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El senador nacionalista Jorge Saravia presentará una ampliación de una denuncia que los sindicatos del juego realizaron en un juzgado de crimen organizado, porque sospecha que las máquinas tragamonedas clandestinas dispuestas en muchos barrios periféricos de Montevideo y el interior se utilizan para lavar dinero.
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Según cálculos que realizó Saravia a partir del testimonio de uno de los empresarios vinculados a esta actividad, las máquinas clandestinas generan unos U$S 170 millones de ganancia por año.
“¿Qué origen tiene y dónde va a parar ese dinero?”, se preguntó el legislador en diálogo con Búsqueda. “Perfectamente puede estar financiando el narcotráfico, la trata de personas, de armas y el crimen organizado en general, porque nadie lo controla”.
Saravia dijo que “no puede ser” que diversas actividades económicas y profesionales estén “estrictamente controladas” como sucede con los escribanos, la construcción o los casinos legalmente instalados, y a este fenómeno “nadie lo controle”.
“Después nos quejamos cuando aparecemos en determinadas listas negras. Hemos hecho mucho por mejorar y de hecho las evaluaciones de los organismos internacionales nos están dando bien, pero acá tenemos un gran agujero”, reflexionó.
“Donde hay juego clandestino todos sabemos que además hay prostitución, alcohol, drogas y todo eso vinculado a menores de edad en muchos casos”, añadió.
Financian campañas.
Saravia presentó un proyecto de ley para penalizar las máquinas tragamonedas clandestinas.
El primer artículo de ese proyecto de ley deja clara la filosofía que el legislador quiere imprimirle al tema: “Quien sin autorización legal o incumpliendo alguna condición de dicha autorización explotare juegos de azar, cualquiera fuera la magnitud del lucro inherente a esa actividad, será sancionado con una multa de 2.000 Unidades Reajustables o prisión o trabajos comunitarios equivalentes al monto de aquella”.
El proyecto considera agravante el hecho de que “el sujeto activo se valiere de menores de edad o incapaces en cualquiera de las actividades vinculadas al referido ilícito” o cuando “se constatare la participación de menores de edad o incapaces como apostadores”.
También se crea un registro de establecimientos infractores a los juegos de azar para que las autoridades puedan consultarlo a los efectos de saber si existen antecedentes. “Hay que cortar por lo sano, a mi juicio no hay que regular esta actividad sino directamente penalizarla”, explicó Saravia.
El senador nacionalista también realizó un pedido de informes al Ministerio de Economía para saber si esta actividad paga tributos, por qué no se controla y cuál es la política de esa secretaría de Estado vinculada al juego, entre otros aspectos.
“¿Qué acciones concretas desarrolló esa Dirección en la persecución del juego ilícito de máquinas de azar, desde las fechas 1/1/2012 al 31/7/2013?”, pregunta el legislador en su planteo.
Además solicita que se le entregue una copia del expediente número 472/2012, “en el cuál existió la intervención de la Intendencia Municipal de Maldonado, la Justicia competente y las reparticiones internas competentes de la Dirección General de Casinos del Estado, en un procedimiento para combatir ese flagelo”.
Saravia, quien se retiró del Espacio 609 por discrepancias con el partido de gobierno, recordó que la legislatura pasada el entonces presidente Tabaré Vázquez presentó un proyecto de ley para penalizar esta actividad, pero que fue “rechazado por los propios legisladores oficialistas”.
“No hay que olvidar que se dice que esta gente ha financiado muchas campañas”, reflexionó Saravia.
“Unos $ 2.000”.
Si bien Saravia hace años que está trabajando en este tema, recién en las últimas semanas accedió a un dato que a su juicio resulta “revelador” de la “magnitud” del tema y de la “trama” que existe detrás de los slots clandestinos.
Un empresario vinculado a esta actividad declaró en el Juzgado de Paz departamental de Maldonado, donde fue conducido por una falta, que obtiene unos 2.000 pesos diarios de ganancia por cada máquina de este tipo.
Según el expediente judicial en poder de Saravia, el empresario sostuvo que las máquinas las arma él mismo y que cada una le cuesta unos “U$S 500”.
Pero esa máquina le reporta una ganancia promedio de 2.000 pesos diarios. “Hago $ 2.000 o $ 3.000. A veces pierdo $ 1.000, pero al otro día los recupero”, sostuvo el empresario, de apellido González, que era copropietario de un local con 16 máquinas. En otros procedimientos realizados en Maldonado se encontraron 88 máquinas de este tipo.
Un informe interino de la Dirección General de Casinos en poder de Saravia indica que “88 máquinas de azar generarían un ingreso mensual a los gestores de la actividad de $ 550.000. Con el dólar cotizado a $ 19,20, resulta que los $ 550.000 equivalen a U$S 28.646 mensuales o U$S 343.752 anuales”.
“Queda claro que se trata de uno de los negocios más lucrativos del país”, sostuvo el legislador. “Se estima que hay unas 20.000 máquinas de este tipo en todo el país, por lo que la ganancia estimada de esta gente es de U$S 170 millones al año”.
“¿Qué hacen con esta plata? ¿La depositan en un banco? ¿Se les pregunta de dónde la obtuvieron?”, inquirió.
Saravia recordó que en Casinos tienen que tener un oficial y reportar todas aquellas actividades sospechosas de juego de más de U$S 3.000. Además señaló que el juego oficial “devuelve a la sociedad” parte de sus ganancias aportando a diversas instituciones benéficas. “En este otro caso —concluyó— nadie aporta nada y todo queda en manos de gente que se enriquece”.