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    Senado estudia control a empresas públicas en el Derecho Privado

    Un año y medio después de presentado, una comisión del Senado comenzó a analizar un proyecto de ley que busca el “fortalecimiento del control y la gestión” pública jerarquizando al Tribunal de Cuentas y extendiendo sus tareas a las empresas públicas que funcionan en el Derecho Privado. Desde la oposición se reclama “celeridad” en su aprobación y el oficialismo entiende que es “positivo” discutir sobre el tema, aunque dudan que lo puedan aprobar este año.

    El proyecto fue presentado en diciembre de 2012 por el senador Sergio Abreu (Partido Nacional) para fortalecer y extender el “control” del Tribunal de Cuentas sobre la hacienda pública. Además propuso fortalecer el control jurisdiccional a cargo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y del Poder Judicial.

    Abreu explicó en el proyecto que en los últimos años han “proliferado” las empresas públicas no estatales y sociedades anónimas de propiedad del Estado que no tienen control del Tribunal de Cuentas. Estimó que esas empresas manejan unos U$S 1.000 millones y en ellas trabajan alrededor de 1.000 personas. Por eso planteó que ese organismo controle su gestión.

    También propone un mecanismo para evitar la “industria de las reiteraciones” del gasto de los organismos cuando son observados por el Tribunal, un hecho habitual en la administración. “Se propone que cuando cualquier organismo reitere un gasto o pago observado por el Tribunal de Cuentas, deba aguardar 15 días antes de ejecutarlo, plazo dentro del cual el Tribunal de Cuentas deberá calificar el acto de reiteración en atención a sus fundamentos y a los eventuales apartamientos que el mismo contenga respecto al marco regulador de la gestión de la hacienda pública”, dice Abreu en la presentación de la iniciativa.

    Al discutirse el proyecto en la Comisión de Hacienda el jueves 31 de julio, Abreu dijo que si no se enfrentan estas cosas con “la debida celeridad” se “van a repetir cientos de problemas vinculados a reiteraciones del gasto o a sociedades (...) sin el control del Tribunal de Cuentas”.

    Desde el oficialismo, Héctor Tajam dijo que está de acuerdo con discutir el tema pero planteó tener en cuenta que “el Estado está en competencia con empresas privadas muy fuertes que se mueven con otro ritmo y otras disposiciones en áreas que son estratégicas”. “Además, el Estado debe considerarlas y, en muchos casos, la propia Constitución establece que el Estado debe cumplirlas. Para hacerlo de la mejor manera y no relegar derechos, debe tener un marco de actuación, que se ha ido complicando —por decirlo de alguna manera— con la infinidad de posibilidades que tiene la actividad privada en su gestión empresarial. Creo que ese es un tema que debemos incluir”.

    Su compañero de bancada Carlos Baraibar sostuvo que “es muy positivo” examinar ese tema pero admitió que, como está finalizando la legislatura —debido a las elecciones culmina el 15 de setiembre—, “es difícil” que el asunto sea tratado por el Plenario.

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