N° 1857 - 03 al 09 de Marzo de 2016
Como si ya no tuviera bastante, a los cuestionamientos opositores —y por lo bajo de muchos frentistas, no solo de Esteban Valenti que lo ha hecho abiertamente— por los resultados de Ancap durante su Presidencia, la semana pasada Raúl Sendic sumó contradictorias declaraciones sobre el supuesto título universitario que habría obtenido en Cuba. ¿Es o no es licenciado en Genética Humana? ¿Se arrogó un título que no tiene y que aparentemente no existe en la Universidad de La Habana? Sus explicaciones, por lo contradictorias y ambiguas, aclaran poco. Más bien ensombrecen.
Pero además, de ser cierta esa licenciatura, que la semana pasada reconoció que no tiene (y que luego se desdijo para dar a entender que sí tiene), poco aporta a una carrera política construida a la sombra de un apellido mítico en un sector de la izquierda. Poco aporta a una carrera política si es que eso sigue estando en sus planes.
Como podía imaginarse, sus compañeros de Compromiso Frenteamplista, la nomenclatura del MPP y poco más del Frente Amplio se han solidarizado y cerrado filas con el vicepresidente a quien consideran víctima de la “derecha mediática” que quiere desacreditarlo como candidato de una izquierda que debe afrontar la renovación de su liderazgo. Respuesta inercial, de manual político, poco convincente. Que por otra parte no puede ocultar lo evidente: que la duda sobre su licenciatura tiene origen en alguien que conoce bien su historial en La Habana.
El resto del Frente Amplio espera por el título antes de dar un aval.
Pero no solo por el tema del título y del descalabro financiero de Ancap, en sectores de la militancia frentista cunde un sentimiento de vergüenza ajena. Sentimiento que se añade al desencanto y distanciamiento, que no solo en nuestro país, manifiestan hoy muchos ciudadanos respecto de los partidos y de la política.
Si se confirma que Sendic no es licenciado como se informó en la currícula que acompañó el pedido de venia al Senado para designarlo vicepresidente de Ancap, y como luce al pie de otros documentos oficiales, habrá que averiguar cómo se originó, de dónde salió ese título puesto en duda por el propio Sendic.
Ni siquiera sería un hecho demasiado novedoso. Durante el anterior gobierno, la Cancillería remitió al Parlamento al menos un pedido de venia acompañado de un currículo que atribuía al candidato una licenciatura de la que carecía. Pasó inadvertido.
Si eso es o no un delito (¿falsificación ideológica?) dependerá, como en tantos otros casos, de la “biblioteca” a la que recurra el opinante de turno. Pero no hay duda de que de todo este episodio —“anécdota” según el senador Mujica— no sale bien parado el vicepresidente. Como tampoco salió bien parado tras las revelaciones —y confirmaciones— que emergieron de la investigación de la Comisión del Senado sobre la gestión de Ancap.
Ahora bien, la controversia planteada en filas oficialistas a la hora de explicar las cuantiosas pérdidas y la descapitalización de Ancap puso de manifiesto una vez más las diferencias de criterio existentes en el Frente Amplio sobre los objetivos de las empresas públicas. Sobre sus inversiones y la rentabilidad y resultados esperados.
Se trata de un debate planteado entre quienes, siguiendo una cultura política forjada en el siglo pasado por las ideas del batllismo y del marxismo, defienden un rol activo del Estado en la economía y consideran a las empresas públicas “puntales del desarrollo y el crecimiento del país”.
Un debate inconcluso, siempre abierto a nuevas batallas en ámbitos partidarios dominados por la nomenclatura, porque una definición tajante sobre el punto llevaría a una ruptura del Frente Amplio. Extremo al que ni unos ni otros quieren llegar porque lo prioritario para todos es conservar el poder.
Mientras una corriente se muestra más pragmática y plantea, al menos teóricamente, una administración eficiente, la otra, más ideológica, desde una “visión moral” de la economía relativiza el “eficientismo” al enfatizar en el logro de “resultados sociales”.
Pero los pésimos resultados económicos registrados por Ancap en el período 2010-2015, sumados a otros resultados discretos o francamente negativos del sector público tras la década de prosperidad vivida, cuestionan el discurso estatista en sus dos versiones, cuya consecuencia ha sido cargar sobre el sector privado el peso del aumento de la burocracia estatal y del gasto público. Rigidez que la actividad privada tiene que sobrellevar, ahora en condiciones adversas, en un mundo globalizado, inestable y cada vez más competitivo.
En esa mezcla de inercia y gradualismo extremo que caracteriza —y paraliza— a la sociedad uruguaya y particularmente a la dirigencia política, hay ciertas “verdades inmutables” que nadie —o muy pocos— se animan a desafiar en el ámbito político. Quizás porque sigue pesando mucho esa cultura batllista-socialista. Quizás porque consideran “vigentes” pronunciamientos ciudadanos como la derogación de la “ley de empresas públicas” en 1992 y las batallas que, en su etapa opositora, impulsó el Frente Amplio contra las leyes de Ancap (derogada) y de Antel. Antecedentes que desalientan a quienes perciben, como lo hace el empresariado más moderno y dinámico, el vértigo de los cambios que imponen las nuevas tecnologías y el rezago que produce el inmovilismo.
El mundo en el que se concibieron y se gestaron nuestras empresas públicas no existe más. Es historia. Los fundamentos que les dieron origen y la “utilidad social” que se supone aportan son harto discutibles.
A propósito del “caso Ancap”, el ex ministro de Economía Ignacio de Posadas, un outsider político absoluto, reclamó (“El País”, 28/2/2016) una “verdadera discusión” sobre las empresas públicas que “por ideología o temores culturales dejamos de lado”.
Está claro, alegó, que “no se puede gestionar el patrimonio público industrial y comercial con mastodontes manejados por designados políticos (frecuentemente con agendas políticas o político-personales)”. Y se pregunta: “¿El país (…) precisa un Ancap? ¿Por qué? ¿Para qué? (…) ¿En qué beneficia a la sociedad (…)? ¿Contribuye a mejorar su nivel de vida? Si no existiera Ancap, ¿qué pasaría? ¿Acaso los pobres estarían peor si Ancap no existe?”.
De Posadas cree que “no hay diferencia estratégica entre importar crudo o importar refinado” y que “con Ancap tenemos el combustible más caro del mundo” y “de mala calidad”.
Y añadió: “tanto el suministro, como el precio y la calidad se pueden regular perfectamente desde el Estado, con muchos menores costos y distorsiones políticas”, ya que “una buena agencia regulatoria estatal se puede manejar con menos del 10% de los funcionarios que tiene el grupo Ancap, menos del 1% de su presupuesto y cero riesgo de que nos encaje un pufo como el que viene de ocurrir”.
“Digámoslo con franqueza: Ancap existe porque existe y porque en su existencia ha generado una cantidad de intereses creados, ajenos, cuando no contrarios al interés general, junto con fuertes rémoras ideológicas y culturales”. Por lo que propone deshacerse del ente de “la manera menos dañina posible”, para lo cual “desmonopolicemos, cambiemos el marco jurídico para el derecho privado, terminemos con los intentos satelitales que pretenden mejorar el problema de fondo (…) y busquemos la forma de compensar a los funcionarios por una vez, o por un plazo determinado y no por toda la vida (de ellos y nuestra)”.
¿Se animará el mundillo político a dar esta discusión serena, racional, sin cargas emocionales ni retórica vacía para la tribuna? Una discusión que nos ayude a insertarnos y vivir con posibilidades de prosperar en el mundo de hoy.
