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Incapacidad, temor o corrupción. En nuestro concepto no existirían otros calificativos más adecuados para definir las razones por las cuales no se ha podido combatir en ningún aspecto la delincuencia arraigada irreversiblemente en el país, sin pensar que cualquiera de los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a pesar de sus intentos, con mensajes presidenciales, leyes con severas sanciones, razias, represiones adecuadas y controladas, y sentencias light e incoherentes, no lo han podido lograr hasta ahora.
Esta duda nos hace recordar de un hecho que fue publicado por el diario “El País” (16/10/2011), y que expresaba que: “Detienen a dos por acosar sexualmente a menores. Uno de ellos fue procesado, el otro quedó en libertad por falta de elementos para procesarlo”. Los dos casos son de similar gravedad; se trata de individuos, uno en el departamento de Maldonado, y el otro en el departamento de Florida, de 29 y 34 años, respectivamente, que se contactaban con niños por Facebook para realizarles propuestas de índole sexual. El caso concreto es que uno fue procesado y el otro no, ambos, como dijimos, de similares características. Lo único diferente fueron las sentencias de los jueces.
Nos preguntamos entonces: ¿se dispone seguimiento si “no hay elementos de prueba suficiente”, como argumentó uno de los profesionales responsables?
Otro hecho inexplicable en materia judicial, publicado por el Semanario Búsqueda (13/10/2011), en donde se informaba que “dos jueces obligaron a un hotel a pagar el despido a empleados que robaron mercadería, porque entendieron que eso no constituyó una notoria mala conducta”.
Ahora bien, hemos presentado a la prensa diversos comentarios, en base a hechos reales, que precisamente nos han preocupado profundamente, como a toda la población, fundamentalmente porque no podemos dejar de observar la notoria impotencia de las autoridades gubernamentales para intentar acabar de alguna manera con esta situación de inseguridad pública, al punto de temer salir de nuestras casas, sobre todo cuando el sol se oculta.
En una oportunidad, confieso, renació una esperanza en mí cuando me encontré con una publicación del diario “El País” (25/02/2016), que informaba que “jueces y fiscales critican mano blanda con menores”, y continuaba que en virtud de la gravedad de los actos delictivos que estaban cometiendo con total impunidad, “jueces y fiscales piden penas más duras para menores delincuentes”.
No seamos ilusos ni incrédulos, todo lo comentado precedentemente viene a cuento después de hacer escuchado al fiscal penal Dr. Gustavo Zubía, quien públicamente declaró (en “Esta boca es mía” 17/05/2016), lo que fue siempre nuestro concepto y el de mucha gente: que la falta de éxito al combate del delito radica, fundamentalmente, con algunas excepciones en el aspecto profesional, en no hacer cumplir el total de la sentencia que merezca el delito cometido, sin perjuicio de estudiarse a conciencia cada caso respecto a eventuales liberaciones anticipadas. Para ello, no hay duda de que la jurisprudencia de nuestro país debe darse cuenta de una buena vez de la responsabilidad que tiene irreversiblemente en sus manos, entre otros, nada menos que la vida de sus compatriotas, ante la perspectiva de liberarse indiscriminadamente a delincuentes, mayores y menores, de notoria peligrosidad y violencia, con el curioso precedente de tener la mayoría de ellos, no uno sino varios antecedentes penales, lo cual, en lo personal, nunca pude entenderlo, como le pasa a mucha gente que así se ha manifestado.
