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Aunque las señales de los últimos años indicaran un continuo retroceso en los caminos hacia la seguridad alimentaria, el tradicional informe anual de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), preparado junto con otras agencias de las Naciones Unidas y presentado a inicios del corriente mes, no deja dudas sobre la peligrosa situación en la que nos encontramos relativa a las posibilidades reales de eliminar el hambre y la pobreza en 2030, como se lo propuso solemnemente la comunidad internacional en octubre de 2015 en Nueva York.
Según los últimos datos SOFI, el hambre en el mundo en 2021 alcanzó a 828 millones de personas, lo que supone un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el inicio del brote del Covid-19, demostrando que el escenario del hambre se disparó en el 2020 después de cinco años sin cambios o con leves mejoras. En 2019, la población mundial que sufría hambre era del 8%, en 2020 fue del 9,3% y en 2021 llego al 9,8%.
Analizando el futuro, el informe prevé que, a este ritmo, incluso con una recuperación económica mundial, serán alrededor de 670 millones las personas que pasarán hambre, o sea, el 8% de la población mundial. ¡Mismo porcentaje de 2015, cuando más de 150 jefes de Estado y de gobierno aprobaran los Objetivos del Desarrollo (ODS) para eliminar el hambre y la pobreza en todo el mundo para el 2030!
Los expertos nos recordaron que, en 2021, cerca de 2.300 millones de personas se encontraron en situación de inseguridad alimentaria moderada o grave, eso es, 350 millones más de los que la padecían antes del Covid-19.
Asimismo, alrededor de 924 millones de personas, que representan el 11,7% de la población mundial, afrontaron niveles graves de inseguridad alimentaria, cifra que aumentó en 207 millones en apenas dos años. Además, siguieron profundizándose las diferencias de género, ya que, de estas dramáticas cifras, las mujeres representan el 31,9%, mientras los hombres son el 27,6%.
En 2020, casi 3.100 millones de personas no pudieron permitirse mantener una dieta saludable, 112 millones más que en 2019, lo que refleja las consecuencias para el consumidor de los efectos de la inflación sobre los precios de los alimentos derivados de las repercusiones económicas del Covid-19.
Esto sin calcular el impacto de la guerra en Ucrania y otros conflictos en el mundo, en los que están implicados dos de los principales productores mundiales de cereales básicos, semillas oleaginosas y fertilizantes. Claramente, ello está perturbando las cadenas de suministros internacionales y provocando un aumento del precio de los cereales, los fertilizantes y la energía, así como de los alimentos terapéuticos listos para el consumo destinados al tratamiento de la malnutrición grave infantil.
Se calcula que 45 millones de niños menores de cinco años padecen emaciación, una de las formas más mortíferas de malnutrición que aumenta 12 veces el riesgo de mortalidad infantil, mientras que 149 millones de niños de la misma edad sufren de retraso del crecimiento y desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes necesarios para una dieta saludable, y otros 39 millones sufren de sobrepeso, todos aspectos que sin duda afectarán el futuro del desarrollo de nuestras sociedades.
Ante el peligro de una recesión mundial, con sus consecuencias directas sobre los ingresos y gastos públicos, un modo para contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar las formas de apoyo a la alimentación y la agricultura (que entre 2013 y 2018 fue de 630.000 millones de dólares) y destinarlos a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.
El informe SOFI sugiere que, si los gobiernos adaptasen los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirían de esta forma a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.
Posibles soluciones.
La FAO, a través de su director general Qu Dongyu, insiste que, en este cuadro tan complejo, agravado por la guerra y los factores climáticos, debe aumentarse la inversión en los países afectados por el aumento de los precios de los alimentos, en especial, apoyando la producción local de alimentos nutritivos. En la actualidad, tan solo el 8% de toda la financiación para la seguridad alimentaria en el marco de la ayuda a la emergencia se destina a respaldar la producción agrícola. Además, se deben mejorar los instrumentos de información para permitir un mejor análisis y toma de decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutrición, en particular, utilizando la Clasificación Integrada en Fases (CIF), que puede ser un factor fundamental para las respuestas mundiales al hambre.
Los especialistas sostienen que se deben fomentar las políticas encaminadas a aumentar la productividad, la eficiencia, la resiliencia y la inclusión de los sistemas agroalimentarios. Para ello, sería aconsejable una inversión financiera equivalente al 8% del volumen del mercado agroalimentario, y estas inversiones se deberían focalizar en la infraestructura de la cadena de valor, innovación, nuevas tecnologías e infraestructura digital inclusiva.
La reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos podría nutrir a 1.260 millones de personas más al año, e inclusive habría suficiente cantidad de frutas y hortalizas para todos. En paralelo, sería aconsejable velar por un uso mejor y más eficiente de los fertilizantes disponibles para una mejor adaptación a los sistemas agrícolas locales, manteniendo la transparencia de los mercados, utilizando instrumentos como el Sistema de Información sobre el Mercado Agrícola (SIMA, importante para fomentar la confianza en los mercados mundiales), buscando a su vez estabilizar los precios y preservando el sistema del comercio mundial abierto.
Las soluciones existen, debemos actuar antes de que sea demasiado tarde.
(*) Subdirector general de la FAO y designado representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, cargo que asumirá el próximo agosto.
