuado por las Fuerzas Armadas en la “represión antisubversiva”, que comenzó durante el gobierno constitucional derrocado el 24 de marzo de 1976 y se profundizó durante la última dictadura. Por otra parte, se han comenzado a desarticular organismos estatales de derechos humanos y se han removido dependencias de la Subsecretaría de Derechos Humanos que funcionaban en la antigua Esma (Escuela de Mecánica de la Armada).
A medio siglo del último golpe de Estado, el gobierno ha incluido en la agenda una reivindicación del lugar tradicional de las Fuerzas Armadas como factor de poder con incidencia en distintas áreas de la conducción del Estado. En esa dirección se inscribe la designación del general Carlos Presti, exjefe del Estado Mayor del Ejército, como ministro de Defensa, el primer militar en actividad en ocupar este cargo desde el retorno de la democracia. Presti ha manifestado que las Fuerzas Armadas deben “recuperar un rol protagónico en la defensa de la soberanía y la libertad”, para terminar con la posición marginal que, según su visión, ocuparon en el pasado reciente.
En el mismo sentido, el presidente Milei decretó el año 2026 como el Año de la Grandeza Argentina, exaltando el discurso patriótico de otras épocas. Y ha circulado información sobre la posibilidad de que el gobierno evalúe conceder indultos presidenciales para militares condenados por crímenes de lesa humanidad en el marco de este aniversario. Por otra parte, para el gobierno de Milei, el comunismo no es solo una ideología del pasado, sino un “virus” que mutó en el colectivismo, el feminismo y el ecologismo.
Aquí juega el clima de época. A diferencia de los años 70, donde la participación política de la juventud estaba mayoritariamente volcada a la izquierda, hoy una parte significativa del apoyo al gobierno libertario proviene de jóvenes que no vivieron la dictadura y ven el discurso de los derechos humanos como algo “viejo” o asociado a la corrupción de gobiernos anteriores. Adoptan la estética de la rebeldía para defender ideas hoy asociadas con la “extrema derecha”, desafiando lo que consideran la “dictadura de lo políticamente correcto” o la “cultura woke”.
Finalmente, el contexto externo, con el avance de la extrema derecha y el alineamiento con los Estados Unidos de varios gobiernos de la región en el marco de la política hemisférica del gobierno de Donald Trump, favorece estas tendencias revisionistas con las que el gobierno de Milei se propone atravesar la recordación del 24 de marzo de 1976. El discurso del secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, que vincula la migración masiva en Latinoamérica con “el fin de la civilización occidental y cristiana”, revive la narrativa de los militares de la Guerra Fría y deja a su lejano antecesor Robert McNamara como una suerte de “liberal progresista”.
En la Cumbre de Ministros de Defensa del continente realizada en Miami, Hegseth fijó la nueva agenda ante los responsables militares latinoamericanos: “Nos enfrentamos a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios, orgullosas de nuestra herencia compartida, con fronteras fuertes y pueblos prósperos gobernados no por la violencia y el caos, sino por la ley, el orden y el sentido común; o si seremos permanentemente divididos por otras fuerzas, desviados por fuerzas en competencia, el narco-comunismo radical y la tiranía anarquista, que amenazan a nuestros pueblos, nuestras fronteras y nuestras tierras soberanas en nombre de una falsa soberanía o una falsa paz; la migración masiva descontrolada que arrasa los recursos internos destinados a los ciudadanos que los merecen y que impulsa el crimen y la violencia sin control; o la creencia en el llamado globalismo, que busca borrar nuestras identidades nacionales distintivas en nombre de la tolerancia, borrar nuestras fronteras en nombre de la compasión y borrar nuestro espíritu guerrero y aquello que nos hace fuertes en nombre de la llamada diversidad y la corrección política, una de las frases más tontas en la historia militar”.
Los desafíos de la defensa y la agenda de derechos humanos no tienen nada que ver con los de 40 años atrás y, mucho menos, con los que pretenden asociarlas a los de hace medio siglo en la Guerra Fría. En la Argentina, las Fuerzas Armadas están insertas plenamente en el Estado de derecho y sus integrantes han desarrollado su vocación militar y su actividad profesional como hombres de armas en democracia. Por otro lado, la Justicia ha hecho su tarea al esclarecer las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura y sancionar penalmente a sus principales responsables, materia en la que un ciclo se está cerrando y en la que no hay vuelta atrás.
Un país preparado para mirar el futuro incorpora las experiencias y los aprendizajes de su historia, una memoria histórica que contribuye a la elaboración del pasado para superar sus efectos traumáticos antes que una cantera en la que se recrean como en un revival permanente los antagonismos que lo partieron en pedazos. En tal sentido, el “nunca más” sigue siendo una expresión máxima del consenso democrático en la Argentina que mantiene su vigencia y trasciende las interpretaciones y narrativas de los gobiernos de turno.