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    Será “imposible” ir a juicio con todos los homicidios, dice el fiscal de Corte subrogante

    El fiscal de Corte subrogante, Juan Gómez, se sumó a las voces contrarias a la modificación legislativa que incluyó el Poder Ejecutivo en el artículo 145 de la Rendición de Cuentas, que pretende aumentar la pena mínima establecida para los homicidios de dos a cuatro años. Esto impediría que las personas acusadas puedan ser condenadas a través de acuerdos abreviados con la Fiscalía General de la Nación y deban, obligatoriamente, ir a juicio.

    Gómez dijo a Búsqueda que, de aprobarse el cambio, será “absolutamente imposible” de cumplir con los recursos actuales de la Fiscalía, porque “interfiere” en el funcionamiento del sistema, sin considerar la “conveniencia” del aumento de penas como forma de enfrentar la delincuencia.

    El fiscal se refirió a una falta de “análisis” de la “capacidad” de ir a juicio, porque la propuesta del gobierno “no guarda relación” con el número de casos, el de fiscales y el tiempo que implica llevar a esa instancia las investigaciones. “No se debe fomentar la impunidad”, afirmó.

    Para el fiscal Carlos Negro, quien es titular de la Fiscalía de Homicidios de 1er turno, “más allá del reiterado e ineficaz recurso de aumentar penas para solucionar problemas de seguridad pública”, la iniciativa del Ejecutivo de aumentar las penas para el homicidio simple provocaría “una de las consecuencias más terribles”, que “sería la imposibilidad de celebrar procesos abreviados”.

    A través de su cuenta de Twitter, indicó que los asesinatos son los delitos en los que existe mayor “resistencia” a declarar por parte de los testigos y que “hacerlos transitar un juicio —cuando se logran penas muy razonables en procesos abreviados— se traduce en ausencia de prueba”, por lo que ganaría “la amenaza, la violencia y la impunidad”.

    El fiscal de Corte subrogante propuso como alternativa que, en caso de que progrese la modificación legislativa que aumente las penas mínimas para asesinatos, vaya acompañada de “otras normativas” que habiliten procesos abreviados.